El Gobierno estudiará la petición de la Junta de compensar la subida del impuesto sobre los vehículos

Fabricantes, concesionarios y sindicatos a nivel nacional y la consejera de Empleo desde el ámbito autonómico han pedido al Gobierno que demore la aplicación del nuevo protocolo de emisiones WLTP, que supondrá la subida del nuevo impuesto de matriculación y que según los plazos actuales entrará en vigor el próximo 1 de enero e incrementará el precio de los vehículos. Sin embargo, la ministra de Industria, Reyes Maroto, confirmó ayer tras la segunda reunión de la mesa de la automoción en Zaragoza que su aplicación «no depende del Gobierno», sino que la Comisión Europea estableció una normativa con unos plazos y España aprobó una moratoria hace dos años que finaliza el 31 de diciembre.

Maroto aseguró que se están analizando qué medidas tomar para «compensar el impacto» que va a tener el sector por la subida del impuesto de matriculación. «El Gobierno ya demostró con esa moratoria que para nosotros el sector es muy importante y ahora habrá que analizar qué medidas pueden minimizar el impacto de esta normativa». Así, explicó que no se puede cambiar el ámbito de aplicación de la medida que entrará en vigor el 1 de enero «en todos los países de la UE».

Las medidas que ayudarán a compensar la subida y recuperar el sector estarán respaldadas por aproximadamente 10.000 millones de euros que la ministra anunció para los próximos tres años a través de los fondos europeos, lo que significa el 14% del total de los fondos 'Next Generation EU'. El objetivo del Ejecutivo es el desarrollo de un ecosistema de movilidad «sostenible, inteligente, seguro y conectado». «El objetivo es que sea una palanca para la recuperación económica y social», subrayó Maroto.

Participaron en la vídeoreunión el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández, y la consejera de Empleo e Industria, Ana Carlota Amigo, quienes defendieron la reclamación del sector para que no se haga efectivo el incremento del impuesto de matriculación el próximo enero.

Amigo argumentó que la actual situación económica ha provocado un descenso de entorno al 30% de las ventas y que ese descenso podría agudizarse a partir del próximo año si no se revisa este impuesto, ya que elevaría el precio de los vehículos en más de un 5%.

Insistió en que «la situación perjudica de forma especial en Castilla y León ya que el 86% de los vehículos que se fabrican en la comunidad se destinan a la exportación». Sobre la distribución de los 10.000 millones que irán destinados a reactivar el sector, la consejera alegó que en Castilla y León se fabrican el 15 % de los vehículos que se producen en todo el territorio nacional y que el peso de ese sector en la comunidad ha de ser tenido en cuenta como un criterio fundamental.

La movilización de recursos se dividirá en tres ejes, donde el más importante será un plan de choque de movilidad sostenible, segura y conectada en entornos urbanos y metropolitanos, con un presupuesto de más de 6.000 millones. Se establecerán zonas de bajas emisiones, se desplegarán las infraestructuras de recarga y se impulsará el desarrollo de nuevos modelos de negocio, así como la modernización del parque público con vehículos limpios.

El segundo eje pasa por la implantación de la hoja de ruta del hidrógeno renovable, que movilizará más de 1.500 millones de euros, como una de las «palancas» de la reactivación económica, aseguró Maroto. Y como tercer eslabón, una línea de apoyo a proyectos estratégicos para la transición industrial dotada con más de 1.200 millones. Su objetivo es, según la ministra, impulsar la modernización del ecosistema nacional de la industria del automóvil a través de la conectividad 5G y la mejora de la eficiencia energética de toda la cadena de valor. «Se pondrán en marcha nuevos programas de ayudas para innovaciones tecnológicas en movilidad eléctrica», aseguró también Maroto.

El planteamiento con el que acudieron al Gobierno las asociaciones de fabricantes y componentes, Anfac y Sernauto, y las de distribución y venta de automóviles, Faconauto y Ganvam, fue el de avanzar «en un modelo constructivo y consensuado para el sector que permita conseguir los objetivos de descarbonización y digitalización del parque de vehículos, pero manteniendo la industria y el empleo».