La edad de oro del «despilfarro»

Infraestructuras superfluas, fallidas o con sobrecostes han dilapidado hasta el 20% de la riqueza nacional, según un estudio de nueve universidades

Instalaciones del Aeropuerto de León./Nacho Barrio
Instalaciones del Aeropuerto de León. / Nacho Barrio
Ángel Blanco Escalona
ÁNGEL BLANCO ESCALONAVALLADOLID

«Una primera aproximación a la dimensión del despilfarro de recursos públicos en infraestructuras en España desde 1995 hasta la actualidad», así definen sus autores –nueve geógrafos de ocho universidades españolas– un estudio cuya lectura deja a uno sumido en un sentimiento entre la melancolía y la indignación. Un catálogo de obras faraónicas con las que políticos de todas las administraciones y de todos los partidos que han pasado por el poder en los últimos veinte años pretendían 'modernizar' España. Ahora no son sino ejemplos «de despilfarro y corrupción»;un rosario de «sobrecostes en infraestructuras innecesarias impulsadas y ejecutadas por la Administración General del Estado en el ámbito de sus competencias», por un lado y, por otro «proyectos, eventos e inversiones fallidas, vacías o infrautilizadas» promovidas en este caso por comunidades autónomas, diputaciones y ayuntamientos.

El trabajo advierte de que mientras «el despilfarro se asocia o se identifica en ocasiones con la corrupción», esta asociación «no siempre es acertada». Y aun así, aunque la dilapidación de recursos públicos sin latrocinio de por medio no se considera delito, la cuestión «merece atención por su dimensión (geo)política, económica, social, territorial y medioambiental». Más aún cuando el análisis se realiza tras haber caído en una doble recesión y haber sufrido una escabechina de recortes en servicios públicos esenciales a los que no son ajenos los excesos de antaño. El despilfarro, sostienen, «ha probablemente comprometido mayor volumen de recursos públicos que la corrupción política» y en determinados periodos, como el del 'boom' económico 1996-2007, «puede haber comprometido cantidades próximas al 20% del PIB». Un extraordinario volumen de recursos públicos que, de haberse utilizado de acuerdo con otros criterios, «hoy nos permitiría afrontar los grandes desafíos que nos aguardan mucho mejor equipados».

En Castilla y León, la Junta, diputaciones y ayuntamientos han promovido obras 'discutibles' por valor de 368,9 millones de euros

La estimación total calculada por los geógrafos de las universidades de Valencia, Complutense, Cantabria, La Laguna, Málaga, Alicante, Islas Baleares y Gerona asciende a 81.000 millones de euros «comprometidos de forma inadecuada en el periodo 1995-2016. Ahora bien, advierten de que esta es, a su juicio, inferior a las cantidades realmente malgastadas. «En primer lugar, porque solo se han seleccionado determinadas áreas; en segundo lugar, porque no se incluyen todos los proyectos fallidos e inútiles con presupuesto inferior a 10 millones de euros, y en tercer lugar, porque hay compromisos de gasto en actuaciones innecesarias o con sobrecostes elevados, ya acabadas, que suponen en torno a 20.000 millones adicionales en los próximos años».

El pozo por el que se han ido más millones es el de la alta velocidad ferroviaria. La lógica radial centro-periferia, señalan, ha marginado «el trascendental corredor Mediterráneo, relegado ante otros trayectos de dudosa o muy menor rentabilidad social y económica». Más allá de los casos de corrupción desvelados o desconocidos, los autores creen que existen «demasiadas estaciones millonarias, líneas cerradas, tramos abandonados a mitad, líneas innecesarias, sobrecostes desproporcionados y desfases bajo sospecha».

Destacan los sobrecostes producidos en los entornos de Zamora y de Orense, la compleja situación en Valladolid, «que igual que en otras ciudades, se confiaba en una operación inmobiliaria para financiar el soterramiento: resultando un desfase de 404 millones», o la última surgida en diciembre de 2016 por el proyecto de construcción de un apeadero en la pedanía zamorana de Otero de Sanabria, con 26 habitantes.

En el caso de la línea de Valladolid hacia el Norte, «los retrasos y los sobrecostes son muy importantes, igual que las polémicas». La línea hacia Asturias ya se encuentra en servicio hasta León –con polémica en torno a la ubicación de la estación y su funcionalidad–, recuerdan.

