Puigdemont y Rubiales, al pleno que abre el curso en Castilla y León
Las Cortes autonómicas retoman las sesiones con iniciativas de PP y PSOE sobre la financiación que el Gobierno reparte entre las comunidades y sobre igualdad y planes antiacoso en el deporte
Vuelven los 81 procuradores autonómico al hemiciclo de las Cortes de Castilla y León la tarde de este miércoles con prolongación a la mañana del ... jueves y lo hacen con un orden del día en el que se cuelan Luis Rubiales y Carles Puigdemont. El expresidente catalán huido a Bruselas para evitar responder judicialmente por el referéndum ilegal y la declaración unilateral de independencia de Cataluña del octubre de 2017 resurge políticamente al ser necesarios los diputados de su partido (Junts per Catalunya) en una futura investidura de Pedro Sánchez y el PP reactiva en Castilla y León una iniciativa para oponerse a «cualquier acuerdo entre partidos o grupos parlamentarios que suponga una quiebra de los principios constitucionales de igualdad y solidaridad entre españoles con independencia del territorio en el que residan».
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La factura de la gobernabilidad
La bancada que preside Alfonso Fernández Mañueco centra la iniciativa en el marco de «las negociaciones para la investidura del presidente del Gobierno» que pueden afectar a la «financiación autonómica» por cesiones bilaterales a comunidades cuyos diputados son imprescindibles en la suma de apoyos que requiere Pedro Sánchez, caso de Cataluña. Los populares quieren ver si el PSOE de Castilla y León permanece en la 'foto' de anteriores pactos de comunidad que en 2016, 2018 y 2020 dibujaron un frente común para negociar los criterios de reforma del sistema por el que el Gobierno reparte la financiación entre todas las comunidades autonómicas salvo el País Vasco y Navarra, que tienen un régimen foral especial.
Al hemiciclo llega también la polémica que ha firmado Luis Rubiales, presidente suspendido de la Real Federación Española de Fútbol, por su comportamiento durante la final del mundial femenino, tocándose los genitales y besando a la jugadora Jenny Hermoso, con acusaciones «machista de manual» a Alfonso Fernández Mañueco por un silencio que compararon con la actitud del popular hacia el que fuera procurador del PP y alcalde de Ponferrada, Ismael Álvarez, cuando estalló el caso por el acoso sexual a la concejala Nevenka Fernández. El Grupo Socialista insta a la Junta a «elaborar de forma inmediata un Protocolo de Prevención del Acoso Sexual en el Deporte» y a «adoptar las medidas necesarias que garanticen la eliminación de la brecha salarial en el deporte», entre otras cuestiones como que el acceso a las subvenciones deportivas de la Junta incluya «expresamente» el compromiso de cumplimiento de un código de buen gobierno y ese protocolo de prevención de acoso sexual por parte de las entidades deportivas.
Violencia de género, alquiler y exclusión financiera
Antes de llegar a esas dos proposiciones, el presidente Fernández Mañueco, el vicepresidente Juan García-Gallardo y los consejeros de la Junta afrontarán las primeras preguntas de control a su gestión tras el verano. El dirigente de Vox responderá a una cuestión en la que el PSOE le plantea si considera que «luchar contra la violencia de género es una anomalía en el mundo civilizado». Lo hace tras los últimos asesinatos de mujeres, entre ellos el ocurrido la semana pasada en Béjar, y dentro de un listado de preguntas entre las que destaca una al consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio por la demora en la tramitación de las ayudas de alquiler, con la convocatoria que subvenciona el periodo de enero a diciembre de 2022 aún sin resolver.
El grupo que conforman los seis procuradores de UPL y de Soria ¡Ya!, presenta una iniciativa para que el Gobierno autonómico elabore un plan para la conservación y fomento de servicios financieros en el medio rural de la comunidad, establecezca una línea de incentivos para mantener o reabrir oficinas bancarias y cajeros en el medio rural e impulse las «reformas normativas y legislativas necesarias que permitan fijar penalizaciones a entidades bancarias cuando planteen posibles cierres» en pueblos y cabeceras de comarca
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