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Una protesta judicial ante los juzgados de Valladolid, en 2013. Miguel Ángel Santos
Escaramuzas por la independencia judicial

Escaramuzas por la independencia judicial

Más de 4.500 empleados de la Administración de Justicia de Castilla y León, incluidos letrados, jueces y fiscales, protagonizan una semana caliente para exigir al Gobierno que recoja sus reivindicaciones

M. J. Pascual

Valladolid

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Domingo, 11 de noviembre 2018, 09:21

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«Lo último de las hipotecas y el Tribunal Supremo», confiesa el titular del Juzgado de lo Penal 3 de Valladolid, el magistrado Miguel Ángel Martín, de Jueces y Juezas para la Democracia, ha sido la gota que ha colmado el vaso y le ha animado a sumarse a la movilización programada para el 19 de noviembre. Un plante de togas que será el colofón de una semana de paros parciales y concentraciones protagonizada también por los letrados de la Administración de Justicia y los funcionarios judiciales y que estará seguido muy de cerca por otros colectivos, como los abogados de oficio, que no las tienen todas consigo de que el Ministerio, finalmente, les pague los tres meses de servicios prestados que les debe y les suba los baremos que llevan 15 años inamovibles. De momento, se movilizarán también el día 13 los colegios de Zamora, Palencia y Soria.

En total, algo más de 4.500 empleados públicos en Castilla y León están llamados a esta guerra de guerrillas convocada por las asociaciones y sindicatos por lo mismo que salieron a la calle el pasado mayo y que se resume en dos reivindicaciones principales: medidas parar la independencia judicial y mejorar la calidad del servicio que prestan a la ciudadanía.

Muchos consideran que Dolores Delgado, a pesar de pertenecer a la carrera fiscal y mostrarse combativa en la anterior huelga como miembro de la Unión Progresista de Fiscales, «está haciendo bueno» a su antecesor en el cargo ministerial, el recusado Rafael Catalá, y no creen que la reunión 'in extremis' con el nuevo equipo ministerial programada para mañana, desactive las protestas. Señalan los jueces consultados que la nueva huelga de togas se justifica en «el hartazgo» por el caso omiso a sus reivindicaciones como empleados públicos, a lo que se suma el «descarado asalto político» a la cúpula judicial. No obstante, todavía hay quien prefiere no adelantarse y esperar a lo que depare esta reunión, por si se desconvoca, como indican desde la Unión Progresista de Fiscales.

De entrada, porque la ministra sostiene que «es imposible» cambiar el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el órgano de gobierno de los jueces –que nombra a los magistrados del Tribunal Supremo– y cuyas vocalías se reparten los partidos mayoritarios. Ante una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que incrementa el control político, los jueces insisten en que quieren elegir a sus vocales, pero Delgado se escuda en «la falta de un consenso parlamentario» para ello. El juez de Instrucción 2, César Gil Margareto, de Foro Judicial Independiente, señala que «no ha cambiado nada; se ha dado un margen considerable al Gobierno para ver si hay un cambio de sensibilidades, pero en ninguno de los aspectos reivindicativos ha habido progresos». Probablemente, apunta, hará huelga «para reforzar la negociación de las asociaciones».

Los plazos de instrucción

En la última reunión del pasado miércoles 7 de noviembre con representantes de cinco asociaciones de jueces y fiscales (no acudieron dos), la ministra les manifestó que están en marcha medidas para dar cumplimiento a sus reivindicaciones profesionales y que muchas de ellas están en tramitación parlamentaria. Entre ellas, la derogación del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que limitó a seis meses, con carácter general, el plazo para la instrucción de las causas penales. Tanto fiscales como jueces promueven que se anule esta medida que, en la práctica, está suponiendo impunidad en los casos de corrupción. La iniciativa, que apoya el Gobierno, está atascada desde hace meses en el Congreso.

