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Vivienda en ruinas en el norte de Tierra de Campos. / EL NORTE
Cuando el tapial ya no aguanta
PROVINCIA

Cuando el tapial ya no aguanta

Los pueblos de Valladolid acumulan más de dos mil viviendas en estado de ruina

T. LAPUERTA

Viernes, 7 de junio 2013, 11:18

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Según un estudio elaborado por el Grupo Provincial Socialista, en la provincia de Valladolid, y si se exceptúan las ciudades de más de veinte mil habitantes (la capital, Medina del Campo y Laguna de Duero), hay más de dos mil inmuebles que, declarada o no su ruina, se encuentran en un estado que puede derivar en un peligro cierto, actual y futuro para las personas o los bienes.

La Ley y el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León son claros: Los ayuntamientos tienen la obligación de declarar en ruina estas construcciones y de instar a sus propietarios a acometer el derribo o, en su caso, la reconstrucción o rehabilitación de las mismas. En el supuesto de no lograr el objetivo, los municipios deben acometer dichas actuaciones de forma subsidiaria. El problema, cada vez más acuciante, a tenor de la despoblación y desertización del medio rural, es que los pueblos no disponen ni de los medios técnicos necesarios para tramitar los expedientes y notificar las declaraciones a los dueños, ni de la liquidez necesaria para hacer frente a las actuaciones ejecutivas.

La situación de desamparo manifestada por muchos regidores ha motivado la redacción, por parte del PSOE, de un Plan Provincial de Conservación de Núcleos Urbanos ya que, asegura su portavoz, Juan José Zancada, la institución tiene la obligación de apoyar a los ayuntamientos para hacer que se cumpla la norma. De hecho, según el artículo 113 de la Ley regional, la institución debe «cooperar técnica, jurídica y económicamente con los municipios», en esta materia y, según el 111, «cuando el ayuntamiento no ejerza dichas competencias, las mismas corresponderán a la diputación provincial».

El socialista recuerda que la Diputación de Valladolid cuenta con todos los recursos para iniciar los trámites con el máximo de garantías. «Dispone de un servicio de asesoramiento local, de un servicio técnico de urbanismo, de un organismo de recaudación para exigir el cobro a los propietarios y de la Caja de Crédito Local para financiar subsidiariamente las obras que fueran necesarias, que en la actualidad dispone de 1,8 millones de euros», apostilló.

15 ó 20.000 euros de media

Zancada considera, de hecho, que vinculado al ejercicio económico en curso, y con el presupuesto disponible, se podrían llevar a cabo 100 actuaciones urbanísticas de manera subsidiaria con una media de 15 ó 20.000 euros por cada intervención ejecutiva y que, a su vez y según los informes, cada una de ellas resolvería otras tres de forma voluntaria. «Este año se podrían alcanzar las 400 demoliciones o derrumbes, que generarían 300 puestos de trabajo y una actividad económica de 7 millones de euros», concretó.

Los socialistas están también convencidos de que este tipo de actuaciones incentivarán las rehabilitaciones y la construcción de nuevos edificios, que ahora no se acometen por la situación de indefensión de los propietarios de inmuebles colindantes a las ruinas. «La actividad económica sentenció podría mover 6 millones de euros, que se sumarían a los 7 millones procedentes de los derrumbes, y generar otros dos centenares de empleos más».

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