«Vox nos ataca porque donde hay sindicatos hay mejores condiciones de trabajo, de vida y de salarios»

-De los últimos desencuentros que han tenido con el Gobierno (a cuenta de la subida del salario mínimo, cambio del sistema de cálculo de las pensiones, el estatuto del becario…), ¿cuál diría que es el que más le sorprende o le parece más decepcionante?

-El salario mínimo interprofesional. No hay ninguna razón para que el Gobierno no lo haya aprobado. Cuando se es coherente se dice lo mismo por la mañana y por la noche. Si dices que vas a actuar para repartir la riqueza del país, tienes que llevarlo al BOE. Pero todos los temas tienen su peso. En cuanto al cálculo de las pensiones, es cierto que en Europa se toman en cuenta más años y que la pensión supone el 60-70% del último salario, frente al 82% de aquí. Pero comparémoslo todo, porque también es cierto que no hay ningún país en la UE donde haya que cotizar al menos 15 años para tener una pensión.

-Con gastos crecientes en este apartado y otras medidas como el ingreso mínimo vital, ¿lo van a soportar los ingresos?

-Los de la Seguridad Social, sí. El Estado, este año ha reconocido por fin los gastos impropios que no van a pensiones y ha ingresado 21.000 y pico de millones de euros que se van a quedar en su presupuesto. Ahora solo hace falta el destope de las cotizaciones y que los salarios altos aporten como, por ejemplo en Portugal, donde cotizan el doble que en España, o en Francia o Alemania. Con eso se cubre la financiación definitiva.

-¿Necesita España inmigrantes para su mercado laboral con tres millones de parados? ¿Qué pasa en esos sectores, construcción, hostelería... que dicen que no encuentran personal cualificado?

-Aquí pasan dos cosas. Una: que los parados en este país, y lo afirmo, no reciben ofertas de trabajo. Nadie les llama para hacer un currículum, ver en qué sectores pueden trabajar y acompañarlos en la reinserción laboral. En Castilla y León es especialmente grave porque la mayoría son parados de larga duración. Los servicios de empleo que tenemos son raquíticos. En los países nórdicos, cada orientador laboral tiene a su cargo 100 desempleados; aquí, 2.500. Segunda: las empresas tienen que pagar más. Con los salarios actuales de esos sectores que dicen no encontrar mano de obra es imposible que un trabajador se desplace de provincia y pueda pagar un alquiler.

-¿Les ha consultado el Gobierno su opinión sobre la idea de promover contrataciones en origen?

-¿Para qué hacen falta? Esos trabajadores ni siquiera están esperando que vayamos a contratarlos y, además, los tenemos aquí. Me parece una cosa un poco estúpida. ¿Por qué no formamos a los que están en el paro? Porque las empresas prefieren a trabajadores mucho más dóciles, que vienen por un tiempo limitado dispuestos a trabajar las horas que les pidan y en las condiciones que sea. Otra cosa sería que necesitásemos gente de alta cualificación. Pero eso de que hablen de carencias masivas... ¿dónde están las ofertas? Veo pocas.

-¿Ve al Gobierno bipartido bien sintonizado? ¿Se lleva mejor UGT con la parte socialista del Gobierno o con la de Unidas Podemos?

-Nos llevamos bien con el Gobierno a veces y otras, no. Discrepamos con Trabajo, con la vicepresidenta económica o la ministra de Transportes, que lleva Vivienda. Lo importante es que el director de orquesta cumpla y coordine. No me parece mal que los gobiernos discutan y tengan debates. Lo que no es de recibo es que haya un vicepresidente que dice lo contrario del presidente, como sucede no en el Gobierno sino en alguna comunidad autónoma....

-Los fijos discontinuos no computan como parados y eso es así desde 1985; pero hasta hace unos meses eran un colectivo reducido que se ha ampliado mucho tras la reforma. ¿Debería cambiarse su consideración mientras no trabajan?

-El Ministerio ha dicho que va aportar más datos y me parece bien. Pero eso no quita ni un ápice del salto adelante que hemos dado con la reforma laboral. No es cierto que los fijos discontinuos disfracen los datos de empleo. En España se han hecho siete millones de contratos indefinidos y solo 50.000 son fijos discontinuos. Esa cantidad no distorsiona las estadísticas, como algunos quieren hacer ver para cuestionar la reforma. Y aún hay otro argumento: los datos del paro registrado en las oficinas y los estimados por la Encuesta de Población Activa, que son los homologados con la UE, están en estos momentos más cerca que nunca. Tiene que haber más fijos discontinuos en un país como España, con mucho trabajo de temporada, en el campo, en parte de la industria, en la hostelería, el turismo... En relación con Castilla y León, se habla mucho de asentar a las personas en el territorio y los fijos discontinuos son un gran instrumento en este sentido. Tenemos que ser capaces de, en el trabajo agrícola, hacer una concatenación de contratos de diferentes cosechas en un radio de 100 kilómetros. Serviría, además, para profesionalizar estos trabajos.

-En cuanto a la inflación, ¿ve adecuadas y suficientes las medidas adoptadas (IVA, cheque de ayuda…) por el Ejecutivo?

