La contratación de 67 empleados a dedo en la Agencia de Desarrollo irá a juicio en 2020

Edificio de Arroyo de la Encomienda, sede del ICE, antigua Agencia de Desarrollo. / G. Villamil

El Juzgado de lo Social 3 de Valladolid admite a trámite una demanda contra la Junta por asignar puestos sin oposición al 45% de los empleados

M. J. PASCUAL Valladolid
Jueves, 8 agosto 2019, 07:18

Tres años después de que el Tribunal Supremo obligara a la jurisdicción social de Valladolid a reabrir el asunto y estudiar la supuesta contratación a dedo de más de sesenta trabajadores en la antigua Agencia de Desarrollo (ADE) de la Junta, se celebrará el juicio. Cuando el Gobierno regional, durante la crisis, decidió refundir fundaciones, entes y sociedades públicas de derecho privado como consecuencia del agujero económico generado por ellas, estos trabajadores de ADE Financiación y ADEuropa fueron absorbidos en la plantilla de la agencia (actualmente, Instituto de Competitividad Empresarial Empresarial, ICE), directamente y sin oposición.

Así lo denunció el 31 de julio de 2013 en los juzgados vallisoletanos el entonces presidente del comité de empresa de la agencia y hoy delegado sindical de UGT, José Luis Rodríguez Molero, que recurrió el archivo ante el Supremo, tribunal que estimó, el 22 de febrero de 2017, el recurso de casación para la unificación de la doctrina. Esa sentencia anuló la desestimación dictada por el Juzgado de lo Social 3 de Valladolid. Ahora, este mismo juzgado ha admitido a trámite la demanda y fijado fecha de la vista oral para el día 18 de marzo de 2020.

Según se recoge en dicha demanda, casi la mitad (45%) de los trabajadores del ente, que tiene su sede en el edificio de Arroyo conocido como la Perla Negra, habrían entrado sin oposición y la mayoría de los puestos de mayor retribución estarían ocupados por ellos. El Tribunal Supremo estimó un recurso de casación para la unificación de la doctrina, declarando la nulidad de la sentencia previa del Juzgado de lo Social 3 que desestimó la demanda, con lo que el mismo órgano judicial tendrá que juzgar el asunto. Son parte demandada en este procedimiento la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León, que es la autora de la resolución de asignación de puestos de trabajo, así como los 150 trabajadores que fueron asignados.

En concreto, la demanda plantea que en la antigua ADE (actual Instituto para la Competitividad Empresarial) se convocaron cien plazas de oposición. A raíz de esta convocatoria, siguen en el ente público a día de hoy 83 trabajadores que pasaron estas pruebas oficiales. Pero se admitió a 150, lo que implica que el resto, 67 (el 45% de la plantilla total), habrían entrado de forma directa, sin haber aprobado una oposición. Este hecho, insisten desde UGT, supondría la vulneración del artículo 23.2 de la Constitución, que reconoce como derecho fundamental la igualdad en el acceso a las funciones públicas.

Sin titulación universitaria

Asimismo se pone de manifiesto en la demanda que el reparto de complementos retributivos se habría producido sin tener en cuenta los requisitos de mérito y capacidad, y que, sin embargo, se les ha considerado » a fin de reconocerles complementos, incluso superiores a los que se otorga a quienes sí cuentan con titulación universitaria superior, subrayó el delegado de UGT en el comité de empresa del Instituto de Competitividad Empresarial.

Especialmente se denuncia que se han asignado los puestos de mayor retribución (puestos de libre designación) a empleados que no podrían ocuparlos, según la normativa aplicable, que reserva dichos puestos de manera exclusiva a los trabajadores fijos o funcionarios de carrera. Así, de las 50 plazas de libre designación asignadas directamente, tan solo 21 estaría ocupadas por personal que ha superado una oposición y la mayoría (29 plazas) estarían ocupadas por personal asignado de manera directa y que no ha pasado prueba alguna para acceder a estos puestos.

El sindicato demandante solicita al juzgado que declare la nulidad de pleno derecho de la asignación de trabajadores que no hayan aprobado convocatorias públicas de oposición, especialmente la asignación a puestos de libre designación de los mismos, así como la nulidad de la asignación de complementos retributivos sin tener en cuenta los requisitos de mérito y capacidad que exige la Constitución. También se solicita al juzgado «que declare la inadmisibilidad legal de la incorporación de trabajadores a una Administración de manera automática y sin respetar los requisitos exigibles para el acceso al empleo público».

Desde la Consejería de Economía y Hacienda se indicó ayer respecto de esta demanda que se prestará «total colaboración» a la justicia, al tiempo que se subrayó que la Junta defenderá los derechos de los trabajadores del Instituto de Competitividad Empresarial Empresarial que resulten afectados por este procedimiento judicial.

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