ACOR aprueba sus cuentas con un beneficio bruto de 1,5 millones

La reunión de los cooperativistas de ACOR, celebrada hoy en la planta del municipio vallisoletano de Olmedo, ha aprobado hoy unas cuentas cuyo saldo positivo se sustenta en la política de contención de gastos en la gestión de la cooperativa, la ligera mejoría del precio de venta del azúcar y la reducción del coste unitario de la energía, según el comunicado aportado por la compañía.

El presidente de ACOR, Carlos Rico, ha explicado que la aportación a cada socio ha alcanzado un importe equivalente a 43,5 euros por tonelada de remolacha tipo, tras considerar las ayudas oficiales de la Administración y las aportaciones de la Cooperativa de 7,24 euros por tonelada, además del retorno cooperativo de 1,5 euros por tonelada de remolacha amparada en participación.

La asamblea ha requerido de las administraciones que mantengan «este apoyo nacional y regional al cultivo remolachero más allá del año 2020», cuando está previsto que culminen las ayudas públicas a este sector productivo, que en esta campaña ha afrontado el fin de las cuotas dictado por la Comisión Europea, según informa Efe.

Rico ha destacado el incremento del 82% en la superficie de cultivo de remolacha en Castilla y León y la asamblea ha acordado que toda la remolacha recogida por la cooperativa tenga la misma consideración que la raíz contratada a pleno precio y se incremente la opción de contratación consolidada del remolachero para la próxima campaña.

Con estas medidas, ACOR considera que la remolacha se convertirá en «el único cultivo que salve la rentabilidad de las explotaciones» y compensará el «duro año que está padeciendo el sector agrario» como consecuencia de la sequía.

La asamblea ha ratificado también un acuerdo para continuar con las inversiones en la fábrica que sirvan para estabilizar o reducir el gasto energético y disminuyan el impacto ambiental a través de las energías renovables, incluidas las realizadas por los cooperativistas.

En este sentido, Rico ha destacado la intención de la Junta de Castilla y León de impulsar una línea de ayudas para apoyar infraestructuras que repercutan en la competitividad de las explotaciones por la vía del ahorro energético, y que podrán alcanzar hasta el 30% de las inversiones.