Los 530.894 perros censados en Castilla y León tendrán que estar asegurados a terceros

La Ley de Bienestar Animal, que ha pasado el trámite del Senado por la mínima, sin consenso, sin el respaldo de los colegios profesionales y con un procedimiento de urgencia, vuelve al Congreso una vez extirpado uno de sus puntos calientes, la supresión de la categoría de perros potencialmente peligrosos por la de «especial manejo», porque en el último momento se eliminó, antes de llegar a la Cámara Alta, la derogación de la Ley 50/99, de forma que estas razas mantienen su regulación especial. En este catálogo especial figuran las razas akita inu, american staffordshire terrier, staffordshire bull terrier, perro de presa mallorquín, fila brasileño, presa canario, bullmastiff, american pitbull terrier, rottweiller, bull terrier, dogo de Burdeos, tosa inu, dogo argentino, doberman, dogo del Tibet y mastín napolitano.

Todos los ejemplares pasarán un «test de sociabilidad» y sus propietarios tendrán que suscribir un seguro obligatorio. Hasta ahora, solo los tenedores de PPP, además de solicitar una licencia administrativa al Ayuntamiento, tienen que formalizar esa póliza de responsabilidad civil por daños a terceros, con un capital medio que esté entre los 120.000 y 180.000 euros, con un máximo de 350.000 euros. En concreto, en Madrid y País Vasco, donde ya existe la obligación de que todos los canes tengan un seguro a terceros, el capital de la póliza no puede ser inferior a 120.000 euros. La nueva ley aún no especifica el mínimo de cobertura para los perros no categorizados como peligrosos. Las cuotas de las pólizas por responsabilidad civil varían en función de las compañías aseguradoras. Por un seguro a terceros contratado con un capital de 200.000 euros, la oferta es muy variada, con cuotas que pueden ir desde 7,85 euros al mes. Depende también de la raza del animal. Dentro de las PPP, asegurar un american terrier por responsabilidad a terceros puede estar en 39 euros al año, mientras que a un labrador se le puede asegurar por 18 euros anuales. Estos precios no incluyen otras coberturas, como la asistencia veterinaria.

La norma establece otras nuevas condiciones para los propietarios, como la prohibición de dejar un perro solo más de 24 horas, creará un listado limitado de especies permitidas, acotará la eutanasia a casos muy específicos y controlará la cría de animales.

En paralelo, se modifica el Código Penal respecto de la penalización del matrato a los animales. Un cambio normativo que ya ha suscitado advertencias respecto de la posible despenalización de la zoofilia si no hay lesiones en el animal, sobre el retroceso que puede suponer en las penas que puedan ser conmutadas por multas o el temor a que se penalice «matar una rata», al ampliar la protección a todos los animales vertebrados en sustitución del término «animal doméstico». Así, el castigo por muerte es de seis a 18 meses de cárcel o multa de 18 a 24 meses, en el caso de ser denunciado. La horquilla de los importes de las sanciones que contempla la nueva norma a pagar irá desde los 500 hasta los 200.000 euros, dependiendo de la infracción. Las leves se sancionarán con apercibimiento o multa de 500 a 10.000 euros; las graves, irán de 10.001 a 50.000 euros y las muy graves, desde los 50.001 hasta 200.000 euros.

Al haberse aprobado enmiendas, la norma vuelve al Congreso y una vez se apruebe, la entrada en vigor de la ley se producirá a los seis meses, cuando se publique en el Boletín Oficial del Estado. La ley dice que los animales deben mantenerse «en unas condiciones de vida dignas», que serán estipuladas mediante un reglamento. Además, no se podrá dejar solo a cualquier animal de compañía durante más de tres días consecutivos; y en el caso de los perros, este plazo no podrá ser superior a veinticuatro horas seguidas.

La ley busca el «sacrificio cero» de las mascotas y solo se podrá practicar la eutanasia en condiciones muy concretas. De hecho, este es uno de los puntos que critican los veterinarios.

La cría de perros solo podrá ser ejercida por aquellos que estén inscritos y certificados como criadores profesionales. En caso contrario, el dueño podría enfrentarse a sanciones de entre 500 y 10.000 euros. Según el texto, los dueños no inscritos como criadores tendrán que «adoptar las medidas necesarias para evitar la reproducción incontrolada de los animales de compañía». Es decir, o la esterilización o el control del animal. La esterilización que sí será obligatoria en todos los casos es la de los gatos a partir de los seis meses, que además tendrán que ser identificados con microchip.

También se mantiene el curso de tenencia responsable de canes. Las personas que opten a ser titulares de perros deberán acreditar la realización de un curso de formación que será será gratuito y su contenido se desarrollará a posteriori, una vez aprobada la ley. Además, los dueños de perros deberán hacer, junto con sus perros, otro test para valorar su aptitud «para desenvolverse en el ámbito social».

La venta, de perros, gatos y hurones solo podrá realizarse por criadores. Todos los animales que se vendan deberán estar identificados y deberá notificarse al registro en los tres siguientes días. Las tiendas donde se comercialicen perros, gatos y hurones dispondrán de un plazo de 12 meses tras la entrada en vigor de esta ley para finiquitar su actividad.

Además, se crearán seis listas que identificarán las mascotas que podrán tenerse. Es el llamado 'listado positivo', que se desarrollaría tras la aprobación de la ley.