Milagros Marcos sobre la sentencia que anula el concurso de la Junta: «Prejuzga lo que no está, da que pensar»

Milagros Marcos./Ical
Milagros Marcos. / Ical

Tudanca acusa al Gobierno de Herrera de mentir a los funcionarios y UGT y CSIF califican de «chapuza» y «pésima» la gestión de la Junta, mientra el PP plantea en las Cortes un aumento salarial para los docente con más antigüedad

Susana Escribano
SUSANA ESCRIBANO

La portavoz de la Junta, Milagros Marcos, ha calificado de «sorprendente» la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Valladolid que anula el concurso de traslados convocado por la Junta en noviembre y que se suma a las cuatro sentencias del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León que anularon el catálogo de puestos tipo de funcionarios y otras tres que suspendían de manera cautelar y parcial, para plazas de letrado y sanitarios, ese concurso. Marcos aseguró sobre el magistrado que redacta la sentencia que en ese fallo «se juzga lo que hay y se prejuzga lo que no está. Da que pensar».

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La consejera portavoz hizo esa valoración tras asegurar que la Junta «acata» la sentencia que da la razón a la Asociación de Letrados Autonómicos (de la propia Junta) y anula un concurso de traslados para 5.800 plazas y al que han concurrido alrededor de 6.000 funcionarios y que el vicepresidente y consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez López, convocará a los representantes de los trabajadores el próximo martes para avanzar en la aprobación de las nuevas relaciones de puestos de trabajo, paso necesario para convocar de nuevo el concurso.

La sentencia es contundente en sus argumentos sobre el proceder inadecuado de la Junta en el asunto enjuiciado. Eso que «no está» a lo que se ha referido la consejera portavoz es la valoración que el magistrado Francisco Javier Zaratain y Valdemoro incluye sobre el reciente decreto (8 de marzo) por el que el Gobierno de Juan Vicente Herrera ha aprobado recientemente de nuevo el catálogo de puestos de funcionarios sin apenas variación de contenido sobre el anulado.

El magistrado explica que el decreto no tiene carácter retroactivo y puntualiza desde un punto de vista «dialéctico» que «siendo una de las causas de anulación del anterior catálogo que la decisión de la creación de los distintos puestos tipo no estaba justificada documentalmente, que no existieron estudios preparatorios ni informes, los mismos hayan podido ser elaborados con tal escaso margen de tiempo, y menos aún, haberlo sido hecho de un modo sosegado y, además, valorado, dos meses y medio despues». Prosigue el jurista con incidiendo en el argumento de «que debiendo ser esos estudios preparatorios o informes los que precedan y justifiquen la decisión última de catalogación, y no existiendo estos, el resultado haya sido, respecto de los 697 tipos de puestos, asombrosamente coincidente con los creados en el catálogo anulado».

La sentencia conocida ayer miércoles ha provocado una cascada de reacciones. El secretario general del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, ha lamentado el engaño al que la Junta ha sometido «a los empleados públicos» al enrocarse en que las sentencias precedentes no afectaban al concurso de traslados. «Las cosas se pueden y se van a hacer de otra manera», remarcó el candidato socialista a la Junta de Castilla y León, en referencia a sus aspiraciones a gobernar Castilla y León.

También desde CSIF y UGT han analizado la situación en la que están los funcionarios autonómicos. Estos dos sindicatos apoyaron el catálogo de septiembre de 2017 anulado en diciembre y enero (cuatro sentencias) por el TSJ. Desde CSIF lamentaron el «nuevo varapalo» que supone para la Función Pública la anulación del catálogo y han arremetido con la «huida hacia adelante» que supone que la Junta haya aprobado uno nuevo, similar, con un decreto. «No servirá de nada», vaticinan, al tiempo que señalan que «la prepotencia lleva al desastre».

Los dirigentes de UGT apuntan que la anulación del concurso de traslados es el «triste colofón a la pésima gestión de personal» del gobierno de Juan Vicente Herrera e incluyen en su crítica un reproche velado hacia la Asociación de Letrados, que en este caso recurrió el concurso por entender que lesionaba sus derechos profesionales, algo que les reconoce el juez. «Por cierto, letrados que deberían haber sido los garantes de que las normas negociadas no fuesen anuladas en las vías jurisdiccionales correspondientes», apuntan desde UGT.

El asunto del concurso de traslados ha coincidido en el tiempo con el anuncio del portavoz del PP en las Cortes, Raúl de la Hoz, de una iniciativa para que la Junta plantee un aumento salarial a los docentes con más de dos sexenios reconocidos, que no van a lograr ninguna ventaja retributiva con la proposición de ley que regula la carrera profesional de los funcionarios.