Los afectados por desahucios alientan su lucha con la sentencia de Estrasburgo

La sentencia del Tribunal Europeo de Justicia, que dictaminó el jueves que la normativa española sobre desahucios incumple la directiva comunitaria de protección del consumidor frente a cláusulas abusivas, ha supuesto una mascarilla de oxígeno para la asfixia que padecen los afectados y sus familias. Igual que en la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Palencia, que considera que la sentencia supone un arma para seguir en la lucha.

Porque el drama social de los desahucios prosigue en Palencia tras un 2012 que se cerró con un total de 285 ejecuciones. De ese total, 167 fueron posesiones o procedimientos hipotecarios (el banco recupera la posesión del bien porque no se paga la hipoteca) y 118, lanzamientos (desahucios por la falta de pago de renta). Además, los juzgados han llevado a cabo 55 ejecuciones entre enero y febrero de este año (33 lanzamientos y 20 posesiones), por lo que las situaciones extremas, con familias al borde de la exclusión social, no han dejado de proliferar.

Aunque la sentencia europea alivia en cierta medida a los afectados, la plataforma asegura que continuará luchando para lograr sus objetivos, «porque seguimos siendo los mismos y con los mismos objetivos, que son paralizar los desahucios, conseguir la dación en pago retroactiva y el alquiler social, además de soluciones reales para acabar con las terribles consecuencias de la actual ley hipotecaria», explica el portavoz de la PAH de Palencia, José Antonio Martínez.

En ese trabajo se han implicado desde que la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Burgos dirigió a mediados del mes de febrero una mesa redonda para ayudar a los que definen como«deudores de buena fe». Y calaron sus propuestas entre los palentinos, hasta el punto de que casi de inmediato arrancó la PAHde Palencia.

«Por un lado hay voluntarios, personas que simpatizan con la idea, que aportan su grano de arena y que disponen de un tiempo para ayudar a la gente que está en situación de desahucio, que acuden a las movilizaciones. Hay desde estudiantes hasta jubilados. Otra parte son los afectados, hemos tenido siete solicitudes para intervenir y hemos aceptado cinco que estamos estudiando. En algunas de ellas, hemos tenido que avanzar mucho porque no tenemos margen de tiempo, los otros dos eran casos que tienen problemas con los bancos pero que no están en situación extrema y, por cuestión de prioridades, tenemos que dedicarnos a ello. La última parte son los colaboradores, profesionales como abogados o psicólogos que se ofrecen de forma altruista para prestar sus servicios en casos concretos, sobre todo en los niños, que son las grandes víctimas», hace hincapié José Antonio Martínez, que explica cómo se involucró en la creación de la plataforma de Palencia «por la sensación de que había un hueco por llenar en España».

«La población está sometida al poder político y económico, cuando el Estado somos los españoles, que simplemente asistimos como espectadores y tenemos que obedecer de forma sumisa y no nos damos cuenta de que nuestra función en la democracia es participar. Votamos cada cuatro años pero la democracia implica que vivamos una conducta social adecuada, que haya justicia social, que los derechos humanos se cumplan, y cuando eso no ocurre, lo que tiene que hacer la ciudadanía es moverse al margen de partidos políticos, que viven en otra esfera», señala el portavoz de la PAH, que incide en que la plataforma «no cuenta con recursos económicos ni hay detrás ningún partido político, tenemos la fuerza de los ciudadanos chillando y gritando, y eso daña el prestigio de los políticos, que lo están haciendo mal, y el de los bancos, que están abusando muchísimo».

José Antonio Martínez señala que, «con efectividad, no se ha tomado ninguna medida desde el Gobierno. El famoso decreto de De Guindos, que decían que iba a evitar el desahucio de las familias en situación extrema, va a evitar que únicamente durante dos años esas familias vayan fuera, pero transcurridos esos dos años no dicen nada, y la situación no está como para tener muchas esperanzas de que dentro de dos años haya trabajo», explica José Antonio Martínez. «Además, son tal la cantidad de requisitos que ponen, que inmediatamente la gente se cae. De los cinco casos que llevamos, tres ya han hecho la gestión de intentar entrar en el plan, y a los tres se les ha denegado. Los casos en los que se van a aplicar son mínimos, con lo que intentan salvar la cara. Y luego, en el último minuto, el PP ha decidido admitir a trámite la ILP que llevamos dos años intentando sacar adelante, alertado porque se acababan de producir tres suicidios, pero lo único que implica es que lo van a mirar. De momento han callado la boca a la gente, pero mientras el Gobierno no se dé cuenta de que quien está pidiendo auxilio es el pueblo y no los bancos, no hay nada que hacer», apostilla Martínez.

