La DO Bierzo cierra en una legislatura el mayor proceso de modernización de su historia

Bierzo es la primera denominación de origen de Castilla y León en adaptarse tanto la legislación vigente de la Comisión Europea como el Decreto de Calidad Alimentaria de Castilla y León. El Consejo Regulador se erige, además, en entidad certificadora de la calidad de sus vinos, cuando hasta ahora sólo podía calificar. Tras la aprobación del nuevo reglamento por parte de la Junta, publicada hoy en el Boletín Oficial de Castilla y León, el Consejo Regulador cierra el mayor proceso de modernización estructural acometido desde que se aprobara en 1989 el primer y hasta ahora único reglamento. Un proceso que contemplaba la aprobación y puesta en marcha del actual Pliego de Condiciones, aprobado este año y que establece el uso de denominaciones geográficas menores y su etiquetado, la incorporación de nuevos vinos y variedades de uva, y diez nuevos municipios.

Misericordia Bello, su presidenta, ha mostrado su satisfacción por haber incorporado al Consejo Regulador tanto un nuevo pliego de condiciones como el nuevo reglamento en sólo una legislatura. «Ambas medidas sitúan a la Denominación de Origen Bierzo como una entidad moderna para poder acometer los próximos retos con éxito. El nuevo reglamento modifica y actualiza el único vigente hasta ahora, que databa de 1989, pero sobre todo representa un paso muy importante porque nos convertirá en entidad certificadora, tal y como exigía Bruselas».

Entre las novedades más significativas que incorpora el nuevo reglamento destaca, efectivamente, la acreditación de un «Área de Certificación» que convertirá al Consejo Regulador en entidad certificadora (hasta ahora sólo podía calificar) de acuerdo a lo exigido por la Comisión Europea.

También se contemplan medidas de autocontrol, de manera que los operadores deberán establecer un sistema documentado de verificación en cada una de las fases de producción, elaboración y distribución.

El nuevo Reglamento de la Denominación de Origen Bierzo, compuesto de 33 artículos divididos en seis capítulos, fue aprobado en julio de 2020 por la Junta Directiva del Consejo Regulador y trasladado para su posterior validación a la Junta de Castilla y León. Establece, entre otros aspectos, el alcance y la extensión de la protección aplicada a los vinos, en todas las fases, desde la producción hasta la comercialización, la presentación, el etiquetado, los documentos comerciales de los vinos amparados y el uso del logotipo.