UPyD exige la dimisión de los cargos políticos vinculados al 'caso Caja Segovia'

Cree que su citación a declarar por parte de la Fiscalía comienza a dejar clara su implicación en las prejubilaciones millonarias de la entidad

EL NORTESEGOVIA
Luciana Miguel, responsable de UPyD en Segovia. / A. De Torre/
Luciana Miguel, responsable de UPyD en Segovia. / A. De Torre

Ante la solicitud de citación por parte de la Fiscalía Provincial de Segovia a declarar en calidad de imputados a los miembros del consejo de administración y de la comisión de retribuciones de la extinguida Caja Segovia, que en su día aprobaron los «desproporcionados» planes de pensiones y prejubilaciones de todo el equipo de alta dirección, Unión Progreso y Democracia (UPyD) Segovia exige la inmediata dimisión de todos los citados como imputados que actualmente ostentan los cargos de responsabilidad en el Senado, en las Cortes de Castilla y León, en la Diputación Provincial o en el Ayuntamiento de Segovia, y solicita a sus respectivos partidos políticos la inmediata suspensión de militancia hasta que se diriman las graves responsabilidades que sirven de base a la Fiscalía para pedir su imputación.

«En aras de la regeneración democrática, que tan imperiosamente exige la sociedad hoy en día, los señores Javier Santamaría, Juan José Sanz Vitorio, Pedro Arahuetes, y Pedro Palomo deberían dimitir inmediatamente de sus cargos y defenderse desde fuera de las instituciones, ya que con esta citación en calidad de imputados comienza a quedar clara su implicación en el oscuro asunto de las prejubilaciones millonarias del señor Escribano y compañía», señala UPyD.

Desde UPyD Segovia recuerdan las cifras que según sus estudios fueron adjudicadas con el beneplácito del consejo de administración para la prejubilación de los distintos directivos. Y es que, salvo error u omisión, figuran como derechos consolidados totales a 31 de diciembre de 2010 una cantidad de 14.951.180 euros para Manuel Escribano, otra de 6.956.823 euros para Miguel Ángel Sánchez Plaza, 2.606.079 euros para Enrique Quintanilla, 1.600.034 euros para Juan Antonio Folgado, 2.995.069 euros para Oscar J. Varas de la Fuente, y así hasta un total de 34.115.252 euros para los «ocho fantásticos» que son junto a los ya citados, Juan B. Magaña, Malaquías del Pozo, y Antonio Tapias.

«Queremos insistir una vez más que todos estos directivos se desentendieron de la gestión de la entidad en sus últimos años con el único fin del enriquecimiento propio y totalmente desproporcionado en una serie de maniobras financieras donde, aparte de subir sus propios sueldos de manera impropia dada la situación de la entidad, dotaron millones de euros en fondos para cubrir estas pólizas que garantizasen sus planes de pensiones y prejubilaciones, aun a sabiendas de que colaboraban a la ruina de la propia caja de ahorros», asevera la formación 'magenta'.

«También queremos recalcar», continúa en un comunicado remitido a los medios de comunicación, que los miembros del consejo de administración son responsables, tanto por acción como por omisión, no solo por aprobar estas maniobras, sino que, haciendo grave dejación de sus funciones, fueron incapaces de prever y evitar tales maniobras, e incapaces también de actuar en beneficio de los verdaderos accionistas de la Caja, los impositores a los que se suponía que representaban y salvaguardaban. Sin embargo, cegados por exóticos viajes de 'formación', se consideraron eximidos de cualquier responsabilidad en la gestión del equipo de dirección, cuando su función era precisamente fiscalizar sus actuaciones y acuerdos. Como el propio Arahuetes llegó a afirmar, él no sabía ni lo que firmaba, pero lo cierto es que como licenciado en Derecho debería conocer que su responsabilidad en el Consejo es solidaria sobre los actos de los miembros del Comité de Dirección. Todos ellos pues deben dimitir inmediatamente, y asumir de una vez por todas su responsabilidad en el 'caso Caja Segovia'».

Por último, UPyD «nos congratulamos de que al fin la Justicia vaya avanzando en sus investigaciones para poder clarificar las extrañas maniobras que ocurrieron en los últimos meses de existencia de Caja Segovia, que pasó de ser una entidad modélica en su gestión y solvente, a una fundación en ruinas y con todo su patrimonio expoliado.