Por encima de los banqueros

«Tenemos dos frentes. El primero, atender los casos puntuales que nos están llegando, y el segundo, llegar a la conciencia ciudadana para lograr el objetivo final de llevar a la práctica el principio de la Constitución que dice que todo español tiene derecho a una vivienda digna y al acceso a la misma. La gente tiene que mentalizarse de que somos ciudadanos, de que nuestros derechos están por encima de los derechos de los políticos, de los banqueros... En España vivimos secuestrados. Como la mujer maltratada que oculta lo que le hace el marido, la gente quiere no se entere nadie de que el banco les quiere echar de casa, cuando son las víctimas, no los agresores. Romper eso va a ser complicado», concluye.

«Por fin vemos una luz, una esperanza, es como que nos tocara la lotería»

Una pareja que vive en Villamuriel a la espera de que el juzgado ordene el desahucio de su piso reconoce que el fallo europeo les ha aliviado

Hace catorce años, Arancha Manzano y Julio César Alonso se compraron una casa en Villamuriel, vivienda que tuvieron que arreglar y razón por la que volvieron a rehipotecarla. «Pagábamos normalmente, pero me quedé en paro hace dos años y medio. Fuimos al banco para que nos bajara la cuota porque no podíamos con ella y nos dijeron que no nos preocupáramos. Todos los meses íbamos ingresando dinero, pero ya no nos fiábamos del director y nos pasamos a otra entidad desde la que transferíamos los recibos para el pago de la hipoteca. Hace cuatro meses nos llegó una carta en la que nos decían que, o pagábamos toda la deuda, o nos echaban». En ese momento comenzó la pesadilla de este matrimonio que tiene cinco hijas, dos de ellas de 19 años, una de 17, otra de 15 y una de 3.

«El banco tiene una cláusula por la que se queda con la libertad de jugar a su antojo con el dinero que hay en tus cuentas para cancelar otras deudas que puedas tener. El dinero que nosotros mandábamos aplicaban al préstamo hipotecario sino a otro préstamo que teníamos, con lo cual la hipoteca quedaba sin pagar, de ahí la carta del juzgado para que devolvamos el principal de la hipoteca», explica Julio, que explica la conversación que tuvo con el director del banco.

«Dijo que había que llegar a un acuerdo para ver cuánto podíamos pagar. Metíamos 600 euros para tapar los dos préstamos, pero el banco nos volvió a poner problemas porque no se cubría. El director no nos dio copia de lo que acordamos y dice que él no había dicho eso, así que ese tiempo que hemos pagado 600 euros se ha quedado en agua de borrajas y no hay prueba de nada», apostilla Julio Cesár.

«La vivienda ha salido a subasta y el dueño es el banco, estamos en él pero solo falta que el juzgado ordene el desahucio. Tenemos cinco niñas, y una de las mayores se ha ido de casa por una bronca con nosotros, porque el ambiente es irrespirable. La que tiene 15 años iba mal en los estudios pero ahora va peor porque se preocupa de lo que pasa. Yo no tengo trabajo, y Arancha no tiene tampoco, estamos cobrando los 426 euros», señala abatido Julio.

«Y gracias a la ayuda de mucha gente que te da de corazón, entre ellos el sacerdote, que nos están ayudando a mantenernos... Pero hay que vestir, qué comer, pagar, es complicado... Hemos dejado de pagar en enero, y porque nos lo ha dicho la directora de otra entidad que lo hiciéramos, que estábamos metiendo el dinero en un saco sin fondo», añade Arancha rompiendo a llorar.

«Los niños son crueles y dicen cosas a las niñas. No dejamos de pensar en ello en ningún momento, el cambio ha sido tremendo. Julio trabajaba en la construcción, y yo en bares, en restaurantes, en limpieza», incide Arancha, que reconoce que lleva tiempo que no quiere ni mirar el buzón.

Pero la sentencia del tribunal de Estrasburgo ha inyectado cierta esperanza a este matrimonio. «Es una esperanza, ves una luz, casi te sientes como si te hubiera tocado la lotería, una noticia que nos ha permitido hasta dormir un poco», afirma Arancha, a la vez que desborda temor por lo avanzada que está su orden de desahucio. «Solo nos queda esperar que la resolución judicial fuerce un cambio legislativo y se paralicen todas las órdenes de ejecución de la deuda», explica.