Los jueces tiran de estadística para pedir que se dupliquen las salas del TSJ en Valladolid

Seguramente magistrados como Feliciano Trebolle, Ignacio Rafols y Jesús Pérez Serna, presidentes de las audiencias provinciales de Valladolid, Palencia y Zamora, así como los otros seis presidentes de estos tribunales en Castilla y León, incluido el que elegirá en breve el Consejo General del Poder Judicial para la plaza de Segovia, hoy vacante, son conscientes de que serán los encargados de echar la llave a los tribunales por excelencia y que mejor funcionan en la actual estructura de la Administración de Justicia de España.

Las audiencias provinciales, como ocurrirá con los partidos judiciales, la justicia de paz y los juzgados unipersonales, desaparecerán con la puesta en marcha de los nuevos tribunales provinciales de instancia, que serán la nueva unidad del mapa judicial que se contempla en el Anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial. El pleno del CGPJ de este jueves tiene previsto votar su informe sobre este Anteproyecto en tramitación, y los jueces ven con buenos ojos los tribunales provinciales de instancia «por la necesaria especialización», aunque consideran que tiene que establecerse de manera más clara en la Ley, entre otros aspectos, lo que va a ocurrir y qué papel van a jugar en el nuevo organigrama los expresidentes de las audiencias provinciales cuando se extingan los tribunales tradicionales.

Vía intermedia

Sobre todo, indicó el magistrado Feliciano Trebolle, hay que buscar «una vía intermedia» a los presidentes de las audiencias pequeñas como Ávila, Segovia, Palencia, Zamora y Soria, magistrados que van a pasar de dictar resoluciones en recursos de apelación y jucios graves, como los de tráfico de drogas a asumir un papel menos importante». En principio, apunta el presidente de la Audiencia de Palencia, Ignacio Rafols, la idea es que los presidentes de audiencias pasen a presidir los tribunales de instancia «salvo en las provincias con el TSJ, donde pasarían a presidir alguna de las salas, aunque también están los jueces decanos en el limbo, pero no está concretado para evitar conflictos», En principio, los presidentes de las audiencias, que tuvieron su congreso nacional anual en Zaragoza a primeros de mes, abordaron el asunto casi de manera colateral, más preocupados por cuestiones técnicas del día a dia o de, por ejemplo, cómo organizar las vistas de los macrojuicios, antes de detenerse demasiado en el Anteproyecto de la LOPJ, que lo ven muy a largo plazo por mucho que el ministro, Alberto Ruiz-Gallardón pretenda que la Ley esté aprobada antes de que acabe la legislatura. Rafols indica que «aunque quieren que se apruebe antes de septiembre de 2015, el desarrollo previsto de esta ley es de tres a cinco años, muy largo me lo fiáis».

Otra cosa será la Ley de Demarcación y Planta que tendrá que «desarrollarla» y en la que se establecerá el nuevo mapa judicial real, con los nueve tribunales de instancia en cada provincia de la comunidad y la posibilidad, que dejó abierta el titular de la cartera de Justicia, de las «sedes desplazadas» en localidades no capitales de provincia que, por su volumen de asuntos o población se considere adecuado mantener.

El escollo

Pero lo cierto es que la propuesta realizada en 2013, a petición del Gobierno, por la Comisión Institucional para la Elaboración de una nueva Ley de Demarcación y Planta Judicial, es la única que existe negro sobre blanco a fecha de hoy y establece las sedes de TPI en cada capital de provincia, cada uno con sus cuatro salas por jurisdicciones (civil, penal, contenciosa y social). El informe (y también lo hace el Anteproyecto de la LOPJ en trámite) otorga nuevas competencias que refuerzan al Tribunal Superior de Justicia, con sede en Burgos, que no pierde la capitalidad judicial de Castilla y León y mantiene la jurisdicción sobre las provincias de Ávila, Burgos, Segovia y Soria, aunque se propone que se completen las dos salas que ya existen del TSJ en Valladolid (contenciosa y social) con las salas de lo civil y de lo penal.

Una solución que buena parte de los jueces aplaude, dado el volumen de asuntos que se tramitan en Valladolid (que tiene jurisdicción sobre las provincias de León, Palencia, Salamanca, Valladolid y Zamora), pero no así los políticos. Sobre todo, los de Burgos, con su alcalde a la cabeza, Javier Lacalle, y el PP en general. También la Junta ya ha manifestado que no apoyará el desdoblamiento de sedes, pero desde las instancias judiciales se insiste en que se luchará, con la estadística en la mano, para que se amplíen las salas del TSJ en la capital vallisoletana por una cuestión de «racionalización del trabajo». Para el presidente de la Audiencia de Valladolid, que comulga con el planteamiento también defendido por activa y por pasiva por el presidente del TSJ, José Luis Concepción, el desdoblamiento de salas es necesario . «Si las salas de lo penal y de lo civil van solo para Burgos, se choca completamente con el principio de racionalización del trabajo», sostiene el magistrado, y alude al ejemplo de Andalucía, «donde hay salas en Granada, Málaga y Sevilla, porque es también una comunidad autónoma muy amplia». En el caso de Valladolid, sostiene que «al igual que existen en lo social y lo contencioso, deben existir en lo civil y lo penal». indica que le llama la atención que el Ejecutivo autonómico «apoye que Burgos tenga en exclusiva las salas de lo civil y lo penal con el argumento de que es descafeinar el TSJ, que es completamente falso». En este sentido, explica que, hasta la fecha, Burgos conoce solo los asuntos de la capital y la provincia, «pero si prospera el anteproyecto, pasará a conocer los asuntos penales y civiles también de Ávila, Segovia y Soria, así que es mentira que sus competencias mermen. Por el contrario, se amplían, así que no existe el problema, es ficticio».

Esgrime además Trebolle, y lo corrobora el juez decano de los jueces de Valladolid, Ignacio Segoviano, que solo el volumen de trabajo ya justifica que se completen las salas. Ofrece, como ejemplo, datos de 2013: un juzgado de instrucción penal de la capital vallisoletana ve 6.500 diligencias previas; un juzgado de Burgos no llega a 3.600.

El mayor perjuicio de mantener esta postura en contra de duplicar las salas no solo será para el justiciable, porque una apelación penal de un asunto de provincias adscritas a Valladolid, como Zamora, tendría que verse en Burgos, sino también, argumenta, para los profesionales, «abogados, procuradores y notarios», mientras que «si se crean las salas de lo civil y de lo penal salen ganando, porque pasarán a tener más amplitud de competencias».