El Gobierno simplifica las reformas pactadas con Bruselas y renuncia a 60.000 millones en préstamos

El Ministerio de Economía ha confirmado que, entre otras, la adenda sustituye la futura Ley del Suelo -completamente paralizada en el Congreso ante el rechazo de la oposición y comprometida para la parte de préstamos de los fondos- por la reciente creación de la empresa estatal de vivienda (Casa 47), que ahora se encargará de movilizar y gestionar el parque de alquiler asequible. También se renuncia a aprobar en tiempo la ley de defensa del cliente financiero que, en todo caso, se seguirá tramitando en paralelo a los compromisos con Bruselas. No así, al menos de momento, el polémico impuesto al diésel, cuya promesa se mantiene a apenas dos meses de que se cumpla el plazo (31 de enero) para su implementación y sin visos de acuerdo entre los grupos parlamentarios.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el ministro de Economía Carlos Cuerpo, recordó que «la Comisión Europea ya solicitó el pasado junio que revisáramos nuestros planes para agilizar los procesos y maximizar la llegada de los fondos», ante unos plazos muy ajustados que fijan en el 31 de agosto el límite para los desembolsos. Con las modificaciones y menores cargas previstas ahora, el Ministerio de Economía aspira a desbloquear los 24.700 millones de euros de esas ayudas directas del plan de recuperación, del que ya se han percibido 55.000 millones de los 80.000 disponibles para España.

Los cambios se pueden llevar a cabo además porque el Ministerio renuncia a la mayor parte de las ayudas acordadas en formato de préstamos y que, en total, ascendían a 83.100 millones de euros. Cuerpo confirmó que finalmente solo se solicitarán unos 22.800 millones de euros. Es decir, el Estado renuncia a 60.000 millones de euros en créditos que, según explica el Ministerio, se podrán suplir con la propia financiación en el mercado nacional.

El Ministerio justifica esta decisión en la buena marcha de la economía española, que ha permitido que el país pueda financiarse en el mercado a un coste prácticamente similar al de la Comisión Europea, con una brecha que prácticamente ha desaparecido respecto a los 70 puntos básicos de diferencia que existían cuando se aprobó el plan en plena pandemia.

«En la deuda a 20 años, la diferencia de coste de financiación entre el Tesoro español y la Comisión europea está entre 3 y 4 puntos básicos, prácticamente cerrada», apuntó Cuerpo durante su intervención. «Los préstamos del plan de recuperación van a estar disponibles, pero con una red de seguridad nacional, no europea, porque podemos recurrir a financiación propia, con un coste equivalente, pero con menor carga administrativa y mayor flexibilidad», insistió.

Esta situación tiene mucho que ver con que el Gobierno haya presentado también este martes el avance de la estrategia de financiación del Tesoro, para demostrar su capacidad de financiarse sin necesidad derecurrir a la parte de créditos -no de ayudas directas- del Plan de Recuperación. En concreto, el Tesoro prevé unas necesidades de financiación nuevas de 55.000 millones para 2026, la misma cifra que en 2025, un ejercicio en el que se ha logrado mantener la vida media de la deuda en unos ocho años.

Esta versión del plan inicial llega tras unos meses en los que la división política ha acompañado de cerca al proceso final de los fondos Next Generation, cuyo plazo límite, sin posibilidad de prórroga, está previsto para el 31 de agosto de 2026. Con apenas ocho meses por delante, ya hace tiempo que resultaba evidente la imposibilidad de alcanzar todos los hitos y objetivos iniciales. Así que el Ejecutivo ha decidido reestructurarlos.

Ya el pasado julio, Bruselas bloqueó unos 1.126 millones de euros de un total de 25.000 millones del quinto desembolso del Plan de Recuperación, ante el incumplimiento de importantes hitos como la subida del impuesto al diésel, la digitalización de entidades regionales y locales; y algunos objetivos en materia de interinos de la administración pública.