Jueces para la Democracia convierte a Castilla y León en el altavoz nacional de sus reivindicaciones

Jueces para la Democracia convierte a Castilla y León en el altavoz nacional de sus reivindicaciones

El Museo de la Ciencia de Valladolid alberga los días 2 y 3 de junio el 31 Congreso Nacional de la asociación, 'Nuevos tiempos, nuevas propuestas. Derechos, libertades y garantías'

M. J. PASCUALvalladolid

Castilla y León es la comunidad elegida por Jueces Para la Democracia, que preside Ximo Bosch, para debatir y perfilar el marco legislativo que presentará al Gobierno que salga de las urnas del próximo 26 de junio. La asociación de jueces y magistrados celebrará los próximos días 2 y 3 de junio en el Museo de la Ciencia de Valladolid su 31 Congreso Nacional, que desarrollará bajo el lema 'Nuevos tiempos, nuevas propuestas. Derechos, libertades y garantías.

Los jueces que forman parte de la comisión de Derecho Privado de JpD ya ha elaborado un conjunto de 21 propuestas para la nueva legislatura, que se debatirá en el congreso de Valladolid. Estas propuestas se concentran, indican los artífices de las mismas, «en dos áreas gravemente necesitadas de una administración pública eficiente»: la protección de los derechos de los consumidores, y en particular en lo relacionado a una vivienda digna, y las operaciones de las entidades financieras o similares, tanto con consumidores como con autónomos o pequeñas y medianas empresas con las que no existe una igualdad de negociación real, que en definitiva no son sino el cumplimiento de los artículos 51 y 47 de la Constitución Española.

Protección a los consumidores

Algunas medidas son de carácter legislativo, pero otrasm subrayan desde Jueces para la Democracia, «solo requieren que los partidos tengan voluntad política de efectividad en el cumplimiento de las leyes y exijan y doten a las administraciones para una eficaz protección preventiva de los consumidores».

Entre la veintena de medidas que apuntan está la de aprobar una ley que desarrolle el artículo 51.1 de la Constitución, en cumplimiento de las directrices de la Unión Europea, que regule los deberes y facultades de los jueces en el proceso civil, cuando es parte un consumidor, para eliminar las cláusulas abusivas.

Además, se insta al nuevo Gobierno a que obligue a los bancos a someterse a la mediación antes de acudir a la vía judicial, especialmente cuando los contratos con los consumidores particulares puedan comprometer la vivienda familiar o los ingresos mínimos de la unidad familiar.

Otra propuesta es establecer legalmente tipos máximos de interés moratorio en la contratación con consumidores, de conformidad con los criterios establecidos por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Controlar a los prestamistas abusivos

La cuarta medida legislativa es la de adoptar medidas dirigidas a controlar a personas y entidades que, sin estar sujetas a la fiscalización del Banco de España o de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, se dedican a actividades de préstamo, imponiendo en muchos casos intereses usurarios y abusivos.

Entre otras, consideran indispensable defender el deber de información, evitar por ley la concesión abusiva de crédito, corresponsabilizando a quienes conceden crédito de manera irresponsable, eliminar de manera efectiva las cláusulas abusivas de los contratos, promover un fondo de viviendas y elaborar una ley que aborde las causas subyacentes en los impagos de los préstamos hipotecarios y que trate de evitar las ejecuciones hipotecarias, «pues la legislación de segunda oportunidad es manifiestamente limitada e insuficiente».

En su defecto, consideran necesario reformar la Ley de Enjuiciamiento Civil para que, en los procesos judiciales de ejecución hipotecaria de viviendas habituales, los jueces puedan evaluar, caso por caso, la proporcionalidad y razonabilidad del desalojo hipotecario, mejorando la defensa y protección de los derechos de las personas afectadas.

Los asociados debatirán además sobre la necesidad de que se apruebe una Ley de Inembargabilidad que garantice la protección al deudor en riesgo de exclusión social. «Esa ley tiene que garantizar coordinación entre las administraciones públicas y tribunales que inciden el mismo patrimonio de un deudor para evitar la concurrencia de varios juzgados embargando la misma cuenta, pensión o salario, de modo que convierten los vigentes límites de la LEC en papel mojado».

Es importante, en resumen, hacer lo posible para «no tocar la vivienda habitual».

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