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Los bomberos achican agua de los locales de San Francisco afectados por la rotura de una tubería en abril de 2013. / Antonio de Torre
El Ayuntamiento admite el 30% de las quejas por responsabilidad patrimonial
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El Ayuntamiento admite el 30% de las quejas por responsabilidad patrimonial

La póliza de seguros cuesta cada año 144.327 euros y cubre todas las contingencias

MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ

Lunes, 24 de febrero 2014, 13:12

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En los últimos siete años, la Concejalía de Patrimonio Municipal del Ayuntamiento ha recibido 737 reclamaciones por responsabilidad patrimonial. La media es algo superior a cien en cada ejercicio, aunque las reclamaciones varían de año a año y en el último, en 2013, las admitidas a trámite fueron las 100, la cifra redonda. Casi todas las semanas llega alguna a la Junta de Gobierno Local (esta pasada fueron cuatro), pero menos de una tercera parte prosperan, en torno al 30%. La concejala responsable del área, Lirio Martín, explica que no todos los expedientes se tramitan porque una mayoría de quienes reclaman desiste o no completa la documentación.

La prima de la póliza de seguros que tiene contratada el Ayuntamiento cuesta 144.327 euros (el importe de la última pagada) y cubre cualquier contingencia por el funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, es decir la responsabilidad patrimonial que establecen los artículos 106 de la Constitución y 144 de la Ley de Régimen Jurídico del Procedimiento Administrativo Común. El contrato fue suscrito en noviembre de 2011 con SegurCaixa Adeslas y tiene vigencia hasta 2015.

La mayor parte de las reclamaciones que prosperan son las motivadas por los daños que causan las averías de las redes de agua, de abastecimiento o saneamiento, en locales de negocio, trasteros o almacenes, tanto en el espacio como en su contenido de ropa o enseres. «En el último año hemos tenido la mala suerte de que ha habido averías importantes en la calle San Francisco y la avenida de la Constitución», señala Lirio Martín. Y aunque la póliza cubre el riesgo y las indemnizaciones «los daños por agua son los más graves y, por ejemplo, en la calle Almuzara se elevaron en una avería de 2011 a 80.000 euros» el Ayuntamiento tiene que afrontar el gasto adicional de las reparaciones.

Martín comenta que entre el resto de causas hay mucha divergencia en la cuantía de los daños. «Superar los 3.000 euros no es fácil, ni siquiera en los vehículos», explica. Pueden ser elevadas las derivadas de una caída en la vía pública como consecuencia del mal estado del pavimento, pues los gastos médicos y las bajas prolongadas generan sumas cuantiosas. «Pero no son habituales y primero hay que probar el accidente y el nexo de causalidad, la relación entre la causa y el efecto», añade la concejala, quien precisa que los importes superiores a 3.000 euros tienen que obtener el visto bueno del Consejo Consultivo de Castilla y León, que es preceptivo y debe contar antes con el dictamen favorable del Ayuntamiento.

Por eso se desisten muchas reclamaciones por caídas, porque «hay que acreditarlas y necesitan el informe de la Policía Local y de Urbanismo, aunque si se comprueba el deterioro del pavimento no hay problema en reconocerlo». Martín sabe que en la ciudad hay adoquín y losas de piedra que es «imposible que estén alineadas perfectamente», pero añade que «los ciudadanos deben tener algo de pericia».

Picaresca y documentación

Ocurre igual con los daños en vehículos por el mal estado de la calzada: se suele pedir un informe pericial sobre el estado de los neumáticos y del coche, además del atestado de la Policía Local; sobre todo porque los pide la aseguradora y para prevenir la picaresca. «Intentos de fraude puede haber, pero se detectan porque el daño material hay que probarle, y por eso muchos expedientes se archivan, porque no se presenta la documentación que se pide o porque se desiste». Un ejemplo, la rotura de un uniforme colegial al engancharse en una papelera: al final no se presentaron los documentos. Y en algún caso porque, una vez estudiado, se determina que la responsabilidad es de otra administración o de un particular, como en los accidentes en bancos de una comunidad privada.

Como conclusión, Martín advierte de que «igual que se nos exige a los ciudadanos evitar los riesgos, el Ayuntamiento tiene la obligación de mantener en buen estado el patrimonio municipal, y por eso es positivo que haya ganas de reclamar, que no seamos conformistas».

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