Las empresas exigen cobrar antes sus facturas ante una ola de impagos

Cepyme interpreta estos datos de CESCE (Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación) dentro de la estacionalidad propia del comienzo de ejercicio, ya que el indicador sigue en los últimos años una tendencia descendente y es ahora elplazo medio más breve para ese periodo desde 2015.

A la vez, el Índice de Morosidad, elaborado con la tasa de retrasos en las facturas de venta a plazo de las operaciones nacionales, ponderada por el importe de los recibos, arroja un resultado de 33 puntos para Castilla y León, bajo si se tiene en cuenta que la base promedio del periodo 2014-2019 es de 100, pero no del todo tranquilizador cuando se constata que en el primer trimestre de 2022 estaba en 13,6. Es decir, que ha registrado un repunte anual del 142,6%, el más acentuado tras el del País Vasco (156,5% más, hasta los 80,8 puntos). La media nacional es de 51,1, con alza del 44,8%.

La patronal de las pymes considera que la paulatina disminución del periodo medio de pago es el resultado «de una gestión prudente de la tesorería de las empresas, azuzada por el aumento de los precios, la restricción del crédito y los mayores gastos financieros». Al mismo tiempo, cree que «esa gestión más cauta de la tesorería busca evitar la erosión del valor real de los cobros pendientes que provoca la inflación y paliar el aumento del coste financiero de la deuda comercial».

Si se le aplica al Indice de Morosidad medio de España un valor de 100, Castilla y León figura en la tabla autonómica como la quinta con el indicador más elevado, en 121, por debajo de Baleares (143), Murcia, Andalucía y País Vasco. Cierra la clasificación Navarra con 37,5.

Explica Cepyme que, excluidas las empresas que venden directamente a los consumidores, lo más habitual es que las compañías cobren un tiempo después de haber efectuado la venta, «de ahí que la deuda comercial que surge con las ventas y el coste financiero de la misma (en un contexto de encarecimiento del precio del dinero) constituyan un coste siempre presente en las empresas de todos los tamaños». Una parte de esa deuda comercial, sin embargo, no se cobra en los plazos previstos.

Cuando se complica el cobro de facturas se produce una reacción en cadena que hace que quienes sufren los retrasos tengan a su vez más difícil pagar a sus proveedores a tiempo. Este efecto dominó hace que sean las microempresas las que más sufren la mayor morosidad, con un índice (nacional) de 125,9 sobre 100 de media global. Las empresas pequeñas sobrellevan una morosidad en las ventas a plazo similar a la media general (102,5), las medianas se colocan en una situación algo más cómoda (82,1), y las grandes disfrutan de la posición más ventajosa (36,9).

Las empresas castellanas y leonesas afrontarán así la segunda mitad del año con el reto de los impagos por delante y así lo refleja también el último Informe de Pagos de Intrum, que muestra que el 82% de las empresas castellanas y leonesas han recibido por parte de sus clientes la petición de aceptar plazos de pago más largos. En España, la cifra es también del 82% y está seis puntos porcentuales por encima del dato de 2022 (76%).

El porcentaje de firmas de la región que han aceptado alargar estos plazos es del 65%, es decir, 16 puntos menos que hace un año (81%). A nivel nacional, es del 69%, igual al anterior.

«La inflación y los elevados tipos de interés están dificultando de forma acusada que las empresas puedan realizar sus pagos a tiempo. Esto impacta en toda la cadena de valor, ya que muchas deben aceptar condiciones de pago perjudiciales para sus márgenes», señala Santiago Casado, director de negocio deIntrum España, empresa proveedora de servicios de gestión de crédito y activos.

El contexto de incertidumbre apunta a un aumento del riesgo de impagos en los próximos meses y el 65% de las organizaciones castellanas y leonesas creen que sus deudores tendrán más complicado hacer frente a sus pagos. En 2022 eran el 55%.