Jueces, fiscales y secretarios judiciales también hacen causa común contra el «papel cero», el programa de obligada implantación desde el 1 de enero de 2016, con Catalá, que está siendo rechazado por su falta de eficacia en la práctica, pues en lugar de agilizar los procedimientos, los ralentiza, porque el funcionamiento de la plataforma tecnológica es ineficiente. La digitalización, el denominado expediente digital, está suponiendo, como ha indicado el decano de los jueces de Valladolid, Emilio Vega, «tres veces más papel que antes».

Que el Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia, la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ), el Sindicato de Letrados de la Administración de Justicia (SISEJ) y la Asociación Independiente de Letrados de la Administración de Justicia se hayan unido, subraya Silvia Santana, delegada para Castilla y León de la UPSJ, es síntoma «del nivel de hartazgo» ante la falta de eco de unas reivindicaciones que vienen reclamando desde hace nueve años: la adecuación salarial acorde al aumento de competencias y medios materiales para que la justicia digital «sea una realidad».

Justifica la movilización en que por las manos de este cuerpo superior pasa toda la intendencia organizativa de los juzgados. «Todas las resoluciones que se dictan en cualquier juzgado llevan la firma del letrado de la Administración de Justicia, una media de 135 a 150 firmas al día», indica Santana, que está destinada en Palencia. Miles de asuntos son tramitados directamente por los secretarios, como las subastas (1.500 celebradas el pasado año) o las ejecuciones civiles, 22.865. Por no hablar de los asuntos de familia iniciados durante 2017, más de 70.000, pone como ejemplo esta letrada.

Los funcionarios, a su vez, tienen su propio calendario de paros parciales, que culminará con una huelga general en Madrid contra una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que no les gusta, entre otros aspectos, porque contempla su movilidad forzosa.

EL CALENDARIO

13 de noviembre

Letrados de la Administración de Justicia: Más de 350 en ejercicio en los partidos judiciales de Castilla y León. Harán paros parciales de 10:00 a 12:00 horas.

Medios: Rechazan la insuficiencia de medios organizativos, personales, materiales e informáticos para realizar sus funciones. Reivindican una inversión económica sostenida en plantilla, formación y estatuto.

La oficina judicial: Reclaman que se implante definitivamente la oficina judicial, con la creación de los servicios comunes bajo la dirección de los letrados.

Retribuciones: Adecuación salarial con el resto de los cuerpos superiores de la Administración y el incremento de competencias asumidas desde 2009.

16 de noviembre

Funcionarios: Son 3.723 funcionarios los que trabajan en los juzgados de Castilla y León. La mayoría, más de 2.000, son mujeres.

Huelga general: Los sindicatos mayoritarios (CC OO, CSIF, STAJ y UGT) convocan una huelga general contra la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, aprobada en el Congreso y que se va a tramitar en el Senado.

Movilidad forzosa: La reforma plantea que se unifiquen en uno solo los centros de destino de cada municipio y se aprueba la movilidad forzosa a cualquier puesto de trabajo de la misma localidad, a criterio del gestor.

Plantilla: Temen que se reduzca el personal interino, dejando puestos sin cubrir y sobrecargando de trabajo al resto.

19 de noviembre

Jueces y fiscales: Hay 302 jueces y 128 fiscales en ejercicio en Castilla y León. Todas sus asociaciones sucribieron el 16 de junio de 2017 un documento de reivindicación conjunto con 14 propuestas desatendidas hasta hoy. La huelga del pasado 22 de mayo de 2018 contra Rafael Catalá al frente, y en la que participó activamente la actual ministra de Justicia, Dolores Delgado, no dio fruto.

Las mismas reivindicaciones: Los jueces piden reforzar la independencia judicial cambiando el sistema de elección del CGPJ, modernizar la planta judicial, el modelo de oficina, el sistema informático, y las retribuciones y permisos. Los fiscales piden la derogación de los sistemas de plazos máximos para instruir los casos, paralizar la digitalización y la autonomía presupuestaria de la FGS.

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