El empuje anticrisis en Castilla y León, de la receta Mañueco a la fórmula Tudanca

En Castilla y León, el Gobierno del PP y Vox se estrenó el 21 de abril aprobando un plan anticrisis en el que incluyó 75 medidas que Alfonso Fernández Mañueco valoró al presentarlo en 470 millones de euros. A su lado estaba el vicepresidente, Juan García-Gallardo. Abanderaba ese compendio de iniciativas una rebaja de la tarifa autonómica del IRPF que se abona por los primeros 12.450 euros, lo que supondrá un ahorro anual de 35 euros para todos los contribuyentes de ese impuesto con independencia de los ingresos que declaren.

La medida más mediática de la receta de Mañueco para hacer frente a la crisis actual en Castilla y León tiene por delante una tramitación de varios meses hasta que se apruebe en las Cortes. Se aplicará esa rebaja con efecto retroactivo a 1 de enero de este año, pero el calendario del IRPF la hace inoperativa hasta la primavera del próximo, cuando se liquide el ejercicio de 2022. Con esa bajada fiscal va la bonificación del 95% de las tasas de caza y pesca y deducciones para residentes en el medio rural que se incluían en el presupuesto elaborado por PP y Cs para 2022, que no vio la luz.

De inmediata aplicación son las líneas para aportar liquidez a empresas, como las orientadas a mitigar, con préstamos blandos de hasta 700.000 euros, el esfuerzo de titulares de gasolineras para adelantar los 20 céntimos por litro que subvencionan las arcas estatales. «Era una medida muy necesaria», reconocía una semana después Lorenzo Colomo, presidente de la Federación Regional de Castilla y León de Asociaciones de Estaciones de Servicio. Automática fue también la posibilidad de revisar precios de contratos públicos afectados por el encarecimiento o la falta de materias primas. El objetivo: evitar el abandono de obras y sus efectos en retrasos y burocracia por volver a tener que licitar proyectos.

El plan de la Junta contempla 9 millones de euros más para compensar el déficit de tarifa del transporte público interurbano de autobús, la compensación de tasas de transporte o veterinarias, el incremento del 15% en la cuantía de la Renta Garantizada de Ciudadanía, que es la prestación que permite a familias sin recursos combatir la pobreza, además del aumento en 4 millones de euros del dinero que traspasan a ayuntamientos y diputaciones para abonar ayudas de emergencia con las que se paga la calefacción, la electricidad o el alquiler en hogares sin recursos. Con el IPC al alza, esas necesidades han crecido.

Antes de que el nuevo Gobierno autonómico aprobara su plan, el PSOE había registrado en las Cortes su iniciativa anticrisis. Luis Tudanca presentó el 1 de abril un paquete de medidas presupuestadas en 357 millones de euros «para dar respuesta a la nueva crisis económica derivada de la guerra de Ucrania». Los socialistas han incidido esta semana en buscar destino a los 173 millones de superávit que tiene la Junta, con un apoyo a sectores castigados por el conflicto de Putin: agricultura, ganadería, industria y transporte, además de familias y colectivos vulnerables, según explicó la procuradora Rosa Rubio.

Los de Luis Tudanca insisten en reclamar a la Junta una bonificación autonómica de 10 céntimos por litro de carburante que se sume a los 20 aprobados por el Gobierno central. Es una medida discutida, porque los combustibles han seguido subiendo y se han 'comido' ese apoyo público. El último organismo que pone en duda su eficacia para combatir la alta inflación ha sido el Consejo Económico y Social de España.

La fórmula Tudanca incluye aumentar los 10 millones de euros comprometidos por la Junta para abonar «en los próximos meses» ayudas directas a profesionales del campo en otros 14 millones más y agilizar esos pagos y el anticipo del 90% de la PAC. También un fondo extraordinario para el sector del transporte con ayudas de 175 euros por taxi al mes; 290 por furgoneta; 520 por autobús y 725 por camión, junto con otro de 80 millones para autónomos y de 3 para trabajadores en ERTE, entre otras medidas.

«Mañueco no ha cumplido y está privando a las empresas, las pymes y los autónomos de unos recursos económicos para apoyar su solvencia», critica Rosa Rubio, que acusa al Gobierno autonómico de «seguir vagueando».

Carlos Fernández Carriedo, consejero de Economía y Hacienda y coordinador del plan anticrisis de la Junta, remarca la eficacia de las medidas autonómicas y critica las del Gobierno central. «Esas medidas conyunturales no eran las adecuadas para este momento, porque partían de la hipótesis equivocada de que la inflación iba a durar poco tiempo», argumenta Carriedo, que contrapone a las de Sánchez la rebaja del IRPF firmada por Mañueco, una medida «estructural y que permanecerá en el tiempo».

Hay una diferencia fundamental entre los dos planes. El presidente de la coalición de PP y Vox tiene la opción de aplicar el suyo. El líder de la oposición se mueve en el terreno de las propuestas, sin capacidad de ejecución.