La Junta garantizará por ley la sostenibilidad de la atención social que prestan las entidades

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, y el secretario general, Jesús Fuertes, se reúnen con representantes de las entidades del Tercer Sector de Castilla y León. /Alberto Mingueza
La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, y el secretario general, Jesús Fuertes, se reúnen con representantes de las entidades del Tercer Sector de Castilla y León. / Alberto Mingueza

La nueva consejera de Familia, Isabel Blanco, se reúne con más de setenta representantes de asociaciones de discapacidad y mayores

Ana Santiago
ANA SANTIAGOValladolid

Imposible reunirse con cada una por separado, después de todo Castilla y León tiene más de 3.000 entidades de dependencia, mayores o discapacidad que forman parte del llamado Tercer Sector. Por ello, la nueva consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, mantuvo ayer un encuentro conjunto con más de 70 representantes de asociaciones y centros residenciales, entre otros.

Y en este marco, y en su primera comparecencia como responsable de las políticas sociales de Castilla y León, Blanco anunció la principal prioridad para esta legislatura que ya arranca, la de «poner en marcha un nuevo modelo de Servicios Sociales, rediseñado para las personas y basado en la atención individualizada» y ello dando peso a las asociaciones y organizaciones de familiares y afectados.

Y el primer paso para ello es la elaboración de una Ley del Tercer Sector que regulará las relaciones con la instituciones, los derechos o la participación, entre otros asuntos y que para garantizar la viabilidad de estas entidades y, sobre todo, de los servicios que prestan el primer paso será el de diseñar un Decreto de Concertación Social que «dará mucha más estabilidad financiera tanto a las actividades que realizan como a las personas que atienden». Se trata en definitiva de garantizar que las organizaciones que prestan servicio a las personas mayores, con dependencia o una discapacidad tengan garantizado unos mínimos de sostenibilidad más allá de las actuales subvenciones.

Isabel Blanco destacó que objetivo en este sentido para los próximos cuatro años es «dar más servicios para las personas y especialmente a las mayores para que retrasen al máximo su entrada en la dependencia y trabajar para evitar situaciones de soledad».

El decreto tendrá prioridad sobre la redacción del proyecto de ley «para garantizar la sostenibilidad económica y financiera del Tercer Sector porque los servicios pensados por las personas no son una cuestión de mercado», destacó en rueda de prensa. La nueva consejera asegura que esta regulación será «muy amplia y contará con la participación de las entidades del Tercer Sector».

«Si estamos en los niveles en los que nos encontramos –destacó– es gracias a ellos, a sus profesionales y a las familias».

También destacó como una de las primera actuaciones y novedades para esta legislatura la puesta en funcionamiento de un órgano de participación y coordinación entre la Administración y el Tercer Sector.

En cuanto a los tiempos de evaluación de la Depedencia, Blanco destacó que continuará con el objetico de reducir a un máximo de tres meses el plazo de concesión de las ayudas de la Ley de Dependencia y ha recordado que en este servicio «no hay listas de espera».

Esta va a ser la Legislatura «de las familias, de la conciliación y la infancia, de la igualdad entre mujeres y hombres y de la lucha contra la violencia de género, un ámbito en el que todos tenemos que trabajar más para conseguir erradicarla», señaló.

Blanco quiso trasmitir al Tercer Sector que «para el Gobierno de Castilla y León, todas las entidades a las que representáis, sois un activo fundamental de la sociedad de Castilla y León y formáis parte del ADN de los Servicios Sociales de la comunidad, por eso quiero transmitiros la firme voluntad del Gobierno de Castilla y León de apoyar, desde el diálogo constante y la colaboración, vuestra trabajo tan esencial para nuestra sociedad«.

Decreto de residencias

En cuanto a la anulación judicial del Decreto de residencias de la Junta, Isabel Blanco destacó que se trabaja en solucionar, a la «mayor brevedad posible», «los defectos de forma» de la normativa que regula las residencias de mayores, que anuló la justicia por demanda de Satse y sobre el que el Supremo ha rechazado el recurso de casación de la Junta. En noviembre del pasado año, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Castilla y León anuló el decreto que regula el modelo asistencial autonómico 'En mi casa', que afecta a unas 700 residencias, que ya fue declarado nulo en otro fallo judicial de febrero del 2017.