La Junta no recurrirá ante el Supremo la sentencia que anula el catálogo de puestos de trabajo

La Junta de Castilla y León no recurrirá ante el Tribunal Supremo (TS) la sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) que anula el catálogo de puestos de trabajo de 2019 del personal funcionario de Castilla y León, según anunció hoy lunes en Burgos el consejero de la Presidencia, Ángel Ibáñez, antes de participar en la entrega de distinciones a los empleados públicos de la Administración regional en la Delegación Territorial de Burgos.

En este sentido, Ibáñez manifestó que el pasado jueves se conoció la citada sentencia que afectaba, precisó, «al catálogo de puestos tipos» que se aprobó por parte de la Junta Castilla y León en marzo de este año y en ese sentido, anunció que «después de leer la sentencia», la Junta ha decidido «no recurrir» esta sentencia.

La sentencia estima el recurso de la Unión Sindical de Castilla y León (USCAL) por considerar que la aprobación el pasado mes de marzo del catálogo, a través de un decreto, que sirve como instrumento de clasificación y ordenación de los puestos de trabajo del personal funcionario de la Administración de la Comunidad, vulneró el procedimiento legalmente establecido.

El consejero dijo que «se va a estar especialmente atentos a los argumentos que han puesto de manifiesto los tribunales» y que «desde este mismo momento se va a iniciar un nuevo marco de diálogo para tratar de consensuar con las organizaciones sindicales nuevos instrumentos en relación con lo que tiene que ver con el catálogo de puestos tipo con las relaciones de puestos de trabajo» con el objetivo de que «desde el diálogo y el consenso» se puedan «mejorar» estos instrumentos y puedan estar al servicio de la función pública en Castilla y León.

El responsable regional indicó que «se va a hacer un esfuerzo de aproximar las tesis de la Junta Castilla y León a lo que nos han marcado los tribunales» y declaró: «Seguir el camino que nos han indicado también quiere decir que esta cuestión, que evidentemente afecta a lo que era un instrumento básico como son las relaciones de puestos de trabajo, está también hablando de que la Junta de Castilla y León hace escasas semanas cuando tuvo que aprobar el concurso abierto y permanente de funcionarios, lo hiciera de modo aplazado esperando alguna resolución judicial».

«Yo creo que esa prudencia y ese principio de seguridad jurídica que ya aplicamos entonces ha demostrado que fue la mejor solución posible, de tal modo que ahora mismo 2.700 personas que habían obtenido su plaza en ese concurso abierto y permanente lo dejamos aplazado hasta resolver sentencias», valoró, y se felicitó por que «menos mal que no se tomó la decisión de mover esas personas porque si no estaríamos en un auténtico lío, tanto ellos como la propia Administración autonómica».

Por otro lado, el consejero de la Presidencia subrayó que la función pública en Castilla y León «no se detiene solo en estas cuestiones» y resaltó que se está trabajando «intensamente», de la mano de las organizaciones sindicales en lo que será la Oferta de Empleo Público de 2019, que según adelantó, se va a aprobar «de modo inminente».

Asimismo, apuntó que se está trabajando también en el desarrollo de la Ley de Carrera Profesional para poner en valor el trabajo de los empleados públicos, así como en el desarrollo del nuevo convenio colectivo en el Plan de Igualdad de los empleados de la Junta de Castilla y León. En este sentido, también quiso anunciar que «esta misma semana se estará ya desarrollando nuevas convocatorias de empleo público».

Concretamente, aseguró, serán más de 650 las plazas que se convocarán en Castilla y León para desarrollar actividades de personal laboral en el ámbito de los servicios sociales, la enfermería, la educación infantil, plazas de residencias y puestos para cocineros. Del total de 650 plazas, más de 150 se convocarán para la provincia de Burgos, matizó, por lo que valoró «una dinámica que se pretende que vaya avanzando en los próximos años» y que, barajó un calendario que permitirá «antes del año 2022 convocar hasta 80 procesos selectivos correspondientes a las distintas ofertas de empleo público que están pendientes». «Ir renovando nuestra plantilla e ir incorporando nuevos empleados públicos para prestar los mejores servicios posibles a nuestros paisanos en Castilla y León», concluyó Ibáñez.

El consejero de la Presidencia y el delegado territorial, Roberto Sáiz, entregaron distinciones a los empleados públicos de la Junta en Burgos. En este contexto, recordó que son más de 86.000 los empleados públicos que trabajan en la Comunidad y precisó que de ellos, más de 11.000 lo hacen en la provincia de Burgos.

«Hablamos de personal funcionario laboral docente y estatutario al servicio de la Junta de Castilla y León y al servicio de nuestros paisanos en la provincia de Burgos y también en toda la Comunidad», resaltó. Por eso, destacó que distinciones y reconocimientos como los que se hicieron el día de hoy en esta Delegación Territorial, que se multiplica también las otras ocho delegaciones territoriales, sirven «para poner en valor el esfuerzo y el trabajo que hacen todos los empleados públicos de la Comunidad de los cuales la Junta se siente especialmente orgullosa».