Una treinta de pueblos rechaza que Justicia suprima el registro de la propiedad

Tordesillas y comarca quieren mantener el servicio y alegarán contra la reforma ministerial

PATRICIA GONZÁLEZTORDESILLAS

Que cualquier residente en Tordesillas y de su comarca, como pueden ser vecinos de los municipios de Villalán, Barruelo, Adalia o San Cebrián de Mazote, acudan al registro de la propiedad para tramitar los derechos sobre los bienes inmuebles como son la hipoteca, los derechos de usufructo, los censos o legalizar un contrato de arrendamiento financiero y modificar la capacidad civil de las personas en cuanto a la libre disposición de sus bienes podría dejar de ser una realidad si el Ministerio de Justicia decide en pocas fechas suprimir este servicio junto al de la notaría.

Este nuevo «varapalo a los servicios», como lo denominan algunos alcaldes afectados por esta posible supresión, está motivado por la revisión total de la demarcación notarial que Justicia quiere llevar a cabo el próximo año y por la cual el distrito hipotecario de la villa del Tratado desaparecería, ya que la reforma planteada establece una plaza de registrador por cada 2.500 documentos presentados al año.

En el caso de Tordesillas, el registro no llegaría a esa cifra. Según datos de 2012, el volumen de documentos fue de 2.132, pero la evolución de trabajo desde 2010 es creciente, puesto que ese año la oficina tramitó 1.655 documentos, que aumentaron al año siguiente hasta alcanzar los 1.691. De ahí que los alcaldes de la zona no entiendan la nueva disposición. Ante lo que consideran un «grave» problema, «todos los alcaldes de la comarca nos hemos reunido y presentaremos de manera conjunta un total de 9 alegaciones», comenta el alcalde de Tordesillas, José Antonio González Poncela, quien criticó que el plazo de alegaciones sea solo de dos semanas en unas fechas tan difíciles en la que la mayoría de secretarios de ayuntamientos están de vacaciones.

Alegaciones conjuntas

En un gesto de unión, los alcaldes de la comarca de Tordesillas, la mayoría del PP, consensuaron un acuerdo con los regidores socialistas de la zona para «luchar por los pueblos, ya que no es razonable que nos quiten el registro de la propiedad», explica indignado el alcalde popular de Castrodeza, José González Gerbolés.

El mismo sentimiento comparte su compañero de filas, el regidor de San Román de Hornija, Ernesto del Palacio Gallego, quien además de subrayar la desaparición de los servicios, apuntó que «como nos quiten el registro de la propiedad nos obligarán a trasladarnos a Valladolid para hacer cualquier trámite, lo que causará gran perjuicio a los vecinos de la zona, que son muy mayores».

Además de acentuar el aumento proporcional del volumen de trabajo desde 2010 hasta 2012, las alegaciones comunes de todos los alcaldes (14) que acudieron a la reunión de ayer destacan los problemas de movilidad de una población envejecida. Si finalmente desaparece este servicio de Tordesillas, los ciudadanos deberán desplazarse, en el mejor de los casos 30 kilómetros y, en el peor, unos 50 hasta Valladolid, para hacer los trámites pertinentes. El distrito Hipotecario de Tordesillas también actúa como oficina liquidadora de la administración de la comunidad de Castilla y León.

«A este paso nos dejan sin servicios que ofrecer a nuestros ciudadanos», opina el alcalde independiente de Peñaflor de Hornija, Anastasio Vaquero Pajares. Tesis que también suscribe el alcalde de Villalar de los Comuneros, Luis Alonso Laguna (PSOE) quien califica de «absurda» la reforma, ya que «no comporta gasto alguno para la Administración del Estado. Así nos van quitando poco a poco los servicios que ofrecemos a los pueblos», matiza.

Y es que, sin servicios, «los pueblos perderán población a pasos agigantados, por lo que nos dejaran sin nada y no seremos nada», destaca Alonso Laguna, quien, junto a los alcaldes del resto de municipios asistentes a la reunión, firmó la misiva que remitirán al subdirector general del Notariado y de los Registros.

En la carta, los alcaldes alegan las razones por las que quieren mantener el registro de la propiedad y la notaría en Tordesillas, que afecta a más de 12.000 vecinos censados en los treinta pueblos de la comarca. Entre ellas, el hecho de que no comporta gastos a las arcas públicas pero sí genera, según los alcaldes, economías de escala para la Administración Autonómica.