La inversión en obra pública en Castilla y León se sitúa al mismo nivel de hace 25 años

Pese a la mejoría económica, la licitación de obra oficial «sigue anclada en la región en cifras de hace 25 años», después de que 2017 se cerrase con un resultado de 717 millones licitados. En 1992 la inversión ascendió a 666 millones y dos años después ya era casi el doble (1.285 millones). Con altibajos fue creciendo hasta alcanzar un techo, en 2009, de 4.568 millnes. Dos ejercicios después caía a la mitad (2.229) y tocaba fondo el 2012, con 558 millones licitados. Los 717 millones del año pasado suponen el 3,6% más que en 2016.

La cámara espera que 2018 aporte una mejora significativa para favorecer la recuperación del sector en Castilla y León. Los contratistas se apoyan en el hecho de que la convocatoria de obras se ha incrementado el 148% en los tres primeros meses del año, hasta 275 millones de euros, frente a los 111 millones de 2017, fundamentalmente por el impulso de las obras del Ave y los proyectos de los ayuntamientos, con el aliciente de la entrada en vigor de la nueva ley de contratos del sector público.

Los datos estadísticos que publica la Cámara de Contratistas de Castilla y León se refieren solo a la obra oficial licitada por la fecha de apertura de las ofertas económicas, momento en el que las Administraciones Públicas están obligadas a resolver al respecto. «Hasta entonces, las administraciones pueden anular o modificar cualquier convocatoria efectuada, por lo que los datos obtenidos previamente a la apertura podrían no ser los definitivos», como de hecho suele suceder.

Las tres Administraciones, puntualizó el presidente de la Cámara de Contratistas, Enrique Pascual, anunciaron en conjunto más de 570 millones en el primer trimestre pero los concursos no se han abierto todavía, lo que ha provocado un parón en las últimas semanas.

El año pasado, la Administración autonómica licitó 243 millones de euros, lo que supone el 7% de descenso con respecto al año anterior. Del total licitado, la Junta adjudicó obra por valor de 186 millones, lo que implica un índice de cumplimiento del 33% frente a la cifra de licitación prevista, que era de 570 millones.

La Administración central licitó incluso menos, en concreto obras por un importe de 235 millones de euros, lo que arroja un descenso del 8% con respecto a 2016 y hace que la que depende del Gobierno sea, por primera vez en los últimos 30 años, la Administración con menos licitación de obra pública en la comunidad autónoma, lamentaron los contratistas. La adjudicación de la Administración central ascendió a 141 millones de euros, sobre una previsión inicial de 447 millones, lo que representa un grado de cumplimiento del 32%.

La licitación de las Administraciones locales (ayuntamientos y diputaciones de las nueve provincias) fue de 239 millones de euros, lo que supone un incremento del 37% con respecto a los datos del año anterior. Además, la Administración local es la que mayor grado de cumplimiento presenta, del 62 %, ya que adjudicó 165 millones de las obras licitadas. Su previsión era de 265 millones.

«Como viene sucediendo en ejercicios anteriores –explicaron los contratistas de obra pública de la comunidad–, el año 2017 presenta un escaso cumplimiento de las previsiones, ya que, solo se han adjudicado 492 millones de los 1.282 previstos, por lo tanto, el índice de cumplimiento en materia de obras públicas e infraestructuras es tan solo del 38%».

Por provincias sobresalen los datos de Salamanca, León y Valladolid: la primera de ellas, con 149 millones, representa el 21% de toda la licitación de la comunidad, mientras que León y Valladolid siguen ocupando los primeros puestos. Segovia y Ávila, por el contrario, poseen los peores datos de licitación del año.

Para este año las previsiones, filtradas de los anexos de inversiones reales de las Administraciones por la Cámara de Contratistas, son optimistas, ya que ascienden a 1.413 millones de euros y suponen el 9% más que las previsiones realizadas para el pasado 2017. Las empresas del sector esperan que el mayor volumen de licitación lo genere la Administración autonómica, con una previsión de 571 millones. La Consejería de Fomento y Medio Ambiente, con 229 millones, será previsiblemente la más inversora, seguida de la de Agricultura y Ganadería (214 millones), la de Economía y Hacienda (62) y la de Educación (33).

A la Junta le seguirá muy de cerca la Administración central, con una previsión inversora de 522 millones, la mayor parte (447) del Ministerio de Fomento. Agricultura aportará 55 millones.

Respecto a la Administración local, los contratistas prevén una licitación de 320 millones, lo que supondría continuar con el buen ritmo inversor de los últimos años. Las diputaciones destinarán a obras 121 millones y los ayuntamientos de las capitales, otros tantos.

Desde el punto de vista provincial, León, Salamanca y Burgos aspiran a albergar las obras más importantes, que supondrían el 50% de la inversión esperada para todo 2018, detallaron desde la cámara.

Con su habitual estilo directo y carente de pelos en la lengua, Enrique Pascual declaró a los periodistas en la conferencia de prensa que las administraciones «no hacen su trabajo» y en ocasiones tienen «mala previsión» o «venden humo». Con todo, frente a la «dejación de funciones» que a su juicio hacen la central y la autonómica, destacó la labor de las Administraciones locales, que han «salvado los trastos».

El presidente de la Cámara lamentó en particular que la Administración central se haya «lavado las manos y desaparecido», ya que anteriormente su peso suponía el 45% del total, frente al 33%del año pasado. Pascual, en declaraciones recogidas por Europa Press, reconoció que esto «molesta mucho» y reclamó a las administraciones que eviten anunciar obras que luego no se materializan, porque las empresas se tienen que organizar y hacer sus previsiones de puestos de trabajo. Con esta forma de actuar, señaló, se «daña» a la sociedad en su conjunto.

«Si no hubiera sido por el buen cumplimiento de la Administración local habría sido un auténtico desastre», puntualizó Pascual, quien recordó en antes «no era tan grave» el grado de incumplimiento de las administraciones, ya que en años como 2007 o 2009 se llegó al 65% y al 69% de cumplimiento, respectivamente. Es desde 2014 en adelante cuando la ejecución ha caído a un tercio de lo anunciado.

El presidente de la cámara censuró que los poderes públicos y las administraciones no se hayan acercado al sector para tratar de ver posibilidades de futuro y hayan «mirado para otro lado» mientras 77.000 personas iban al paro, de las cuales «se recuperarán muy poquitas».

Como ejemplo, Pascual explicó que el Gobierno de Castilla y León anunció «a bombo y platillo» en enero de 2016 un total de 525 millones de euros en la presente legislatura para mantenimiento y conservación de carreteras (algo que ya consideraban «escaso»). A la hora de la verdad, en 2016 solo se hicieron dos obras con carácter urgente por importe de 600.000 euros, mientras que en 2017 se destinaron a este plan 37 millones.

Pascual cifró la inversión mínima que necesitan las carreteras autonómicas de Castilla y León en mantenimiento y conservación en 160 millones anuales. El representante de las empresas contratistas echó en falta al jefe del Ejecutivo autonómico, Juan Vicente Herrera, «un presidente en retirada» y al consejero de Fomento, Juan Carlos Suárez-Quiñones, que aseguró es un hombre «educado y trabajador pero que no fomenta nada» por lo que estimó será debería encargarse de otra área diferente a la de infraestructuras y vivienda.