Suspendido 15 días un abogado por falsificar la firma de su cliente en una causa por despido

El Consejo de la Abogacía ratifica así la sanción impuesta por el Colegio de Abogados de Valladolid

EL NORTEVALLADOLID

El Consejo de la Abogacía de Castilla y León ha ratificado la suspensión del ejercicio profesional por espacio de quince días recaída sobre un letrado vallisoletano, C. E. M., con motivo de la denuncia presentada contra él por un cliente, un exempleado de Iveco, que le imputó haber falsificado su firma en el escrito de demanda presentado contra la citada empresa, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

La resolución del máximo órgano de la Abogacía en la comunidad, que desestima la pretensión del denunciante de imponer una sanción todavía mayor al citado abogado, ha confirmado en todos sus términos los quince días de suspensión acordados por la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Valladolid al considerar que el expedientado cometió una infracción grave tipificada en el artículo 4.1 del Código Deontológico, en relación con el artículo 8.5 del Estatuto General de la Abogacía, al haber vulnerado «la confianza, lealtad y diligencia» que deben presidir las relaciones entre ambas partes.

Aunque el abogado sancionado alegó que «se» puso la firma del cliente en el texto de la demanda debido a que el extrabajador de Iveco residía fuera de Valladolid y, dado que era agosto, se pretendía ahorrarle así el desplazamiento, la resolución del Colegio de Abogados confirmada ahora por el Consejo de la Abogacía de Castilla y León se limita a precisar que la pericial caligráfica atestigua que el denunciante no estampó su rúbrica en la demanda y, por ello, considera que C. E. M. cometió una infracción grave, pese a que no haya prueba directa de que el sancionado fuera el autor del garabato.

Sin embargo, la resolución tan solo estima parcialmente la denuncia del cliente, que, además de la falsificación de la firma, responsabilizaba al abogado de haberle perjudicado en el litigio por despido laboral seguido contra Iveco, en el que, según entendía, obtuvo una indemnización sensiblemente inferior unos 4.000 euros menos a la lograda por otros trabajadores debido a que la demanda contenía datos incorrectos que él desconocía.

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