Sin embargo, el proyecto más controvertido es el túnel de Pajares, «en estos momentos con un sobrecoste de 1.890 millones, superior al 100% del presupuesto inicial, debido a los imprevistos geológicos» tras doce años de obras. En 2014 la Fiscalía de Asturias ordenó investigar el origen de estos sobrecostes y desde 2017 la Guardia Civil investiga tres empresas por supuestos sobornos.

«Todo tiene un tinte clientelar de mal uso de los recursos públicos y escaso respeto a los méritos»

El muestrario de errores/horrores enumera las autovías de alta capacidad con un presupuesto inicial superior a los 10 millones que han soportado elevados sobreprecios (en total suman casi seis mil millones), entre las que se encuentra la Logroño-Burgos, con un gasto de 200 millones.

Un análisis del Tribunal de Cuentas Europeo sobre utilización de las ayudas Feder dictaminó que «cada kilómetro de autovía española costó de media el doble que en Alemania y, al contemplar la legislación española modificaciones y ampliaciones del contrato por 'circunstancias imprevistas', las obras presentaban una media de sobrecoste del 20% o 30%».

Respecto a los aeropuertos, lamentan que no existan evaluaciones rigurosas sobre rentabilidad. «No las puede haber porque de haberse redactado muchos aeropuertos no existirían. La explicación es conocida: una decisión electoralista, por lo general acompañada de un estudio económico de encargo con cifras completamente irreales, que ha comprometido un volumen importante de recursos públicos sin rentabilidad alguna». En su relación de recursos comprometidos de forma inadecuada, demasiado caros o infrautilizados en la red de aeropuertos del Estado el informe cita los 44 millones de la nueva terminal del aeródromo de Burgos y los 80 millones de León.

Calculan los autores que las comunidades autónomas y los gobiernos locales han comprometido de forma inadecuada algo más de 35.000 millones entre 1995 y 2016, una cantidad que superará los 51.000 millones en los próximos años si se tienen en cuenta los compromisos ya adquiridos por distintos gobiernos.

«Hay remarcables diferencias entre comunidades autónomas», admiten, y Cataluña, Madrid, la Comunidad Valenciana, Aragón, Andalucía, Asturias y Castilla-La Mancha concentran más del 90% del total de los recursos públicos mal utilizados».

En Castilla y León, Junta y entes locales han promovido obras que el trabajo considera 'discutibles' por valor de 368,9 millones. En Soria, claro está, la fallida Ciudad del Medio Ambiente, 100 millones de euros. En León, el palacio de Congresos y Exposiciones, 39 millones; el Museo de Arte Contemporáneo, 37 millones; y el Puente de Maristas, 11 millones. En Burgos, el palacio de Congresos y Exposiciones, 75,2 millones. En Valladolid, el puente de Santa Teresa, 15 millones; la Cúpula del Milenio, 15 millones; y la insoslayable Meseta Ski, 12 millones. En Ávila, el palacio de Congresos y Exposiciones, 38 millones. En Zamora, el Teatro Ramos Carrión, 17 millones. Y en Palencia, el palacio de Congresos y Exposiciones, 9,7 millones.

En unos casos, los proyectos han sido abandonados o permanecen inconclusos tras cientos de millones de inversión. Desde líneas de tranvía insostenibles a proyectos singulares como la Ciudad del Medio Ambiente de Soria, la Ciudad de la Justicia de Madrid, o «extravagancias como la Ciudad del Circo en Alcorcón o la Meseta Ski de Tordesillas, pasando por aeropuertos regionales y centros culturales sin uso o inacabados».

A veces, los cambios de gobierno explican el abandono de algunos proyectos, puesto que los entrantes no quieren hacerse cargo de infraestructuras que consideran innecesarias o cuyos gastos de funcionamiento no pueden asumir. El resultado es un sinfín de «cajas vacías» (Sánchez Ferlosio 'dixit') a las que no hay manera de encontrar utilidad.

La conclusión la aporta el catedrático de Teoría Económica Carlos Sebastián: «Nuestro deficiente marco institucional es la principal causa del estancamiento de la productividad y de los otros déficit que lastran las posibilidades de convergencia con otros países». Yse debe a que las instituciones han sido «colonizadas» por los partidos mayoritarios, «no hay mecanismos compensatorios del ejercicio del poder» y todo tiene un «tinte marcadamente clientelar» que conduce a «una mala utilización de recursos públicos, ineficiencia, escaso respeto a los méritos y mala asignación del talento».

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