Nuevo gol de Draghi a Alemania

El abogado general de la UE Melchor Wathelet ha concluido que el histórico programa de compra de bonos soberanos en los mercados secundarios (PSPP por sus siglas en inglés) aprobado el 4 de marzo de 2015 por el Consejo de Gobierno del BCE se ajusta a la legalidad vigente. Desde entonces, se han adquirido más de 2 billones de activos, de los que unos 250.000 millones corresponden a bonos españoles.

La necesidad que la Eurozona tenía de esta medida era directamente proporcional a la indignación que causó en Alemania, como lo evidenciaron varios grupos de particulares interponiendo recursos de amparo ante el Bundesverfassungsgericht (Tribunal Constitucional Federal, Alemania) sobre esta decisión, sobre la participación del Deutsche Bundesbank (Banco Central Alemán) en la ejecución de estas decisiones, sobre su supuesta inactividad ante dichas decisiones o sobre la supuesta inactividad del Gobierno Federal y de la Cámara Baja del Parlamento Federal ante esta participación y las citadas decisiones.

'Grosso modo', alegan que el PSPP vulnera la prohibición de financiación monetaria de los Estados miembros, el principio de atribución de competencias y censuran que las decisiones relativas al PSPP vulneran el principio democrático consagrado en la Grundgesetz (Ley Fundamental alemana) y, por ende, «atentan contra la identidad constitucional alemana».

Ante esta tesitura, el Constitucional germano decidió hacer una pregunta prejudicial al TJUE que hoy ha comenzado a recibir una contestación. Ojo, lo que se ha conocido es el posicionamiento del abogado general, cuyo posicionamiento es obligatorio y suele ser tenido en cuenta en un 80% de los casos. Y lo que ha dicho Wathelet es que todo se hizo conforme a las reglas. Sí, esas reglas que tanto adoran los alemanes.

Respecto a la cuestión de si el programa en cuestión excede el mandato del BCE en atención a su volumen, la duración de su aplicación y las consecuencias que acarrea, el abogado general aclara que «el PSPP persigue un objetivo de política monetaria por medio de instrumentos que quedan comprendidos en el ámbito de esta misma política». A su juicio, «el BCE no ha cometido un error manifiesto de apreciación y tampoco ha incurrido en una desviación de poder ni ha rebasado manifiestamente los límites de su facultad de apreciación».