Santander amaga con llevarse sedes fuera de España por el impuesto a la banca

José Antonio Álvarez Álvarez, CEO del Banco Santander./Mariscal (Efe)
José Antonio Álvarez Álvarez, CEO del Banco Santander. / Mariscal (Efe)

El consejero delegado cree que los tributos que prevé el Gobierno no son «juego limpio» y que afectará al empleo y tendrá efectos colaterales «contrarios a lo que se busca»

José María Camarero
JOSÉ MARÍA CAMAREROMadrid

El Banco Santander ha abierto un nuevo frente ante la intención del Gobierno de que los bancos paguen más impuestos para ayudar a la sostenibilidad del Estado del Bienestar. De la amenaza incial de las entidades con trasladar esos costes al cliente, el consejero delegado del Santander, José Antonio Álvarez, ha pasado a abrir la la puerta a que multinacionales como el banco puedan «repensarse su estructura legal» con el cambio de parte de sus centros fuera de España. En cualquier caso, ha aclarado que se trata de una cuestión «altamente especulativa» en estos momentos, al no estar claro cuál sería el gravamen que impondría Hacienda al sector. Lo que no ve es una «interrelación entre impuestos y comisiones», descartando esta posibilidad como impacto a futuro entre los ciudadano.

Álvarez ha querido insistir en que si, por ejemplo, se aplica un tributo por los resultados contables generados, «nuestros accionistas nos dirán que ese impuesto puede afectar a la morfología» del grupo, refiriéndose a la organización que tiene en estos momentos. Porque, a su juicio, supondría «una doble imposición» de lo que se paga en otros países, porque las filiales del grupo aportan 4.000 millones de euros en dividendo al año. Álvarez ha recordado que el centro corporativo del Santander se encuentra ubicado legalmente en España. «Si perdemos dinero aquí como consecuencia de tener ese centro en España, no deberían ponerse más impuestos», ha anticipado. Por ello, ha recomendado a Hacienda «reflexionar» sobre sus propuestas porque «pueden tener los efectos colaterales contrarios a los que se persiguen».

El ejecutivo del Santander considera que lo que quiere hacer el Gobierno no es «juego limpio» («'fair'», en inglés, ha comentado) porque «podría llevar a las multinacionales a no ser tan multinacionales». «Se trata de crear el mejor valor para nuestros accionistas». Por eso, «dependiendo de lo que se haga, tomaremos las decisiones que nos convengan», ha explicado Álvarez considera que con estos gravámenes nuevos las corporaciones españolas «estarían en desventajas» sobre las de otros países. En cualquier caso, ha comentado que la de los impuestos a la banca es aún una cuestión «muy prematura», pero también ha apuntado que lo que debería hacer el Gobierno es pensar en un modelo fiscal que prime «el crecimiento, el empleo y que no cree incertidumbre legal» en las empresas que los abonan.

En el plano meramente comercial, Santander ha aclarado el futuro a medio plazo por el que pasará su red comercial en España tras la adquisición del Popular. José Antonio Álvarez ha explicado que la integración jurídica de ambas entidades se realizará a la vuelta del verano «entre septiembre y octubre», como estaba previsto. Será, por tanto, «a partir de noviembre», según ha indicado el consejero delegado del grupo, cuando se inicie la integración «operacional», que supondrá la reestructuración del número de oficinas y de personal, en un plazo que culminará antes del verano de 2019. Ha recordado que, en el caso de la plantilla, negociarán con los sindicatos, y en el caso de la red se hará «un análisis detallado» de los posibles cierres «para no generar disfunciones».

 

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