«Si una persona acepta un contrato de dos horas porque no hay de ocho, tenemos un problema»

Con el Informe sobre la Situación Económica y Social de Castilla y León en 2014 oliendo todavía a tinta fresca, Germán Barrios (Ávila, 1963), presidente del CES, destaca que ese Consejo considera primordial rescatar a las personas arrasadas por siete años de crisis, con un refuerzo de prestaciones como la Renta Garantizada de Ciudadanía y con un impulso a la vivienda de alquiler social, bajo la tutela de las administraciones públicas. E incide en el empleo, «de calidad», en las becas y en la lucha contra la despoblación y en los tiempos de espera para ser operado o diagnosticado...

En el informe de 2014 ponen por delante a las personas, la recuperación de los arrasados por la crisis, ¿cómo?

El informe hace una buena radiografía de lo que está pasando. Es verdad que los datos macroeconómicos mejoran, que crece el PIB, avanza la ocupación, disminuye el desempleo, pero esos datos positivos no significan que haya muchas alegrías. Vemos que esos datos no llegan bien a las personas. Ha sido una crisis de siete años y ha dejado secuelas importantes en el mercado laboral, en las empresas, pero sobre todo en las personas. Hay que rescatar a las personas con políticas que puedan reducir el desempleo. Pedimos blindar las políticas sociales para atender a las personas que peor lo están pasando, con un suelo de gasto para Educación, Sanidad yServicios Sociales.

Constatan ustedes 127.000 pobres más en Castilla y León que el año anterior...

Personas en riesgo de exclusión.

¿Cómo se conjuga ese dato con la recuperación económica? ¿Cómo es posible que siga creciendo esa bolsa de pobreza?

Eso es lo que nos preocupa. Esperamos que los datos empiecen a mejorar, pero a día de hoy es una evidencia ante la que no se puede cerrar los ojos y es que las personas que están en el umbral de la pobreza han aumentado, según la Encuesta de Condiciones de Vida. A estas personas es a las que hay que buscar expectativas de empleo.

Recomiendan una modificación sustancial de la Renta Garantizada de Ciudadanía. Hablan de formularios más claros, de requisitos... ¿Confían en que prospere?

Sí. La Renta Garantizada de Ciudadanía tiene mucho camino en Castilla y León. No todas las comunidades tienen rentan mínimas. Pero se debe mejorar, hay que simplificar formularios, agilizar procedimientos y acortar plazos.

Destaca que tiene mucho camino recorrido, pero constatan ustedes que existe desconocimiento de esta prestación por parte de los potenciales beneficiarios.

Ese es otro problema que vemos. Pedimos campañas de comunicación. Las personas que están en riesgo de pobreza son personas que están en situación muy precaria y hay que acompañarles e informarles. Planteamos un sistema unificado de información, intermediación y reclamación relativo a la Renta Garantizada y a las prestaciones sociales que puedan afectar a la Red de Protección a las Familias.

Otro de los pilares que defienden es la vivienda, ¿ven necesario regular por ley las ayudas de alquiler?

En países como Francia o Alemania, cuando hablan de políticas sociales no hablan solo de renta mínima, hablan de eso y de vivienda. Hay que incrementar los esfuerzos para evitar el riesgo de desahucio. El acceso a una vivienda es un derecho constitucional, pero creemos que debe tener amparo en nuestra comunidad con una norma. Hay que dar ese paso. Y pedimos un parque público de viviendas de alquiler con dimensión suficiente como para evitar la precariedad residencial.

Defienden ustedes un instrumento público de gestión de este sistema de alquiler, ¿de qué tipo?

Nosotros no decimos al Gobierno cómo debe de hacerlo, decimos lo que tiene que haber, que es un parque público de viviendas de alquiler de suficiente dimensión. Castilla y León ya tiene experiencia en este campo, porque ha tenido instrumento sobre el alquiler.

Y analizan la gestión y los retos de los servicios públicos esenciales, Sanidad, Educación y Servicios Sociales. ¿Cómo encajó la posibilidad planteada por el presidente de la Junta de devolver competencias por la infrafinanciación de las mismas por parte del Gobierno central?

La financiación de las comunidades debe ser solidaria y justa y suficiente, también. Servicios tan caros como la Sanidad, deben tener una correcta financiación. El presidente de la Junta estuvo acertado. Castilla y León tiene 2.248 municipios, una gran dispersión de población, baja densidad y una población envejecida. Esas peculiaridades se deben tener en cuenta, porque encarecen los servicios.

¿Es el momento de revertir los recortes de plantillas que han sufrido estas áreas?

Creo que sí, que ese momento ha llegado. Evidentemente hay que revertirlo. Si empiezan a recuperarse los ingresos hay que trasladar esa mejoría a las tasas de reposición de plantillas.

El CES pide en este informe que la Junta o Sacyl comprometa tiempos de demora máximo, como medida efectiva contra la listas de espera, ¿se recogerá ese guante?

Hay que ser exigentes con el sistema sanitario, pero también me gustaría romper una lanza a su favor. A veces no reconocemos que tenemos una Sanidad de mucha calidad y hay que mantenerlo. Es un asunto muy sensible y sí nos preocupa muchísimo la demora de las lista de espera. Es verdad que en el ámbito quirúrgico ha mejorado cinco días, pero no en las pruebas diagnósticas...

Que son las previas para llegar a la lista del quirófano.

Exactamente, y pedimos que se haga un esfuerzo, que se garantice como un derecho un tiempo máximo de espera, que sea el que digan los profesionales.

Y hacen hincapié en la necesidad de recuperar el pulso de las becas, las de libros de texto, por ejemplo, han bajado en número y cuantía.