-Somos bastante contrarios a bajar el IVA o los impuestos, como presiona la derecha. Las bajadas de IVA tratan a personas desiguales como si fueran iguales, Somos más partidarios de que el Estado recaude el IVA y redistribuya la ayuda. A muchas personas no les hace falta que les bajen un 4% y a otras, eso apenas les sirve de ayuda. Después está el hecho de que las bajadas de impuestos se los comen los beneficios empresariales. Estamos hartos de decirlo. La bajada de impuestos no se traslada a los precios. Igual que la bajada de la luz no se ha repercutido en la restauración. Oí a muchos quejarse de que el precio de la luz triplicaba costes y subieron los menús. Ahora que la luz ha vuelto a la situación anterior no he visto que hayan bajado esos menús.

-¿Se puede decir que las empresas, así, en general o en su totalidad, están teniendo beneficios como para subir más los salarios?

-Sí, sin ninguna duda. Seguro que hay una parte pequeñita que no puede, pero siempre tienen la posibilidad de pedir un descuelgue del convenio colectivo. No nos engañemos, la legislación permite que las empresas que no pueden pagar la subida, lo soliciten, lo justifiquen y así sea. De manera absolutamente mayoritaria, las empresas están teniendo unos beneficios altísimos. Las del Ibex-35 llegan a niveles de usura. Hay algunas empresas a las que no les va bien y no les iría bien aunque no pagaran sueldos en absoluto, y son esas las que nos ponen como ejemplo. Ayer mismo, Oxfam Intermon decía que seis puntos de los salarios se han ido a que los ricos sean más ricos.

-¿Siguen a la mesa con la CEOE en busca de un acuerdo de Negociación Colectiva o el acuerdo es imposible?

-Se levantaron y dejaron de atender las convocatorias. Espero que esto cambie en 2023 o iremos a una situación de conflicto. Es indiscutible que en España, en 2022, los que han ido a la huelga, todos, han logrado subidas como el IPC o superiores. En los sectores donde las empresas saben que (los sindicatos) tenemos fuerza, lo hemos visto en el Metal de Navarra y de Barcelona, no necesitamos bajarnos del taxi para firmar esos convenios. Allí donde las personas están separadas y hay menos organización sindical, eso no ocurre. No se afilia más gente porque no tenemos capacidad organizativa suficiente para ir a pedírselo. Tenemos que trabajar en este sentido en los sectores más indefensos porque donde hay sindicatos hay mejores condiciones de trabajo, de vida y de salarios. Cuando la extrema derecha tiene como objetivo fundamental hacer desaparecer a las organizaciones sindicales, algo que en Castilla y León se está viendo y clama al cielo, es porque los poderosos quieren poder hacer lo que quieran con los trabajadores. Solo por eso ya la gente debería afiliarse, más allá de chistes fáciles y tópicos como los de las mariscadas.

-¿Cómo de al corriente y cómo de preocupado está por las decisiones que promueve Vox en Castilla y León desde la Consejería de Industria y Empleo?

-Toda España mira a Castilla y León. Antes, con Juan Vicente Herrera, la miraban mucho por su capacidad de diálogo permanente. Era un ejemplo. Hoy, por desgracia, la miran por todo lo contrario. El ataque al SERLA va claramente en perjuicio de los trabajadores y nos preocupa que Castilla y León se convierta en un experimento de las políticas mas ultras de Europa. Es tremendo que el vicepresidente compare Castilla y León con Hungría. La ultraderecha es muy falsa y contradictoria. Quieren más competencias para el Estado central, sobre todo en Sanidad y Educación, y después desde su puesto en el gobierno de Castilla y León utilizan las competencias para intentar mermar derechos en un tema estatal como el aborto, donde no tienen ninguna competencia.

-¿Y qué le parece la respuesta que está dando la unión regional de UGT a la cruzada de Vox contra los sindicatos?

-Es la que debe ser. Hay que explicar a los castellanos y leoneses que cuando hablan de subvenciones lo mezclan todo con el presupuesto de programas finalistas. La historia de que nos quitan no sé cuánto dinero es falsa. Lo que quitan son servicios que prestaban los sindicatos a los trabajadores de Castilla y León. El sindicato tiene que ser un pie en pared contra la ultraderecha y dar una respuesta que propicie el cambio de la actual mayoría política.

-Puesto que tanto ustedes como la patronal hablan de incumplimientos de acuerdos firmados, ¿sería partidario de trasladar el choque a los tribunales?

-Por tierra, mar y aire. No hay que desaprovechar ninguna vía. La respuesta en la calle se irá fraguando. La legislación laboral es estatal y ahí poco pueden incidir, pero atacan a colectivos de trabajadores porque les hurtan el derecho a formarse, llaman vagos a los parados, después dirán que es por los subsidios... el disco rayado de la ultraderecha aquí, en Francia o en Hungría.

-Llevan a gala su postura de criminalizar a los sindicatos y acusarles de subvencionados, etc. ¿Quiere explicar para qué las reciben?

-Cuando quiten las subvenciones estarán quitando derechos a los trabajadores. Los sindicatos tenemos la obligación legal de trabajar no solo para nuestros afiliados, sino para el conjunto de trabajadores. Cuando negociamos sobre las pensiones, el salario mínimo o la contratación indefinida afecta a todas las personas y no solo a los afiliados. Sucede en todos los países europeos. La UGT cobra en cuotas en torno a 100 millones al año y el 50% va dedicado a lo que yo denomino el bien común: trabajar para los no afiliados. Eso lo debe pagar el Estado.