La renta mínima de la comunidad es 242 euros menor que la vasca, pero 30 mayor que la madrileña

Una persona busca comida en un contenedores de basura./HENAR SASTRE
Una persona busca comida en un contenedores de basura. / HENAR SASTRE

Funcas aprecia diferencias significativas entre las regiones y alerta de que los beneficiarios se han triplicado tras la crisis

Ángel Blanco Escalona
ÁNGEL BLANCO ESCALONA

Una comparación entre los programas autonómicos de ingresos mínimos creados para combatir la pobreza y la exclusión social permite extraer dos conclusiones claras: que existen diferencias significativas entre las regiones y que los beneficiarios se han triplicado tras la crisis. Castilla y León, donde el ingreso mínimo -la Renta Garantizada de Ciudadanía- es de 430,27 euros, cuenta con 15.502 perceptores directos y otros 21.141 dependientes de los titulares, lo que eleva el total de beneficiarios a 36.643.

El análisis del sistema de garantía de rentas mínimas español, realizado por Funcas revela que mientras en 2007 había en España 103.071 titulares de estas prestaciones, en 2017 la cifra se había triplicado, hasta los 313.291. A ellos hay que sumar los casi 466.000 dependientes de estos titulares, lo que acerca el número total de beneficiarios a 780.000, con un crecimiento muy desigual entre comunidades.

En este sentido, la fragmentación territorial de España, que se pone de manifiesto en cuestiones como la tributaria, se repite en este sistema, con 19 normativas (17 comunidades más Ceuta y Melilla) específicas y distintas, con prestaciones cuyo diseño y denominación también difiere. Más ofensivo para la igualdad de los españoles resulta la variedad de cuantías existentes. Mientras el importe mensual medio de las rentas mínimas en el conjunto del país ronda los 450 euros, las prestaciones oscilan entre los menos de 400 euros de la Comunidad Valenciana, hasta los casi 700 del País Vasco. Llama la atención el caso de Madrid, que tiene la segunda más baja con 400 euros.

Media de España

Además, los programas autonómicos presentan diferencias significativas en cuanto a los requisitos necesarios de acceso a la prestación, a la duración máxima de su percepción o a la compatibilidad con otras rentas. Los autores del informe destacan dos ejemplos extremos. Navarra, que posee una de las tasas de población en riesgo de pobreza más bajas de toda España, cuenta con una de las prestaciones de renta garantizada más generosas en cuantía y duración. Por el contrario, el importe y el periodo de cobro en Extremadura son menores, aunque la población en riesgo de pobreza alcanza un porcentaje mucho más alto.

Pobreza y empleo

En Castilla y León, al igual que en el resto de autonomías, la renta mínima está modulada en función de la unidad familiar. Los 430,27 euros de cuantía básica están destinados a un hogar unipersonal, mientras que una pareja sin hijos recibe 537,84; una pareja con dos menores ingresa 645,41 euros y un adulto con un menor, 537,84. La cantidad máxima que se puede percibir son 699,19 euros. Las más altas se abonan en Cataluña y Navarra, con 1.062 y 1.200 euros, respectivamente. La menor es la de la C. Valenciana (623,03).

La mayoría de estos programas persiguen dos objetivos: la reducción de la pobreza y la inserción laboral. El estudio sugiere que las rentas mínimas, donde llegan, son eficaces en la disminución de la pobreza, pero a la vez advierte de que al abonarse por no trabajar, también reducen los incentivos a buscar empleo y «la elevada rotación en la percepción de estas rentas coexiste con la cronificación de las prestaciones en hogares especialmente vulnerables y con escasa capacidad de inserción laboral».