Juicio por la trama eólica

Hacienda controló las operaciones de San Cayetano con los 47 millones recibidos al vender sus participaciones en Energía Global

Un perito propuesto por la defensa del empresario Alberto Esgueva sostuvo este martes en el juicio que se sigue en la Audiencia Provincial de Valladolid contra la denominada trama eólica, que todas las operaciones realizadas con los más de 47 millones de euros que el Grupo San Cayetano recibió de por la venta de sus participaciones en la sociedad Energía Global Castellana a Iberdrola, fueron controladas por la Agencia Tributaria, que no vio ninguna práctica ilícita.

Además, en su declaración recalcó que en ningún momento se desviaron fondos en favor del que fuera viceconsejero de Economía Rafael Delgado, ni tampoco del abogado y empresario Jesús Rodríguez Recio, considerado como presunto testaferro de Delgado. Según explicó, el destino de esos 47 millones de euros fueron negocios inmobiliarios en Polonia y España, inversiones en una bodega y un préstamo social a Industrias San Cayetano.

Al mismo tiempo, explicó que San Cayetano, a través de la sociedad Intercatia, intentó desarrollar en la localidad vallisoletana de Montealegre de Campos un gran proyecto inmobiliario junto con el grupo suizo Nehmo Holding, iniciativa que finalmente no se desarrolló. En este punto, también confirmó que para la promoción del proyecto se firmó un contrato con Tough Trade, una sociedad creada por Delgado. No obstante, a preguntas del fiscal, el perito reconoció que tanto en Nehmo Holding, como en Tough Trade, el que actuó como representante de ambas empresas fue Jesús Rodríguez Recio.

Por otra parte, el juicio, que arrancó el pasado mes de septiembre, inicia este miércoles una fase decisiva con la declaración de los acusados. El primero en hacerlo será Rafael Delgado, que se enfrenta a 42 años de cárcel y multas por valor de 239 millones de euros. El Fiscal Anticorrupción le imputa a Delgado tres delitos continuados de cohecho, por lo que se le piden 14 años de cárcel, así como delitos de extorsión, tráfico de influencias, prevaricación, blanqueo de capitales y delitos contra la Hacienda Pública.

La supuesta trama tiene su origen cuando la Junta decidió favorecer la entrada de empresas de la comunidad en la promoción de parques eólicos. El fiscal recoge que el exconsejero de Economía, Tomas Villanueva, y Delgado establecieron en 2003 un modelo para manejar las licencias eólicas, por la que dejaron al margen de la tramitación a los servicios territoriales de la Junta. Además, la estrategia suponía exigir a los promotores permitir la participación de empresas locales en el proyecto bajo amenazas de no obtener la autorización. Después, estas pequeñas compañías compraban participaciones a precios bajos y, una vez logrado el permiso e inflada su valía, las revendían multiplicando exponencialmente su valor.

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