Castilla y León aumentará la vigilancia sobre los «incívicos» que se salten la cuarentena

Pero la pedagogía, sin sanción, no funciona. Este axioma lo aprendió la DGT, que implantó el carné por puntos y endureció las multas, y lo ha asumido como propio la Junta de Castilla y León, que se ha aliado con el Gobierno para aumentar la vigilancia sobre las personas en cuarentena. Esto es, que todos aquellos ciudadanos que han dado positivo en la prueba PCR y sus contactos directos, determinados por el rastreador que se encargue del caso y los centros de salud, deben guardar diez días de confinamiento para evitar propagar el virus.

Alfonso Fernández Mañueco, presidente de la Junta, y Javier Izquierdo, delegado del Gobierno, emularon a Ayuso y Sánchez y firmaron un protocolo que establece un objetivo claro, endurecer la vigilancia contra «una minoría de irresponsales, insolidarios, de comportamientos incivicos», los calificó Mañueco, que no respetan la cuarentena. El documento deja algunas dudas. Fuentes de la Consejería admitían que «es difícil saber» cuántas personas se encuentran en situación de cuarentena en estos momentos, pero de entrada hay 24.265 casos activos en Castilla y León.

En relación a esto debe situarse qué capacidad real de vigilancia hay. Mañueco e Izquierdo hablaron de «controles aleatorios, personales y telefónicos» de las personas en cuarentena. Sin embargo, no supieron indicar cuántos efectivos se destinarán a estas labores ni cuándo iban a empezar a operar, aunque se supone que en cuestión de horas. «El protocolo es efectivo desde que se firma. A partir de ahí, en cuanto a número de efectivos, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tienen otros cometidos y hay que diseñar bien los controles», dijo el delegado del Gobierno. Mañueco explicó que se coordinará a través del Cecopi (Centro de Coordinación Operativa Integrada), tanto en su versión regional como, a partir de ahí, en las provinciales. Aunque se rechazó que se fuera a recurrir de momento al Ejército para aumentar los dispositivos de control y vigilancia, lo cierto es que ni Policía Nacional ni Guardia Civil parecen en disposición de añadir un contingente muy extenso a esta labor.

El sindicato de policía Jupol envió ayer una nota de prensa, tras reunirse con el propio Javier Izquierdo, en la que explicaba que carecen de medios materiales y humanos adecuados. «Faltan unos 150 agentes de Policía Nacional en Valladolid», calculaba. «La plantilla idónea para la capital vallisoletana sería de 840 agentes y actualmente solamente se cuenta con 590 funcionarios», explicaba el sindicato.

En el mes de febrero, una pregunta de un diputado de EH Bildu, Jon Iñarritu, en el Congreso permitía conocer el número de efectivos de Policía Nacional y Guardia Civil en Castilla y León. Los primeros suman 2.835 agentes, frente a los 3.123 que llegaron a ser en el año 2011, cuando se registró el mayor número de policías desde 2004, según los datos aportados por el Gobierno. La Guardia Civil, mientras tanto, llegó a tener 7.228 en el año 2009, y a 31 de marzo de este año contabilizaba 6.632, que se han visto aumentados en poco más de cien tras el concurso de traslados.

A las cifras hay que añadir un matiz, además. Computan «situaciones administrativas de activo, reserva ocupado y alumno en prácticas». Así, con ambas plantillas lejos de su momento de máximos, el protocolo incide en la necesidad de contar con las entidades locales que tienen Policía Municipal. El documento señala que será tarea de la Delegación del Gobierno, a través de Policía Nacional y Guardia Civil, «colaborar y apoyar al personal inspector y miembros de las policías locales para garantizar la correcta aplicación de las medidas de prevención y control para hacer frente a la covid-19, así como en la denuncia de aquellos hechos que pudieran dar lugar a la incoación de un procedimiento sancionador».

Una de las dificultades de poner en marcha este apoyo policial a la labor sanitaria estriba en la privacidad de los usuarios. Por eso el protocolo incluye en su articulado que «se comprometen a mantener la confidencialidad de todos los datos e informaciones facilitados por la otra parte» y que ambas deben «mantener dicha información en reserva y secreto y no revelarla de ninguna forma».

En dos atriles bien separados, con las banderas de Castilla y León, España y la UE, la recreación castellana y leonesa del encuentro Ayuso-Sánchez fue cordial hasta que entró en juego Madrid. Mañueco defendió que «a nadie le gusta tomar decisiones restrictivas pero», recordó, «se busca la protección de la vida y la salud de las personas de Madrid». Izquierdo terció para matizar que «las medidas deben ser dialogadas y comprensibles», enfatizó, «entendibles por parte del conjunto de la población». Un recado político con referencia incluida a que «el presidente del Gobierno tiene el ánimo de colaborar con Madrid».