María Boado: «Los chicos tienen que saber que zarandear a una compañera de clase es delito»

María Boado, minutos antes de intervenir ante la comisión de Las Cortes. /
María Boado, minutos antes de intervenir ante la comisión de Las Cortes.

La fiscal coordinadora de violencia de género de Castilla y León dibuja la realidad judicial de la protección y asistencia a las víctimas en una comisión no permanente de Las Cortes

M. J. PASCUAL

María Boado y Olga Álvarez, una fiscal y una magistrada que un día sí y otro también tienen que mirar a la cara a alguna víctima de violencia de género, pusieron ayer por primera vez en las Cortes, ante los ojos de sus señorías, los legisladores, el cuadro más realista de la lucha judicial contra esta lacra, que el año pasado dejó en la Comunidad seis mujeres muertas a manos de sus parejas o exparejas.

El cuadro que pintó ayer la fiscal coordinadora de violencia de género de la Comunidad, María Boado, basado en una experiencia sobre el terreno que se remonta al año 2004, es muy feo: «Apenas se denuncian estos casos y, si no hay denuncias, la Fiscalía no puede actuar para proteger a estas víctimas de especial vulnerabilidad». A ellas y sus hijos. Pero ¿Cómo conseguir que denuncien cuando hay factores de especial vulnerabilidad, como la relación afectiva con el agresor, la dependencia económica y sentimental, la existencia de hijos y el hecho de que el agresor ejerce esa violencia en el hogar para asegurarse la impunidad? Para Boado, y en ello coincidió la magistrada de lo Penal de Palencia y coordinadora de comunicación del TSJ, Olga Álvarez, el principal mecanismo para que la mujer maltratada salga de ese círculo es «su apoderamiento frente al agresor» y el primer paso es que sea conocedora de sus derechos, «que sepa lo que podemos hacer por ella». Pero esa información no siempre es accesible para la víctima, especialmente en el medio rural. «Es verdad que no puede haber un CEAS en cada pueblo o una oficina de atención a la víctima, pero tenemos que conseguir que cualquier mujer de la Comunidad sepa sus derechos y reciba la misma información en Burgos que en Ávila». La responsabilidad para con las víctimas y también la denuncia de estos casos, insistió la fiscal, es de todos. Considera necesario crear protocolos de denuncia a la manera del que ya existe en el sistema sanitario «y que es un ejemplo de buen funcionamiento». Porque, subrayó, «muchas veces no hay que esperar a que la víctima se decida porque ocurre que ella no siempre es consciente del riesgo que corre». Así pasó con la última víctima de León, asesinada por su marido, con el que volvió por humanidad porque tenía cáncer, y cuando recibió

la llamada de seguimiento de la policía les dijo que todo estaba bien. Pocas horas después, su marido la asesinó. Ese es el segundo problema del diagnóstico: la valoración del riesgo que tiene la víctima y quienes la protegen, porque ese riesgo es cambiante durante todo el procedimiento. Esa evaluación del riesgo tiene que ser más personalizada, porque el peligro para la mujer puede crecer, si el agresor conoce que ella tiene una nueva pareja, o se le embarga parte del sueldo o tiene miedo de perder a sus hijos. Pero no hay policías suficientes para los seguimientos a cada una de las víctimas. De ello se ocupa la Policía Nacional y la Guardia Civil en el medio rural. Sería positivo, apuntó la fiscal coordinadora, que se dedicaran más policías a esta tarea, e incluso que participara la Policía Local.

Las denuncias son escasas y son solo la punta del iceberg de los casos de maltrato que no salen a la luz. Pero, además, la gran frustración es que esa

denuncia, cuando está en marcha el enjuiciamiento, es retirada por la víctima y el juez se ve obligado a archivar el asunto. Y ello ocurre en un porcentaje elevado. Si el caso sigue adelante, la perspectiva para la mujer, subrayó la fiscal, «es como una operación quirúrgica, que se pasa mal pero es para sentirse mejor».

Doble victimización

Pero los tiempos judiciales pueden resultar disuasorios o producir una doble victimización, reconoció, porque hasta que se resuelve el caso puede pasar una media de un año. ¿El motivo? Las unidades de valoración y los equipos técnicos de familia que realizan los estudios psicosociales tardan en emitir sus informes unos ocho meses. Tienen poco personal y no solo se ocupan de los casos de violencia de género. Otro de los caballos de batalla de la Fiscalía es que los puntos de encuentro familiar de la Junta para las entregas y recogidas de los menores son pocos y están saturados porque no solo son utilizados para las familias con problemas de malos tratos. Están también a disposición de los juzgados de familia en casos de toxicomanías de progenitores, para asuntos de protección de menores. A ello se añade la peculiaridad de la gran extensión de Castilla y León, que suponen desplazamientos muy largos. Sería conveniente que, cuando los puntos de encuentro están lejos de la residencia del menor, se habilitaran puntos intermedios en escuelas de pueblos próximos.

Cuestión de medios, pero también, y en ello insistieron mucho las dos juristas, de concienciación por todos los canales posibles. Con especial incidencia en los centros docentes. «Hay que ir a los colegios a decirle a los chicos que zarandear del brazo a una compañera es un delito», remachó la fiscal.

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