Una nueva sentencia tumba el catálogo de puestos de la Junta
El Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas recurrió ante el TSJ por la reducción de sus plazas y «la puerta abierta al intrusismo»
La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha vuelto a tumbar el catálogo de puestos tipo de funcionarios de la Junta (el de 2017 y el que lo sustituyó en 2019) y la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de la Junta, instrumento clave para reorganizar la plantilla que afecta a más de 15.000 empleados públicos de los 87.000 que dependen de la Administración autonómica. El fallo es el cuarto contra el primer catálogo y, al menos el segundo, contra el que aprobó laJunta en marzo de 2019 por decreto e idéntico en contenido al anterior. Da la razón al Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas (Citop), que el 5 de septiembre de 2019 decidió recurrir los acuerdos, decretos y resoluciones emitidos por la Junta durante la tramitación de esa RPT y que, a su juicio, perjudicaban a su colectivo profesional, con 1.250 colegiados.
Otros colectivos como los técnicos de seguridad e higiene, los letrados de la Administración y el sindicato CGT ya la habían impugnado con anterioridad el catálogo sobre el que se construyó la RPT, que consideran «obsoleta», y sus recursos fueron estimados por el tribunal.
La Junta decidió mantener su posición, a pesar de que la Sala anuló el catálogo de puestos tipo de personal funcionario de la Junta aprobado el 31 de agosto de 2017 y sobre el que rediseñó la RPT que se usó en el concurso de traslados y las plazas de la oferta de empleo de 2018. Ahora, el nuevo fallo del TSJ corona un trabajo de tres años por parte de la asesoría jurídica del Colegio, explicó el decano, Óscar Sánchez Morán, quien incidió en que si la Junta, después de esta sentencia, «no escucha a los profesionales, seguiremos batallando».
«No está justificado»
Los ingenieros recurrieron, explicó, porque se «reducían drásticamente» los puestos destinados a estos profesionales en la Junta, 75, para dejarlos en 33 lo que, según indica el Tribunal Superior de Justicia, «no está suficientemente justificado». Además de aminorar el número de plazas de ingenieros técnicos de obras públicas e ingenieros civiles (titulación del Plan Bolonia), subraya Sánchez, «deja la puerta abierta al intrusismo, porque pueden opositar a las pocas que quedan licenciados de otras profesiones «similares» a la nuestra.
Sostiene que, a la vista de las sucesivas sentencias, «se demuestra que quienes han diseñado la RPT desconocen totalmente la realidad de estas profesiones», sin valorar las consecuencias para la Administración de Castilla y León de reducir un cuerpo técnico a la mitad. En este caso, integrado por unos profesionales «polivalentes» que intervienen de manera clave en los proyectos de infraestructuras, desde las carreteras hasta los depósitos de agua, «pasando por el medio ambiente», señala el decano del Colegio.
Con esta sentencia considera que se entierra un proceso «opaco, parcial y carente de justificación en su planteamiento, que ha perjudicado a decenas de profesionales con más de 20 años de experiencia en la Administración regional».
