La Junta aplaza nuevas restricciones pese a duplicarse la incidencia en Castilla y León en una semana

Y Castilla y León crea un grupo de trabajo.

«El debate en el Consejo de Gobierno ha sido largo e intenso», admitió Francisco Igea, vicepresidente y portavoz, al sentarse en la sala de prensa. Del cruce de ideas salió una conclusión: el semáforo y sus acciones son papel mojado. Castilla y León, según el gráfico diario de indicadores de riesgo, debería tener ya a tres provincias en el nivel de riesgo medio, el 2, y a otras dos en el nivel 3, el de riesgo alto. O municipios. El alcalde de Burgos, Daniel de la Rosa (PSOE) habló con Igea el miércoles sobre la posibilidad de pasar a nivel dos. Hacer algo en una ciudad que suma, en la última semana, 2.201 positivos.

Pero el semáforo no tiene validez porque su traslación a la situación hospitalaria no tiene nada que ver, explicó Igea, en un argumento que defiende la bancada popular en el Consejo de Gobierno. A una ola distinta, medidas distintas. Ese es el corolario.

Igea lo defendió así cuando repasó las cifras. «La vacunación ha hecho cambiar el foco de la incidencia. La tipología de casos es completamente diferente. Debemos justificar nuestras medidas de acuerdo al nivel de riesgo, y no es el de 2.000 personas ingresadas en hospitales, sino de 250, que son muchas, pero no son el mismo nivel de riesgo», justificó.

Son 243, en realidad, según los números que aportó el portavoz del Ejecutivo (224 figuraban en la web de datos abiertos de la Junta). Que se basó en los números para definir ese nuevo perfil del paciente ingresado. «No hay nadie de más de 70 años en la UCI», dijo. En cambio, entre los 20 y los 40 años hay 77 pacientes ingresados en planta. Incluso hay 6 de entre 10 y 19 años de edad. Y aún hay 88 hospitalizados de más de 60 años, que es el grupo de edad con mayor cobertura por las vacunas.

Cosas de lo que se conoce como «escape vacunal». Es decir, el porcentaje de casos, pequeño, en el que la vacuna no consigue proteger al máximo posible. «A veces las matemáticas no se entienden hasta que no se ven», dijo Igea. «De 1.333.696 personas vacunadas con ciclo completo, un 0,1% han tenido síntomas; ingresados, muchísimo menos. Y enfermos en la UCI hay 5».

Vistos estos datos, Igea corroboró lo que se barruntaba días atrás, que la Junta de Castilla y León tiene muchas dudas sobre cómo afrontar esta quinta ola dentro de la legalidad y sin frenar la incipiente recuperación económica con nuevos cierres. Verónica Casado había hablado de «medidas quirúrgicas». Se habían mencionado posibles restricciones para municipios con alta incidencia o mayores de 20.000 habitantes. Pero al final se decidió crear un grupo de trabajo que comenzó su tarea horas más tarde de la rueda de prensa.

O lo que es lo mismo. Que el «largo e intenso» debate de la mañana se prorrogó en sesión vespertina. «El semáforo [y el manual de acciones coordinadas que se ha seguido hasta ahora] consiste en castigar unos sectores en los que no están mayoritariamente los jóvenes», argumentó Igea. El grupo de trabajo, en el que figuran los consejeros de Sanidad y de Fomento, Verónica Casado y Juan Carlos Suárez-Quiñones, además de técnicos de la Consejería de Sanidad y encargados de Protección Civil, tendrá así como objetivo «analizar qué decisiones se pueden tomar que sean eficaces», señaló Igea. «La semana pasada tomamos decisiones sobre el ocio nocturno, no han pasado 14 días y la situación es preocupante», aclaró.

Algunas comunidades han anunciado la posibilidad de tener que presentar una PCR negativa para poder acceder a locales de ocio nocturno, por ejemplo. Algo que no es viable en Castilla y León por la saturación de la Atención Primaria, según el portavoz, que no acabó de desvelar qué medidas se pueden estudiar. «Me costaría explicarles a los equipos de Atención Primaria que debemos hacer más PCR para que la gente pueda salir al ocio nocturno. De momento no nos lo planteamos. Utilizar otros dispositivos, como la app de Sacyl Conecta o los certificados de vacunación, está encima de la mesa y hay que ver si es viable o no», indicó.

«Hay cosas que sí podemos hacer. Lo que tenemos que hacer es decidir si son eficaces o no. El problema no es la falta de medidas o si tomamos o no decisiones, sino si son efectivas o no», justificó Igea, que cargó contra la falta de herramientas legales que amparen las actuaciones de las comunidades autónomas, una queja que se repite de forma habitual. «Es difícil pedir que tomemos medidas si no tenemos herramientas, llevamos 16 meses pidiéndola, que ya está bien», aseguró en una andanada al Gobierno central y su actitud durante gran parte de la pandemia.

El portavoz defendió que pese a esta ausencia de nuevas restricciones la Junta mantiene la actividad en otros frentes para intentar frenar la expansión del virus. «Trabajamos intensamente, con la vacunación, con cribados por encima de la media, no es lo que entiendo por no tomar ninguna medida. Estamos trabajando mucho y tomamos medidas la semana pasada y seguiremos tomándolas cuando tengamos una propuesta y acuerdo suficiente. Los consejos de Gobierno consisten en esto», insistió. Y lo que dejó claro es que en cuanto se decida qué medidas se activan, será el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, quien tenga que convocar un nuevo Consejo de Gobierno para aprobarlas.