El Gobierno quiere que la CNMC reduzca más el peso de la parte fija del recibo eléctrico

En concreto, el departamento dirigido por la ministra Teresa Ribera considera que la nueva fórmula de los peajes de la luz -la parte fija que se paga cada mes, independientemente del consumo- es «excesivamente compleja» para los hogares y que «no incentiva la eficiencia» de forma suficiente por «el excesivo peso de la parte fija que se propone». En concreto, Transición Ecológica calcula que el 90% de lo que le supongan esos peajes a un consumidor doméstico a partir de 2020 estará vinculado a la facturación por potencia contratada. Dejando de lado que otros conceptos tengan más peso en el recibo para fomentar un uso eficiente de la electricidad.

En el informe sobre las alegaciones presentadas a principios de mes frente a las circulares de la CNMC, el Ministerio considera que las propuestas del organismo «no proporcionan con la suficiente intensidad las señales de precios correctas» en un entorno como el actual marcado por la transición energética. De hecho, aboga por la posibilidad de «establecer un mecanismo de evaluación a mitad del periodo regulatorio» para analizar el impacto de todas esas medidas.

En su propuesta inicial, publicada en julio, Competencia calculaba cómo debe ser el reparto de la retribución que perciben las compañías por el transporte y la distribución: frente al 32% que ahora representan esos conceptos en el recibo, insta a aplicar una rebaja para el consumidor doméstico que alcanzará el 6,8% entre 2019 y 2025. Es decir, pasarán a tener un peso de aproximadamente el 25% del recibo en seis años. En el caso de las industrias, los peajes se reducirían un 13,4%, a propuesta de la Comisión.

Con estos cálculos, un recibo medio de la luz de un hogar se vería rebajado un 3% anual. Así, con una factura de 60 euros al mes, el ahorro sería de unos 1,8 euros mensuales, o unos 24 euros al año. En esa factura, los peajes representarían una cuarta parte del total, aunque es el Gobierno el que determina el resto de costes fijos (primas a las renovables, déficit, residuos nucleares, insularidad, etc.). Al reducirse los peajes, el consumo de luz pasaría a tener un peso algo mayor (actualmente representa más de un tercio del total), siempre que los impuestos se mantengan intactos (IVA del 21%; y el eléctrico del 5,1%).

Para el sector supondría un recorte en sus retribuciones del un recorte del 17,8% en los pagos regulados por la distribución de gas, y del 21,8% en el transporte durante los seis próximos ejercicios. De aplicarse, la medida supondría una reducción de unos 7.000 millones de euros cada año.

Sin embargo, Transición Ecológica también discrepa de la propuesta de la CNMC en el caso del gas porque las fórmulas de retribución «restan competitividad» a España frente a Francia, y aumentan a la vez el diferencial con respecto a la planta regasificadora de Portugal. De hecho, tacha de «dispar» la metodología de peajes de gas para la industria; en el caso de las grandes plantas, verán cómo se reduce su factura al disminuir el peso de los peajes; pero no sucederá lo mismo entre las industrias medianas y pequeñas, que verían incrementados sus costes energéticos con esta propuesta.

Al mismo tiempo, Transición Energética se muestra opuesta a que los peajes de gas que pagan los consumidores domésticos puedan reducirse hasta un 50%, según la circular de la CNCM, porque esta opción pondría en peligro la sostenibilidad financiera del sistema.

Ante este contexto de recortes para las empresas, algunas como Naturgy ha decidido suspender la actividad laboral de unos 300 empleados de su filial de distribución de gas (Nedgia) hasta que la CNMC defina cuál será el régimen de retribución del transporte y la distribución de gas y electricidad a partir del 1 de enero.