La Justicia pide herramientas al servicio de la fiscalía para mantener la protección judicial de los mayores

Ciclo de Justicia de El Norte de Castilla, en León. / Noelia Brandón

El VII Ciclo de Justicia de El Norte de Castilla aborda en el Palacio del Conde Luna una problemática como el Síndrome de Diógenes, que afecta en la mitad de casos a personas con más de 65 años y casi siempre a mujeres

RUBÉN FARIÑASLeón

El Palacio del Conde Luna ha sido el escenario de una nueva edición del prestigioso Ciclo de Justicia de El Norte de Castilla, que ha acercado a la capital leonesa la temática de la protección de los mayores y el Síndrome de Diógenes.

La jefa del Área de Tutelas de la Fundación Acción Social y Tutelas de Castilla y León ofrecía un perfil de las personas que cuentan con este trastorno y la forma de abordarlo. La mitad son mayores de 65 años, casi siempre casos de mujeres, y se tratan caso por caso, de manera individualizada, con servicios y trabajadores sociales y juzgados y fiscalías.

La Junta de Castilla y León dispone de esta fundación que atiende a personas en situación de desamparo, incapacitadas legalmente, y que necesitan una serie de ayudas y apoyos que tienen que gestionarse. «Contamos con una resolución judicial que nos atribuye el cargo y vemos las funciones a desarrollar», objetaba Concepción Balarirón, que reconocía la necesidad de que hubiera alguien, en el ámbito público, que se haga cargo de estas situaciones y estableciera un régimen de ayudas y poder tramitarlas.

Por su parte, el fiscal Javier Gutiérrez Hernández reclamaba una atención personalizada para mayores con discapacidad, personas en abandono o con Síndrome de Diógenes.

«Sería oportuno que nos dotasen de herramientas de carácter personal, como trabajadores sociales al servicio de la fiscalía para abordar caso por caso», reiteró este ponente, especializado en Derecho.

Como no se trata de una cuestión jurídica sino que es una problemática humana, el Poder Judicial parte de un planteamiento que ordena la Unión Europea en su Convención de Personas con Discapacidad. En dicho acuerdo, aceptado por España, se reconoce la obligación de mantener la capacidad jurídica y obrar viendo los apoyos que necesita cada persona.

En Castilla y León, el 30% de su población tiene más de 65 años y las capacidades físicas y psíquicas de los mayores disminuyen con la edad. Ante esta situación, no todo debe pasar por demandar una incapacidad, ya que lo primero es mirar por el interés de la persona.

El director de Relaciones Institucionales de El Norte de Castilla, Carlos Aganzo, ha moderado el simposio ofrecido por estos dos ponentes y, posteriormente, han respondido a las preguntas del público asistente.

El VII Ciclo de Justicia ha hecho su segunda parada en León y recorrerá las nueve provincias de la comunidad durante los próximos meses.

 

Fotos

Vídeos