Los juristas abogan por perfeccionar los controles preventivos para luchar contra la corrupción

El presidente de la Audiencia de Soria, José Manuel Sánchez Siscart, y la vocal del CGPJ Mar Cabrejas, antes de la mesa redonda en Soria. /
El presidente de la Audiencia de Soria, José Manuel Sánchez Siscart, y la vocal del CGPJ Mar Cabrejas, antes de la mesa redonda en Soria.

El Poder Judicial pone su portal de transparencia como reto a seguir por otras instituciones

M. J. PASCUAL

Los controles preventivos son esenciales para evitar la corrupción, porque la lucha contra estos comportamientos ilícitos que socavan la confianza de los ciudadanos en las instituciones no debe empezar en los tribunales, sino mucho antes. «Los tribunales no pueden solucionar un mal endémico como es la corrupción», dijo Sánchez Siscart nada más empezar su ponencia. Esa es la idea fuerza que se desprendió ayer de las intervenciones del presidente de la Audiencia de Soria, José Manuel Sánchez Siscart, y la vocal de Transparencia del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Mar Cabrejas, en la mesa del V Ciclo de Justicia de El Norte de Castilla Santander que se celebró en la Delegación Territorial de la capital soriana. Ambos ponentes defendieron la transparencia de los órganos constitucionales como el antídoto contra las prácticas corruptas, aunque mejor que el antídoto es prevenir la picadura de la serpiente. Se trata, indicó Cabrejas, de ir poniendo cortafuegos y atajar cada uno de los factores que chirrían al ciudadano: saber lo que cobran los vocales del Consejo y el presidente, a qué dedican su tiempo, a quién eligen para ocupar puestos y también, «y lo primero», hacer público su patrimonio, sus bienes antes de llegar al órgano de gobierno de los jueces. Estas son las líneas maestras sobre las que se asienta el portal de Transparencia del Consejo General del Poder Judicial, del que la vocal Mar Cabrejas es responsable y que, como subrayó, «va mucho más allá de lo que se exige en la Ley de Transparencia». De hecho, el aperturismo del que hace gala el Poder Judicial desde diciembre de 2013, cuando el equipo de Carlos Lesmes se puso al frente del órgano, ha puesto el listón alto a las otras instituciones del Estado en esta materia, subrayó la magistrada. Tanto, que en el portal del Poder Judicial hasta publican los contratos mayores y menores que realizan, algo que no ocurre con muchos ayuntamientos, donde la contratación sigue siendo completamente opaca. «Somos un espejo incómodo», apostilló la vocal.

Repositorio

Lo último en lo que está trabajando es en el repositorio de casos de corrupción de España, comunidad por comunidad, juzgado a juzgado, trabajo no fácil por los problemas estadísticos (no hay una única plantilla para todos), reconoció la magistrada. El objetivo, indicó la vocal, es que se sepa que «en cada juzgado y tribunal de España se está luchando contra la corrupción», aunque haya más acusados que condenas de prisión porque, como ambos ponentes señalaron, «no todas las conductas delictivas se resuelven con una condena de cárcel, hay inhabilitación y, lo principal, conseguir que se devuelva todo o parte del dinero, motivo por el cual se producen muchos acuerdos». Según los datos que maneja Mar Cabrejas, en los últimos cinco meses se han contabilizado 1.378 acusados por corrupción, más de mil de ellos, hombres, en un total de 176 procesos y 72 casos con sentencia y de estas, más del 72% han resultado condenatorias.

Aunque la transparencia y la lucha contra la corrupción (la segunda preocupación de los españoles después del paro) fueron las protagonistas del foro jurídico, en el coloquio hubo también tiempo para hablar de los delitos cibernéticos. En este sentido, el magistrado Sánchez Siscart señaló que el incremento exponencial del cibercrimen es un reto para los estados. «Me temo que como no ocurra una calamidad grave, los países no van a superar el concepto de territorio para luchar contra una ciberdelincuencia cada vez más sofisticada», declaró el presidente de la Audiencia Provincial de Soria.

El ciclo volverá a contar el próximo 19 de abril, en Segovia, con el patrocinio, además del Banco de Santander, de Registradores de Castilla y León y Nova Center, así como de la colaboración del CGPJ, a través del Tribunal Superior de Justicia, los colegios de Abogados y Procuradores y las universidades de Valladolid, León y Católica de Ávila. Se hablará del mapa judicial y de la atomización de sedes judiciales con el presidente de la Audiencia Provincial segoviana, Ignacio Pando Ehevarría, y la magistrada de la Audiencia Provincial de Madrid Felisa Herrero, exdirectora general de Justicia de Castilla y León.

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