La Autoridad Fiscal diseña una renta mínima para 1,8 millones de hogares pobres

Una persona pide dinero en la calle./Efe
Una persona pide dinero en la calle. / Efe

La AIReF concluye que la propuesta sindical reduce la pobreza solo un 27,7%, por lo que proponen otro método para llegar al 60% por la mitad de gasto público, unos 3.500 millones

Edurne Martínez
EDURNE MARTÍNEZMadrid

Los sindicatos UGT y CC OO presentaron en 2016 una Iniciativa Legislativa Popular en el Congreso –respaldada por 700.000 firmas– cuyo objetivo era establecer una renta básica (426 euros) para desempleados sin ingresos. Ahora la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha evaluado la propuesta y concluye que reduciría la tasa de pobreza extrema en España solo un 27,7% y tendría un coste anual muy elevado, de unos 11.000 millones de euros.

Y no se queda en la crítica, sino que propone otra fórmula con la que asegura llegar al 60,4% de reducción de la pobreza severa de forma mucho más eficaz, con un coste neto fiscal de 3.500 millones (5.500 millones de ahorro por la medida y otros 2.000 al suprimir duplicidades). Esta renta mínima sería compatible no solo con desempleados sino con trabajadores con muy bajos salarios «hasta un umbral en el que se haya alcanzado un salario suficiente», asegura la AIReF en un informe de 150 páginas al que ha tenido acceso este periódico.

La propuesta está diseñada estableciendo «tramos de renta por hogar para las familias pobres, pero focalizando la ayuda en la pobreza severa». También proponen evitar discontinuidades en la cuantía de la prestación, «alcanzando un equilibrio entre la equidad y la sencillez en el diseño», explican.

Así, la AIReF propone dos opciones pero en ambas se llegaría a 1,8 millones de hogares, 700.000 más que con el plan de los sindicatos, según las cuentas realizadas por el organismo. Esta gran diferencia en el número de beneficiarios se debe a la «falta de focalización en el objetivo principal por los requisitos para acceder a la prestación». Con la propuesta sindical calculan una reducción del 12,1% la tasa de pobreza y un 27,7% la pobreza severa, mientras que su plan supone bajar la extrema hasta en un 60,4%.

Vivir con 2.800 euros al año

En todos los casos la ayuda va destinada a familias con muy bajos ingresos. En la primera alternativa que propone la AIReF, la prestación se daría en dos tramos dependiendo si los ingresos del hogar están por debajo del 20% de la mediana de la renta o si están entre el 20% y el 60%. En el primer caso se recibirá una prestación del 80% del IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples), un índice de referencia para ayudas públicas. A ello hay que sumar un complemento por hijo a cargo (máximo de tres) de 1.200 euros, que será la ayuda que reciban los del otro grupo.

La segunda alternativa también propone dos tramos dependiendo de si los ingresos se encuentran por debajo del 30% de la mediana o si están entre el 30% y el 60%. En el primer caso, la ayuda sería gradual desde el 10% al 80% del IPREM, a lo que habría que sumar un complemento por hijo de 1.680 euros al año. En el segundo, la ayuda sería solo por hijos a cargo, con un importe de 1.200 euros por cada uno.

Según los últimos datos del INE, la renta mediana en 2017 se situó en 14.203 euros. Así, los hogares con ingresos por debajo del 20% son los que solo cuentan con 2.840 euros al año, los que están por debajo del 30% obtienen 4.260 euros y por debajo del 60%, 8.521 euros anuales.

Sube el déficit

Ambas propuestas suponen un coste de 5.500 millones de euros y mejorarían la calidad de vida de 1,8 millones de hogares, en comparación con el cálculo de los 1,1 millones de familias beneficiadas de la propuesta de los sindicatos y los 7.200 millones de coste. En total, 1.700 millones de diferencia más un ahorro de 2.000 millones «por la supresión de duplicidades» al actualizar las prestaciones existentes.

El plazo de aplicación adecuado serían los 3 años de forma gradual, lo que supondría una décima más de déficit anual, «cuya compensación con otras medidas resulta factible» y el pago lo haría la Seguridad Social, dice expresamente la AIReF, como una prestación no contributiva que podría ser gestionada mediante el principio de ventanilla única. Propone incluir además un perfil de los beneficiarios y su derivación hacia los servicios se políticas activas de empleo o de lucha contra la exclusión social que necesiten.