Las gasolineras de Valladolid pierden el 30% de sus ingresos en dos años

Por segundo año consecutivo, el sector de las estaciones de servicio que suministran combustibles en la provincia de Valladolid ha vuelto a registrar un retroceso en sus ventas, una caída que cifran en hasta el 30%.

Este descenso, los empresarios lo atribuyen al llamado céntimo sanitario (que no es tal sino que los propietarios lo elevan hasta 0,048 céntimos con la normativa de hidrocarburos), aplicado desde el 2012 por orden de la Junta de Castilla y León. La imposición no se aplica, sin embargo, en el País Vasco, ni Aragón. En otra comunidad limítrofe, Cantabria, está a la mitad (0,024), y en Extremadura el presidente Morago ha anunciado la supresión en 2015.

«Este recargo en el litro del combustible es para nosotros una ruina», explica Leopoldo Herrero, vicepresidente de la Asociación Vallisoletana de Empresarios de Estaciones de Servicio y dueño de una gasolinera.

El mercado provincial opera con estaciones propiedad de pequeños industriales, y otras pertenecientes a las grandes petroleras (Repsol, Cepsa, BP, Galp, etc.), que controlan el mercado de la distribución. Son estas últimas empresas, que representan cerca del 80% del mercado, las más beneficiadas al contratar además con las flotas de transportes y grandes consumidores. El resto, correspondería a las pequeñas estaciones, en algunos casos abanderadas.

Los ingresos de una estación se dividen en dos partes: por un lado, los obtenidos por la venta de combustibles y, por otra, los correspondientes a los productos que se venden dentro de las tiendas (desde el pan hasta los refrescos o la prensa).

En este último caso, los ingresos se han visto mermados indirectamente por la disminución de los clientes que no se detienen.

«El porcentaje de bajada de las ventas también estaría relacionado con la crisis económica, no solo por el céntimo sanitario», apostilla otro empresario.

A modo de ejemplo, una estación de servicio ubicada en una zona de tránsito de 35.000 vehículos diarios como es la autovía de Castilla (A-62), puede llegar a registrar un volumen de ventas reales de 4 millones de euros año, ingresos que, sin embargo, no van a su caja ya que la mayoría de las gasolineras de España están sometidas a un régimen de comisiones, siendo las empresas distribuidoras las que facturan.

Antes de la crisis y la aplicación del céntimo sanitario, una gasolinera media podría vender cerca de 3,5 millones de litros de combustibles en un año, y durante los años 2012 y 2013 estas ventas han caído a los 2,5 millones de carburante.

Por unas ventas de 3,5 millones de litros, la petrolera le abona al titular de la estación, en concepto de comisiones, unos 190.000 euros al año, cantidad con la que éste debe de hacer frente al sueldo de cuatro empleados y a los gastos de electricidad, agua, arrendamientos a las petroleras, descuentos a clientes y otros impuestos. Con la crisis, la facturación de este ejemplo de estación de servicio ha caído hasta los 135.000 euros anuales.

Pan y bebidas

Las ventas procedentes de las tienda en las gasolineras están sometidas también al régimen de franquicia, es decir, es la marca la que suministra los productos y el titular del negocio está obligado a adquirir todos los artículos a la franquiciada.

Algunos de los propietarios reconocen que los ingresos en tienda llegaron a alcanzar en años anteriores a la crisis casi el mismo volumen que el de los combustibles. De este modo, la facturación global (tanto por carburante como por alimentación y otros productos en tienda) se acercaría a los 200.000 euros brutos al año por estación. Sin embargo, ahora, estas ventas se sitúan en unos 170.000 euros al año.

Algunos de los dueños de estaciones que pensaban abrir nuevas gasolineras en Castilla y León ha optado por aparcar proyectos con la «actual situación». Como complemento, una decena de empresarios de Valladolid explotan centros de distribución de gasóleos (A, B, y C).

Pero si las ventas han caído, el panorama de estas empresas se oscurece un poco más por los impagos de los clientes. Como consecuencia de la crisis, cada vez son más los conductores que repostan y se van sin abonar el depósito. O también crecen los morosos de particulares a los que suministran combustibles domésticos para calefacción.

Esta situación del sector ha sido analizada esta semana por los integrantes de la Asociación Vallisoletana de Empresarios de Estaciones de Servicio de la que forman parte 43 de las 82 estaciones que hay en la provincia. Los industriales han estudiado la normativa que se va a aplicar a partir del 29 de julio, en relación con los contratos que tienen suscritos estos pequeños empresarios con los grupos petroleros.

«La normativa supone también un riesgo ya que el cambio en la duración que limita la ley nos deja en manos de los grandes grupos. Es cierto que tenemos un poco más de margen, en relación con el precio, pero hay que ver cómo evoluciona este nuevo escenario», explicó su presidente, Horacio Sansegundo.