La relación entre Iglesia y Estado centra el V Simposio Comunero en Villalar

Agustín Bermúdez Aznar, catedrático de Historia del Derecho. /
Agustín Bermúdez Aznar, catedrático de Historia del Derecho.

El Ayuntamiento anuncia un congreso extraordinario para 2017 por el quinto centenario del viaje de Carlos V a España

VICTORIA M. NIÑO

Villalar de los Comuneros acoge el VSimposio Internacional de Historia Comunera que se celebra bianualmente desde 2009. Sin embargo el alcalde anunció ayer, en la inauguración de éste centrado en el papel de la Iglesia y el Estado en la revuelta, que están trabajando en la celebración de uno extraordinario para 2017, año en el que se cumplen cinco siglos del desembarco del joven Carlos I de España entonces, posteriormente emperador, en su reino. Durante tres días 17 especialistas en distintos aspectos de la historia ponen en común sus últimas investigaciones relacionadas con la rebelión de 1521.

Juan Zapatero, director de la Fundación Villalar-Castilla y León, alentó a los expertos a «sacar a la luz la mayor parte de verdad posible desde una perspectiva multidisciplinar». Zapatero recordó que «normalmente la política, con el peso del tiempo, se convierte en historia, pero en el caso de Villalar, la historia se convierte en política. La historia está sujeta siempre a interpretaciones y es difícil llegar a la verdad, pero cuanto más cerca estemos de ella, mejor nos servirá para interpretar nuestro presente y proyectar el futuro de Castilla y León».

Concejos «poco originales»

La lección inaugural del simposio corrió a cargo de Agustín Bermúdez Aznar. El catedrático de Historia del Derecho de la Universidad de Alicante disertó sobre Las instituciones concejiles castellanas en la teoría y la práctica de la revuelta comunera. El profesor murciano participó en el I Simposio de Villalar, en 2009, cuando analizó la figura medieval del corregidor. En esta ocasión eligió el regimiento, la base de las instituciones locales castellanas. «Es un tema de importancia cardinal en la revuelta comunera», advertía quien mira la historia desde el devenir de las instituciones, desde su evolución jurídica. Bermúdez Aznar analizó primero «la praxis de la actuación comunera» para después «contrastarla con su teoría política». «Hay una transformación en el organigrama concejil a partir de la revuelta comunero. Primero hay que señalar el carácter urbano y, por tanto, en esa contienda el control de los resortes del poder local es imprescindible para lograr su objetivo. El régimen local pasa por el regimiento y sus regidores, que eran de designación real y vitalicia. Procedían del patriciado urbano y atendían a su interés personal. Es decir había un monopolio del gobierno local a cargo de la oligarquía. Los comuneros querían acabar con ella, cumpliendo con la representación social de la base, por eso pedían un regimiento más abierto, permeable y participativo».

Así plantea el choque entre realidad y aspiración de los levantados. Pero si el deseo estaba claro, no así las directrices para llevarlo a cabo. «Hay un desconcierto inicial que lleva a Jaén a intentar copiar el nuevo concejo comunero de Toledo. Palencia envía a un emisario a observar el de Salamanca. Quedó abierta la libre solución en cada caso, por eso el panorama es muy heterogéneo y dispar». Dentro de esa variedad, Bermúdez Aznar distingue dos soluciones: «la más radical era suprimir el regimiento y crear un nuevo órgano de gobierno, que fue una medida excepcional y minoritaria. Por ejemplo, en Murcia se sombra un capitán y doce síndicos, en Lorca se expulsa al regidor, en Segovia se crea un nuevo órgano llamado Consulta y en Ávila, la congregación. Dentro de esta solución, también hay una renovación por incomparecencia o por arresto del regidor». Pero la solución mayoritaria fue la moderada, «la de las ciudades que optan por mantener el regimiento como órgano local por la adhesión de buena parte de los regidores a la revuelta: Toledo, Zamora. Aveces se sustituyen algunos miembros. También los hay que buscan la fórmula de cambiar las atribuciones del concejo, como en Plasencia».

Estas medidas estaban encaminadas a acabar con el monopolio, a lograr la representación del común de pecheros, los que pagaban impuestos y carecían de privilegios. Esa fue la praxis, sin embargo la huella documental, el pensamiento que se plasmó «tiene un alcance desigual. Por ejemplo hay documentos locales importantes, como el Memorial de Jaén (1520), el Capítulo de la Ciudad de Burgos o las Instrucciones de Valladolid. En estas últimas se denuncia explícitamente la compraventa de oficios pese a que esta práctica detestable estaba prohibida por ley, se acusa el incremento de oficios (para comprar fidelidades) y el acostamiento (servicios de los regidores a la nobleza)». Hay documentos generales que inciden en «las funciones del regidor, el deber de ser natural y residir en la ciudad que gobiernan, la edad a la que se podía acceder tardía, a partir de los 30 años, se apunta la incompatibilidad de ser abogado y regidor a la vez, así como el espinoso tema del hospedaje a la corte». El historiador del Derecho concluyó que «fueron propuestas de corto alcance y poco originales. No hubo una alternativa real al regimiento así como tampoco plantearon profundas transformaciones en el mismo. Las denuncias de abusos en la persona del regidor son las mismas que en la Edad Media. Por todo ello, mantienen la bipolaridad entre la innovación y la tradición del comunero».