Mazón, Moreno y Mañueco: tres estrategias anticrisis con diferencias

Las tres 'M', (Carlos) Mazón, (Juanma) Moreno y (Alfonso Fernández) Mañueco, se han enfrentado a una dana con 229 víctimas mortales, a una crisis sanitaria con 2.000 mujeres afectadas y a unos incendios que han arrasado 141.000 hectáreas y han causado cuatro muertos. En apenas un año. Desde el 29 de octubre de 2024, cuando se produjo la gran inundación en el alfoz de Valencia, hasta este mes de octubre, cuando ha estallado el caso de las mamografías en Andalucía.

Las estrategias de los tres líderes del PP cuentan con algunos puntos comunes y con matices relevantes que tienen que ver, además, con el momento político, electoralmente hablando.

La catástrofe, el error, el hecho desgraciado que desencadena la crisis, es pasado desde el mismo momento en que el presidente del territorio aparece y pasa a la siguiente pantalla: la reconstrucción. Es un movimiento casi inmediato. Carlos Mazón tardó dos días en aparecer y comprometer «un primer paquete de ayudas de 250 millones de euros» que serían ampliables y compatibles con cualquier otra subvención de otra administración. Un mes después nombró incluso a un vicepresidente para la Reconstrucción, el militar Francisco Gan Pampols. Y el 19 de diciembre de 2024 anunció otros 250 millones de euros para aportar 2.500 euros a cada afectado que hubiera perdido su coche. Su cálculo entonces era que se habían movilizado 1.050 millones de euros. Pero la presión popular por la dana y por su actuación no ha amainado aún, así que las ayudas tampoco. El pasado día 15 la Comunitat Valenciana aprobó otros cuatro decretos que sumaban 108 millones en ayudas a los afectados por la dana. 500 euros por niño, directos, sin apenas tramitación y acumulables a otras becas y ayudas, para los escolares. A los universitarios con residencia en los municipios afectados, hasta 600 euros. A familias que acogieron a menores en aquellas semanas, 600 euros por menor. Y para familias numerosas, monoparentales o vulnerables con hijos.

Juanma Moreno Bonilla tardó unos días más en organizar la respuesta. Especialmente porque el caso, destapado el día 29 de septiembre, fue 'in crescendo' hasta que se supo que lo que parecían «tres casos puntuales», como dijo la consejera de Salud, Rocío Hernández, eran dos mil mujeres. El día 8 de octubre, el presidente andaluz anunció «un plan de choque con 12 millones de euros de presupuesto» y que incluía la contratación de 119 profesionales para hacer las pruebas pendientes antes del 30 de noviembre.

Alfonso Fernández Mañueco también actuó con celeridad. Los fuegos se desbocaron, especialmente en León, el fin de semana del 8 al 10 de agosto. El día 13, el presidente de la Junta anunció el «plan de ayudas integral por los incendios». El 29 de agosto, con un curso político que adelantó su inicio por la emergencia, la Junta de Castilla y León comunicó que había empezado a abonar las primeras ayudas y convocó nuevas líneas para agricultores y ganaderos, familias desalojadas por el fuego, autónomos y pymes o desescombros de viviendas afectadas.

Las ruedas de prensa del Consejo de Gobierno han servido para que la Junta hiciera un seguimiento casi minuto a minuto de los fondos ya entregados y del número de beneficiarios, además de presentar más líneas de ayuda o modificaciones de las existentes.

Mañueco, Moreno y Mazón, como presidentes de las comunidades autónomas, son los últimos responsables de lo que ocurra en sus territorios. Por debajo de ellos, sin embargo, hay una cohorte de consejeros responsables de determinadas áreas, que conforman el primer nivel de responsabilidad en caso de crisis.

Carlos Mazón tardó 22 días en destituir a su consejera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, que era la que tenía a su cargo el dispositivo de emergencias.

Más contundente ha sido la actuación de Juanma Moreno Bonilla. Aunque ha permitido una salida digna a su ex consejera de Salud, al asegurar en una comparecencia sin preguntas que había «aceptado su dimisión», parece evidente que el presidente andaluz forzó esa salida después de la presión popular por el caso del cribado de cáncer de mama. De hecho, la propia ex consejera, Rocío Hernández, se había mostrado reacia a dimitir y Moreno Bonilla había llegado a defender su continuidad apenas unos días antes, cuando aún no se conocía el alcance del caso. «La consejería no está para cambios y sí para trabajar con más ahínco y determinación», había dicho el 1 de octubre el presidente andaluz.

En el caso de Alfonso Fernández Mañueco, no ha habido coste político en el caso de los incendios. El presidente de la Junta mantuvo apartado y en silencio a su consejero, Juan Carlos Suárez-Quiñones, durante 28 días. Después de comparecer él mismo en las Cortes, en el primer Pleno ordinario de septiembre tuvo que responder a la pregunta directa de Francisco Igea: «Señor presidente, para que nos entienda la gente, ¿apoya usted al consejero Suárez-Quiñones?». «Sí, lo apoyo», fue su respuesta.

Que Suárez-Quiñones se sostenga, cuando sus homólogas en las crisis valenciana y andaluza han caído, tiene que ver también con el momento. Antes del verano, Mañueco lo designó presidente de la junta gestora del PP leonés, tras la salida de la diputada Ester Muñoz. Era un movimiento con vistas a las elecciones, que se convocarán en el mes de enero para que se vote en Castilla y León el 15 de marzo. Dimitir como consejero llevaría aparejada otra nueva crisis en el PP de León, donde además los incendios del verano van a jugar un papel en campaña muy relevante, lo que sitúa a los populares en un escenario complejo.

Y es que el ciclo electoral lo complica todo. Castilla y León lo iniciará, pero enseguida le tocará el turno a Andalucía. Será, parece, en primavera de 2026, aunque Moreno Bonilla tiene margen para llegar al otoño. Por eso su reacción con la consejera de Salud ha sido fulminante y de ahí su empeño en reforzar ya el sistema de mamografías para cortar la crisis cuanto antes.

Carlos Mazón, mientras, ha jugado la baza del largo plazo. A la Comunitat Valenciana no le toca ir a las urnas hasta mayo de 2027, con las municipales y, quizá, con las generales (que serían en julio de 2027). De ahí que el presidente valenciano insista con la reconstrucción mientras se mantiene la batalla judicial para depurar las responsabilidades de cada cual en la catástrofe. La Generalitat, la Delegación del Gobierno, la Confederación Hidrográfica del Júcar y la Agencia Estatal de Meteorología llevan un año ofreciendo sus respectivas versiones sobre lo ocurrido aquel 29 de octubre.