España tendrá que revisar el baremo de agricultor activo de la PAC

La consejera de Agricultura de Castilla y León, Silvia Clemente, en el consejo consultivo de la PAC del pasado mayo./
La consejera de Agricultura de Castilla y León, Silvia Clemente, en el consejo consultivo de la PAC del pasado mayo.

El Consejo Consultivo de la Política Agraria Común decidirá mañana si retoca los reglamentos como pide Europa

SILVIA G. ROJO

Los borradores de reales decretos sobre la aplicación de la Política Agraria Común (PAC) en España serán motivo de debate en el Consejo Consultivo que celebrarán mañana en Madrid el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama) y los representantes de las comunidades autónomas. Pero el contenido de esos reglamentos finales de aplicación poco o nada varía con respecto a lo que se ha ido conociendo de manera paulatina. Lo que llama la atención y sobre lo que tendrán que debatir los integrantes del Consejo Consultivo Agrario tiene que ver con la acotación a pie de página en la que se advierte, textualmente, que «este texto puede sufrir modificaciones correspondientes a la decisión que finalmente se tome respecto a la figura de agricultor activo, a los comentarios recibidos por parte del Consejo de Estado y la Comisión Europea».

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Pesará, en este debate, la petición que la Comisión Europea ha hecho a España y en la que solicita que se «flexibilice» la definición de agricultor activo en los reglamentos finales de aplicación de la PAC. Ello significa que ahora se cuestiona esa definición en la que se incluye a todos aquellos beneficiarios cuyos ingresos agrarios distintos de los pagos directos sean iguales o superiores al 20%. La Comisión Europea considera que el enfoque del Gobierno español puede dejar fuera a beneficiarios que hacen una labor de mantenimiento, y este requisito adoptado en España hace que no se pueda considerar agricultor activo a aquel que decida no producir y acogerse a la posibilidad que permite el reglamento de mantener su explotación en buenas condiciones.

Las claves

20%
Es el porcentaje de ingresos que procedentes de la actividad agraria, como mínimo, debe tener el agricultor activo.
Solicitudes. En Castilla y León se han registrado en 2014 alrededor de 90.000 solicitudes de la PAC.
Cesiones de derechos. Este año se presentaron el doble, 14.000, ante el temor a no cumplir con los requisitos de agricultor activo.

Además, en el borrador se añade un matiz más en el que se dispone que «en caso de que un solicitante no cuente con unos ingresos agrarios distintos de los pagos directos del 20% o más de sus ingresos agrarios totales en el periodo impositivo disponible más reciente, se podrán tener en cuenta los ingresos agrarios de alguno de los dos periodos impositivos inmediatamente anteriores»: se rebaja la definición de agricultor activo y, en caso de seguir adelante, su aplicación no sería inminente en 2015.

Para aquellos que se incorporen por primera vez a la actividad agraria, continúa la disposición, «este requisito deberá ser acreditado a más tardar en el segundo periodo impositivo siguiente al de la solicitud».

Perceptores y restricciones

Lo que resulta llamativo de esta interpretación es que si algo se destacaba como positivo de esta nueva PAC era el hecho de que Europa dejaba a los estados miembros la posibilidad de definir quiénes debían ser los perceptores de estas ayudas, pero ahora es la misma Comisión la que pone restricciones. De hecho, a Castilla y León, con la consejera Silvia Clemente al frente, le tocó luchar duro para que esa definición saliera adelante, incluso rebajando sus expectativas, pues hace exactamente un año se alcanzó una posición regional en la que se defendía que la PAC la cobrara quien generara tanto ingresos como ayudas, es decir, mitad y mitad. La idea que el Ministerio de Agricultura ha transmitido es la de intentar encajar esta recomendación manteniendo la definición de agricultor activo.

Desde el sector ya se ha empezado a manifestar el malestar por este encaje y en Castilla y León. Uno de los coordinadores de la Alianza UPA-COAG, Julio López, señaló ayer al respecto que «la advertencia nos parece una barbaridad», al tiempo que añadió que «lo más curioso es que quien más se opuso a la definición de agricultor activo acordada por Castilla y León, como el Ministerio y ciertas organizaciones agrarias, ahora lo defiendan con tanta vehemencia».

Para López, «es necesario que el Ministerio presione a Bruselas para que se mantenga esa definición porque esto sería volver atrás, a la especulación pura y dura del cobro de las ayudas. Significa que cobrarían los agricultores de sofá».