Investigan a un inspector de la Junta por intentar una 'mordida' a una herencia millonaria

Como pruebas, se habrían aportado al expediente judicial correos electrónicos y grabaciones en vídeo en las que el funcionario citaría al contribuyente en una calle de Ávila para rematar el «intercambio», unas grabaciones que en estos momentos están en manos de la policía judicial.

Fuentes del caso precisaron que la beneficiaria de la cuantiosa herencia es una señora nonagenaria cuya hermana testó a su favor. Dada su avanzada edad, otorgó autorización para su representación a uno de sus hijos respecto del expediente de declaración de herederos. En principio, la delegación territorial habría fijado una cuantía a pagar de 150.000 euros pero, según el denunciante, el inspector le llamó para hablar con él fuera del horario de oficina en su despacho de la delegación. En esa primera entrevista, el 15 de noviembre de 2022, le habría relatado el funcionario que «había invertido en criptomonedas, lo había perdido todo y debía dinero», y que la cuantía del impuesto de sucesiones «había subido a unos 244.000 euros», pero no le facilitó al contribuyente «un desglose de la la liquidación ni la justificación del aumento de la cuantía». Después le habría dicho que «podría hacer disminuir esa cuantía» a 150.000 euros si le gratificaba con 50.000 euros en efectivo.

Días más tarde, el denunciante volvió a recibir otro correo electrónico de S. en el que le indicaba que la cuantía no iba a ser superior a los 100.000 euros y en otra cita, el 25 de noviembre, le mostró un excel con tres valoraciones diferentes: 150.000, 240.000 y una de casi 350.000 euros sin motivación ni desglose de cantidades.

A raíz de esta denuncia contra el funcionario, el expediente de esta herencia ha sido transferido y está siendo revisado por dos inspectoras tributarias de Valladolid.

La Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León ha decidido personarse en las diligencias del caso tras recibir el pasado 7 de febrero el ofrecimiento de acciones por parte del juzgado instructor que investiga desde el pasado año si el alto funcionario ha incurrido en un delito de cohecho. Este tipo de delito se castiga con penas de prisión que oscilan de los dos a seis años de cárcel e inhabilitación en el cargo para el funcionario de uno a doce años.

La Orden de la Consejería en la que autoriza a los servicios jurídicos de la comunidad a la que ha tenido acceso El Norte de Castilla señala que, al tratarse de un presunto delito contra la Administración Pública y el investigado ser un alto funcionario de esta Consejería, tiene interés legítimo para «ejercer las acciones judiciales que correspondan en defensa de sus intereses, tanto por los posibles perjuicios que contra la Hacienda de la comunidad se pudieran haber producido como en defensa de la propia imagen de la Administración y de la confianza para los ciudadanos en sus relaciones con los empleados públicos».

Estas diligencias que se siguen por el procedimiento de la Ley del Jurado (al tratarse de un delito supuestamente cometido por un funcionario público en el ejercicio de su cargo) arrancaron a partir de la denuncia planteada por un particular contra el inspector tributario de la Junta en Ávila, a quien achaca cohecho y malversación. Un año después, el juzgado ha levantado el secreto de sumario y las partes han tenido acceso a la documentación del caso. La acusación particular solicitará que se practiquen, entre otras pruebas, la averiguación del patrimonio del alto funcionario.