Sí y es preocupante. Si por algo tenemos que luchar en la comunidad si queremos cambiar el modelo productivo es por el conocimiento, a través de la educación. Es un tema prioritario para mejorar otros aspectos laborales y sociales. No hay política más igualitaria que un buen sistema de becas y ayudas al estudio y a la compra de material para el estudio que haga que los ciudadanos tengamos las mismas oportunidades para acceder a la educación, a la universidad y al conocimiento.

«Media crisis social»

¿Considera que los Servicios sociales han dado una respuesta eficaz ante la crisis?

Si no hubieran funcionado, habría habido una explosión social. No lo he puesto en duda jamás. Hemos tenido una crisis financiera, una crisis política, una crisis institucional, pero media crisis social. La gente lo ha pasado mal, pero si las mimbres de cohesión social no hubieran funcionado, hubiéramos tenido una situación mucho peor.

¿De su experiencia a través de estos informes considera que da igual vivir en un pueblo que en una ciudad para acceder a los servicios públicos, hay igualdad?

Todavía hay una barrera entre lo rural y lo urbano. Somos la comunidad autónoma con más municipios de España, más del triple que Andalucía. Hay que apostar por la aplicación de la Ley de Ordenación del Territorio, por los mapas rurales y por las áreas funcionales estratégicas, que tendrán carácter temporal pero que tienen como objetivo dinamizar un territorio concreto. Hay que apostar por las infraestructuras. Con ellas tenemos un grave error de concepto. Las medimos como coste por usuario y no tenemos en cuenta su componente social o productivo. Dan posibilidades a los territorios para mejorar, para que se instalen empresas.

En el área de población piden ustedes medidas para evitar la marcha de jóvenes, ¿es el principal reto que afronta la comunidad?

Los dos retos son la lucha contra el desempleo y la despoblación y van unidos. El paro crece por los extremos y lo prioritario en empleo deben ser los jóvenes y las personas mayores de 55 años. Debe ser estratégica la corrección de estas situaciones. Para los jóvenes, pedimos que se impulse la Garantía Juvenil, que es excesivamente burocrática y poco ágil. Se espera a que el joven llegue y la Administración debe ir a buscar al joven que no trabaja para darle una formación que le permita mejorar su empleabilidad.

El Ecyl y los desempleados

¿Y cómo se aborda en los mayores de 55 años?

Lo primero es tutorizarles. Los servicios públicos de empleo deben ir a un sistema de tutoría individual, algo parecido a lo que pasa con el sistema sanitario. Cada desempleado debe tener un tutor que conozca su situación, su formación, sus capacidades, sus habilidades y, en función de eso y su experiencia profesional, orientarle, formarle y que le acompañe en la inserción, a las empresas. Hay que cambiar la orientación de las políticas de empleo.

Vuelven a insistir en que el Ecyl ofrezca una atención personalizada. ¿Tienen la sensación de repetir las mismas recomendaciones año tras año?

A veces es difícil de implantar, porque estamos sujetos a políticas estatales. Debe haber un impulso general, con una visión de conjunto, de Estado. Se han hecho cosas importantes, pero hay que avanzar.

Empleo estable y de calidad. Hoy suena a utopía.

Suena difícil y más cuando vemos que baja el paro, sube la ocupación, pero la tasa de parcialidad es alta. Eso supone que hay mucho contrato parcial involuntario. Si es voluntario, bienvenido sea, porque supone conciliar la vida laboral con la familiar y la personal, pero cuando una persona coge un contrato de dos horas porque no hay uno de ocho, tenemos un problema. Y también mucha temporalidad. Estamos reduciendo el desempleo en base a la precariedad laboral y ese no es el modelo.

¿Qué destacaría de la realidad productiva de la comunidad?

En 2014 han crecido todos los sectores menos el agrario. Y el empleo de mayor calidad está en el sector industrial. Por él hay que apostar. Y eso conlleva apostar por el conocimiento, por el capital humano, y por inversión en innovación. Son medidas a medio y largo plazo.

Aceptación de propuestas

Hacen recomendaciones desde el respeto y con el respaldo de los datos, pero no se andan ustedes con paños calientes o medias tintas. ¿Ha gustado el informe de esta institución en el Gobierno autonómico?

El Gobierno está muy rodado, pese a ser nuevo, los consejeros son experimentados, incluso los recién incorporados conocen nuestro papel. El papel del CES es asesorar en materia económica y social. Hacemos propuestas sobre aspectos que son mejorables. No tenemos un capítulo que diga Valoración positiva de las acciones del Gobierno. No creo que sea nuestra función, ya dirá el Gobierno lo que está haciendo bien. Nuestra posición es asesorar y nuestras propuestas se hacen desde la lealtad, para mejorar la calidad de los ciudadanos. Puede que haya cosas que no hayan gustado, pero es que hay muchas familias que lo han pasado muy mal.

¿Considera que las recomendaciones que hacen tienen un traslado a los programas, a la normativa, a la calle?

Sí, porque son totalmente prácticas. Tienen aceptación. Hay una presión de los grupos parlamentarios, los que están en la oposición hacen bandera de las propuestas del CES. También las puede apoyar el partido del Gobierno. Hemos visto cómo el céntimo sanitario se ha quitado, cómo la Ley de Industria recogió bastantes en las enmiendas, o en la Ley Agraria. Y hay más ejemplos.

¿En qué momento está la experiencia de los grupos de enlace con la sociedad civil?

Ha levantado expectativas en otras comunidades autónomas. No ha sido fácil, porque abrimos a 23 entidades y estamos empezando a caminar. Ya tenemos aportaciones importantes. Pero fíjese que ya hemos oído al presidente Herrera hablar de aprobar la primera Ley de Diálogo Civil de España y eso es un poco lo que hemos hecho con los grupos de enlace, abrirnos al tercer sector con 23 entidades.