La mitad de los casos de desahucio logran resolverse antes de negociar con el banco

Fue, y aún lo es, una de las caras más dramáticas de la crisis económica. Perder el hogar. Esa vivienda que una familia creía poder pagar hasta que perdió su empleo, víctima de la recesión económica, del despido, de la pérdida de ayudas y, generalmente, a una edad que hace especialmente difícil volver a trabajar, a recuperar la dignidad de una vivienda para los suyos. Los desalojos han descendido en general como resultado de las batallas de las organizaciones como Stop Desahucios, de cierta recuperación del empleo y de algunas políticas activas en este sentido desde las administraciones públicas. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, las ejecuciones hipotecarias descendieron ?en una comparativa del primer trimestre 2015 con el de 2014? el 31,9% en la comunidad, un dato que mejora en 24 puntos la variación estatal.

Castilla y León fue la primera comunidad en crear, en noviembre de 2012, un Servicio Integral de Apoyo a las Familias en Riesgo de Desahucio. A la cabeza, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades; pero coordinado con una pluralidad de agentes, de organizaciones del tercer sector y con el apoyo del sector privado. El objetivo estaba claro: "Que ninguna familia de Castilla y León pierda su vivienda adquirida y, por tanto, minimizar el impacto personal y social que supone esa amenaza", los problemas de exclusión social.

Este servicio fue pues pionero en España y aborda el problema de "una forma integral, coordinada y sin duplicidades "desde el primer síntoma de riesgo real de impago de la cuota hipotecaria hasta ofrecer una respuesta final si llega a producirse el lanzamiento". Y esto es algo fundamental en lo que insisten los responsables de la Junta: La solución es mejor y más alcanzable cuanto antes se comunique el problema y, lógicamente, la mediación de este servicio solo puede llegar si se conoce el caso. El ¿cómo? Es lo fácil, con una llamada al teléfono de información 012, es la puerta de entrada desde la que profesionales guiarán los pasos a seguir según casos. El servicio recorre todas las fases del proceso: prevención, búsqueda de soluciones antes de que se produzca el lanzamiento e interlocución con las entidades financieras con las que tienen suscritas sus hipotecas. Actúa pues antes y durante el proceso de embargo.

Balance

Dos años y medio cumple ya el servicio de desahucios. En este tiempo ha llegado a 3.708 familias de Castilla y León; lo que supone beneficiar en torno a 10.400 castellanos y leoneses. "El 100% de las familias que ha acudido al servicio desde su creación, por tener dificultades para afrontar las obligaciones derivadas de su hipoteca, ha encontrado una respuesta a su problema", destacan fuentes de la Consejería de Familia.

Los afectados fueron derivados por el 012 a profesionales de las oficinas habilitadas en las corporaciones locales. De su mano llegó el asesoramiento tras realizar un análisis pormenorizado de la situación de la unidad familiar desde la óptica tanto económica como social. En el 22,2% de los casos, concretamente en 824 riesgos de embargo, la solución vino de la mano, al menos como complemento, de un Plan de Economía Familiar para ayudarles a sanear sus cuentas.

A los 3.708 hogares con los que el servicio ha trabajado ?algunos casos siguen abiertos? , además de ofrecerles orientación individual para recomponer sus cuentas domésticas así como un interlocución cuando se estimó necesario, el servicio puso en marcha otras atenciones en 1.729 ocasiones para 850 familias.

En concreto, a raíz de la inclusión en el plan, Familia gestionó a 525 usuarios la Renta Garantizada de Ciudadanía; en 440 casos intervinieron los profesionales de los Centros de Acción Social (CEAS); en otros 180 recibieron apoyo de su Oficina de Empleo y 330 necesitaron orientación hacia el servicio de justicia gratuita. Además, 167 familias necesitaron complementar la ayuda para no perder la vivienda por impago con otras prestaciones a través de los programas que la Junta mantiene con entidades del tercer sector ?alimentos, formación...? como Cáritas o Cruz Roja, entre otras. El balance de estos dos años y medio también revela que 47 beneficiarios precisaron ayuda de los centros de salud y 40 fueron orientados, además, a servicios de vivienda como los de la Consejería de Fomento y otros municipales.

De los expedientes cerrados a 31 mayo de este año, en el 51,5% de los casos ?1.451 afectados? no fue necesario recurrir a la interlocución con las entidades financieras para renegociar la deuda. "El trabajo realizado por los profesionales de las corporaciones locales, financiados por la Consejería de Familia", explican las mismas fuentes, dio salida a estos hogares. En 1.364 situaciones los trabajadores de la oficina central del servicio sí realizaron interlocuciones con las 46 entidades distintas con las que los deudores tenían suscritas las hipotecas y acabaron con éxito. Así, la principal solución encontrada fue la reestructuración de la deuda. En 647 casos (47,4%) esta fue la solución, bien mediante aumentos del plazo del préstamo, la reunificación de las deudas, disminución del tipo de interés, quitas o carencias, entre otras. En 109 casos (8%) se consiguió la dación en pago con la quita de la deuda y, en el 14,3% (186), hubo acuerdos de no lanzamiento.

La Consejería de Familia destaca que el 12,1% de los casos ?165 familias, en concreto? lograron salir del agujero al mejorar sustancialmente su situación económica, generalmente por haber encontrado un empleo o fuentes de ingresos suficientes para hacer frente a la hipoteca.

Además, en 251 situaciones (18,4%) se aplicaron otras medidas sociales ante la imposibilidad de reestructurar los créditos.

Para articular este servicio, la Junta implicó en este servicio a distintas áreas y así junto a Servicios Sociales, participan en el mismo Economía y Empleo y Fomento; así como los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y las diputaciones provinciales para los casos de pueblos más pequeños. También participan en el programa entidades del tercer sector y colegios profesionales. En especial, Familia logró establecer con las entidades financieras un protocolo de actuación ante un caso de impago de las cuotas hipotecarias. Los bancos designaron un interlocutor único para los profesionales de Familia en busca de soluciones para cada caso. La mediación para evitar el desalojo forzoso de la vivienda se ha llevado a cabo hasta con 46 entidades financieras. Castilla y León fue también la primera comunidad en impulsar un acuerdo que permite a los jueces conocer la situación de vulnerabilidad de las personas afectadas por casos de ejecución hipotecaria antes de dictar una resolución.