El 75% de las mujeres que denuncian violencia doméstica no habían pedido ayuda antes

Coordinación; compartir información entre todos los agentes judiciales, de seguridad, administrativos... implicados; seguridad; confianza en que el sistema funciona y una nueva figura, la del acompañante, la de la persona que conoce cada detalle, necesidad y la vulnerabilidad de cada víctima y la apoya y conduce por los diversos recursos sociales, judiciales y de protección. Son los pilares en los que se apoyará el nuevo modelo de atención integral a las víctimas de violencia doméstica que a lo largo de toda la mañana se ha desmenuzado desde sus antecedentes hasta su diseño. La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Milagros Marcos Ortega, abrió esta jornada celebrada en el edificio de la Junta en Arroyo de la Encomienda con un exhaustivo repaso de una situación de partida que obliga a avanzar hacia el objetivo, el de a Violencia Cero. Recursos técnicos, materiales y humanos los hay y ni siquiera se llenan, el problema radica en que, según los datos que manejó la responsable de estas politicas, son menos del 25% de las mujeres denunciantes las que habían pedido ayuda y solo en el 33% de los casos con resultado de muerte tenían denuncia previa. «El modelo es razonable y funciona», pero le falta la búsqueda activa de las víctimas de violencia machista. Hay que acudir a ellas si ellos no llegan al sistema.

Repasó Marcos en su evaluación del sistema la necesidad de trabajar desde la prevención hasta la seguridad y autonomía en un recorrido que implica a toda la sociedad. Fuerzas de Seguridad del Estado, el Poder Judicial, las administraciones locales, autonómica y estatal, la educación, las organizaciones no gubernamentales y asociaciones, los sindicatos.... Todos implicados y con un rol en este entramado. Todos representados en dos mesas redondas que analizaron la importancia de la implicación de toda la sociedad ern este proceso, conducida por el director del Diario el Mundo, Pablo Lago y, la segunda, sobre coordinación y atención a la víctima, moderada por el subdirector de El Norte de Castilla, Ignacio Foces.

«Un esfuerzo de comunidad»

En un acto que ha contado con la presencia de todas las administraciones, universidades, el tercer sector, el sector judicial y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, Herrera también ha anunciado que la Junta concederá ayudas a las empresas que contraten a las víctimas, con una convocatoria anual que busca incentivar «contratos de calidad» a unas cincuenta mujeres.

Respecto a esas novedosas Comisiones de Seguridad, «podrán iniciar su actuación sin previa interposición de denuncia por parte de la víctima» y las compondrán el profesional de referencia, la policía, profesionales del sistema social, sanitario y judicial, en un nuevo modelo que plantea «un esfuerzo de comunidad» y un «cambio de enfoque» para ser «más proactivos» ante el maltrato, ha reflexionado Herrera.

Se basa en un modelo de éxito que ya funciona en el Reino Unido pero también en el plan de protección de violencia de género rural que ha puesto en marcha la Delegación del Gobierno en Castilla y León y que en España estrenará esta Comunidad.

Ese modelo «Objetivo Violencia Cero», que es «más que un lema un objetivo», en palabras del presidente de la Junta, se recogerá en las directrices de funcionamiento que en breve aprobará el Gobierno autonómico; mientras que otro de sus ejes, el registro unificado de violencia de género, se regulará en un decreto que ya se puede consultar en el portal de Gobierno abierto para sumar aportaciones.

En ese registro, en el que ya figuran 1.900 expedientes de mujeres maltratadas, se incluye la historia social de la víctima, de sus hijos y personas que de ellas dependan, de forma que Castilla y León será la primera Comunidad en «añadir indicadores sociales a la valoración policial de riesgo» del sistema nacional de seguimiento integral de violencia de género, «VioGen», del Ministerio del Interior.

Esto permitirá, según ha recordado Herrera , hacer una evaluación de la situación de riesgo de la víctima «más completa"» en un modelo que «está llamado a ser un referente y a extenderse», y que ya cuenta con el reconocimiento de la UE, con financiación procedente del proyecto Paula.