Castilla y León ha ejecutado menos de la mitad de los 232 millones que recibió para repartir en ayudas

El plazo de presentación acabó el 15 de septiembre y el de aprobación de los expedientes, que deben pasar por la Agencia Tributaria, concluye el próximo 31 de diciembre. Después habrá un periodo de justificación y devolución de los fondos, hasta el 30 de junio de 2022.

El consejero de Economía y Hacienda de la Junta, Carlos Fernádez Carriedo, ha culpado a los estrictos requisitos impuestos por la vicepresidenta Calviño y así se lo hizo saber mediante una carta, en la que le solicitaba que flexibilizase las medidas, que según ha aseverado, perjudican especialmente a Castilla y León.

Las pymes y autónomos deben justificar un 30% de pérdidas unido a un proceso de endeudamiento para afrontar los gastos. Según Carriedo, en la región hay muchas que han empleado sus ahorros y su patrimonio para superar por la crisis y no pueden justificar haber recurrido a créditos. El porcentaje de pérdidas mínimas debería también ser más bajo, según el consejero, para dar cabida a mayor número de beneficiarios.

Ha recordado que Castilla y León fue la segunda comunidad autónoma que más rápidamente convocó las ayudas y ha explicado que está entre las que más tiempo ha tenido el plazo abierto para su petición, con varias ampliaciones. Además, la Junta amplió los códigos de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE) de empresas posibles aspirantes a las ayudas de los 96 fijados por el Gobierno hasta 590, el 97% del total. Con tan bajo grado de gasto, el consejero ha reclamado a la vicepresidenta que el sobrante millonario pueda ser destinado por la comunidad a ampliar el espectro de ayudas a las empresas que en la actualidad sufren de rotura de stocks

La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) ha asegurado en un comunicado que las autonomías tendrán que reintegrar al Estado más de 2.500 millones de euros de los fondos covid sin asignar y ha criticado el «esperpento» en la gestión del rescate por parte de Economía y de las autonomías.

La planificación de los 7.000 millones de ayudas previstas hasta final de año «ha sido un auténtico despropósito, desde su concepción por parte del Ministerio de Asuntos Económicos, hasta las adaptaciones que se han desarrollado en el seno de los Gobiernos autonómicos», señala UPTA, que cifra en unos 180 millones los que tendrá que reembolsar Castilla y León por no haberlos ejecutado en ayudas.