Condenada una operadora que incluyó a un abogado en un fichero de morosos

Un cliente compara móviles en una tienda./ENRIQUE
Un cliente compara móviles en una tienda. / ENRIQUE

El juzgado de Ciudad Rodrigo obliga a la compañía de teléfonos a abonarle 3.000 euros y excluirle de cualquier registro de deudores

Á. BLANCOVALLADOLID

Al solicitar una tarjeta de crédito, el banco se la negó y fue en ese momento cuando Jesús Ángel Lorenzo descubrió que su nombre aparecía en un registro de morosos por una supuesta deuda de 418 euros contraída con una compañía telefónica. Sin embargo la operadora no le había informado de que iba a ser incluido en el fichero, ni tampoco le dio detalles de la deuda. Ahora, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Ciudad Rodrigo (Salamanca) ha condenado a la compañía a resarcir con 3.000 euros a este abogado, que llevó su propia defensa en este procedimiento sobre derecho al honor, intimidad y propia imagen, por haberle inscrito de forma equivocada en el fichero de solvencia Badexcug.

Reclamación

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llamadas telefónicas recibió el demandante por parte de la empresa de recobro utilizada por la operadora, «mediante un sistema operativo a través de diversos números telefónicos con un sistema informático que de forma sucesiva hace saltar el expediente», pero sin hacer constar «el origen de la reclamación», sino solo «la cantidad que les manifiesta la compañía telefónica, sin justificación documental», censura la sentencia.

«Lo importante del caso es que a raíz del mismo nos hemos enterado de que compañías de teléfono, de alarmas, seguros, bancos, etc. están incluyendo a particulares en los registros de morosos como medio de presión para cobrar las deudas y eso es absolutamente ilícito», explica Lorenzo, quien recuerda que para ser incluido en un registro de morosos «es necesario que la deuda sea real y no haya controversia sobre la misma».

Además, antes de ser incluido en el citado registro de morosos, «se debe notificar de manera fehaciente (no vale por correo ordinario) que sus datos van a ser incluidos en el citado registro», añade Lorenzo, del despacho Aboga2, quien confirma que estas condiciones no se dieron en su pleito con la operadora, Vodafone, que ha sido condenada además a pagar las costas procesales.

El demandante alegó que la inclusión de sus datos en el fichero de solvencia «se llevó a cabo de forma incorrecta pues la deuda que motivó tal proceder no era ni líquida, ni vencida ni exigible, ya que la suma reclamada se correspondía a la indebida aplicación por parte de la compañía de una cláusula de permanencia extinta». Asimismo, la inclusión en el fichero declarando la insolvencia «se llevó a cabo sin un requerimiento previo y fehaciente al actor, quien, según ve acreditado el juez, «a la fecha de su incorporación gozaba de una solvencia económica notable».

Daños morales

El demandante reclamaba 10.000 euros por los «daños morales» ocasionados mientras que el magistrado ve acreditada «una intromisión ilegítima» en virtud de la cual entiende que la reclamación debe ser cuantificada en 3.000 euros.

El juez censura que en lugar de enviar un burofax con su correspondiente certificación de entrega, la operadora optase por poner en práctica algo que es «tan habitual como imprudente» y «que se realiza de forma indiscriminada ya no solo de la mercantil, sino de muchas otras análogas, en las que posiblemente ante posibles deudas de números clientes y evitando cuantiosos gastos proceden a través de terceras empresas a las que se les encomiendan tales funciones, pero vulnerando flagrantemente los requisitos legalmente exigidos».

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