Stop Desahucios pide a los jueces más plazo para revisar abusos hipotecarios

Afectados por los desalojos tienen 10 días para plantear las cláusulas que creen perjudiciales de los créditos firmados

JORGE MORENOVALLADOLID
Entrega de firmas de 'Stop Desahucios' en los juzgados de Valladolid./ R. Otazo/
Entrega de firmas de 'Stop Desahucios' en los juzgados de Valladolid./ R. Otazo

Más tiempo para poder reclamar frente a las entidades bancarias con las que firmaron préstamos hipotecarios en los últimos años. Eso es lo que ayer solicitaron medio centenar de afectados y miembros de la Plataforma Stop Desahucios del Movimiento 15M de Valladolid, que se concentraron a las puertas del edificio de los Juzgados de Primera Instancia, en la calle Nicolás Salmerón 5.

La reciente sentencia del Tribunal de Justicia Europeo de Luxemburgo, en la que se cuestionaba la legislación hipotecaria española por limitar la tutela del consumidor, en cuanto al contenido de las cláusulas de los créditos hipotecarios firmados, ha dado a los jueces la posibilidad de revisar el contenido de las hipotecas y determinar si existieron abusos por parte de la entidades financieras.

Para ello, los juzgados de Valladolid han comenzado a enviar cartas a aquellos afectados por una ejecución y desalojo advirtiéndoles que el mismo puede ser paralizado hasta que el juez decida si existió o no ese abuso al firmar la hipoteca.

De este modo, todas las demandas de ejecución promovidas por las cajas de ahorro y entidades financieras que han sido registradas a partir del 25 de marzo van a ser revisadas de oficio por los magistrados.

Respecto a las demandas anteriores a esa fecha, que suponen la mayoría de los procedimientos que se están tramitando en los juzgados vallisoletanos, los secretarios judiciales están remitiendo cartas para que los afectados presenten sus alegaciones sobre si consideran si el crédito que suscribieron, con la obligación de adherirse, contenía cláusulas abusivas que les perjudican económicamente.

«El plazo de 10 días que se les indica para alegar es el que habitualmente se da en la jurisdicción de lo civil», recuerda una secretaria judicial.

Estas revisiones, cuyos casos comportan en la mayoría el desalojo del propietario de la vivienda, excluyen a los inquilinos de los locales comerciales.

«Los que recurran ahora deben ser personas físicas, y con un préstamo hipotecario para vivienda», indican fuentes judiciales, que añaden que en aquellos supuestos en los que se haya publicado el edicto para la subasta del piso embargado, se dictará otra resolución en la que se ofrece también la posibilidad de comparecer en el procedimiento alegando cláusulas abusivas en la escritura del préstamo que se firmó. En este procedimiento el afectado deberá de comparecer con abogado y procurador.

Es precisamente esta circunstancia, y el plazo de 10 días, lo que para algunos abogados del Stop Desahucios es un tiempo insuficiente para no solo reunir la información de cada caso, sino para presentar las demandas.

En Valladolid, el colectivo del 15M está asesorando a unas 150 personas sobre las que pesa el desahucio. Ayer, una de sus abogadas, Victoria Hernando, explicaba las «dificultades que tienen los afectados» para que se les asigne un abogado del Servicio de Justicia Gratuita en tan poco tiempo.

La letrada indicó algunas de las cláusulas abusivas que han detectado en las hipotecas y con las que con arreglo a la sentencia de TJE deberían ser anuladas. Entre ellas la obligación de suscribir otros productos bancarios como planes de pensiones o tarjetas de crédito.

Otro pleito planteado en un juzgado lo tramita el letrado Jesús Guinea, abogado que obtuvo la primera sentencia de dación en pago de Valladolid por el Juzgado de Primera Instancia 8. En este otro caso, la ejecución del embargo se hace contra una madre que avaló a su hija, que ya ha perdido la casa. La demanda considera que el préstamo que firmó recogía intereses de demora por cuotas impagadas del 14,8% por encima del Euribor. También se considera abusiva la obligación de comunicar al banco el alquiler o la cesión de la finca hipotecada mientras dure el tiempo del préstamo.

Casos y afectados

Ezequiel, tiene 32 años, y prefiere no mostrarse ante el fotógrafo. Estáa casado y tiene un hijo. Su proyecto vital parecía ir a toda vela cuando en el año 2005 decidió comprar un piso en el barrio vallisoletano de Pajarillos.

«Entonces la construcción, donde trabajaba, pagaba bien. Decidimos comprar la vivienda de 56 metros cuadrados y cuatro habitaciones. Me constó 70.000 euros, pero me dijeron que no había problema en pedir más para arreglarla y reformarla. Al final el préstamo fue de 83.000 euros», recuerda a las puerta de la sede judicial.

Este joven añade que dejó de pagar la cuota mensual de 550 euros tras caer enfermo. Ahora el Banco Castilla (Grupo Popular) ha instado una ejecución hipotecaria en la que no solo pide al juzgado que se le eche de la casa, sino que pague la deuda contraída.

«Solo quiero que se queden con el piso, o que me permitan seguir en él pagando un alquiler social. Aunque no tengo trabajo, sí podría asumir el pago de entre 150 y 200 euros al mes», dice este afectado, que asegura que sino hubiera sido por los miembros del colectivo Stop Desahucios «no sé lo que habría hecho ante tanta desesperación».