Aena reducirá el 35% la plantilla del aeropuerto de Villanubla con el ERE

Comisiones Obreras advierte de la supresión de la oficina de información

JORGE MORENOVALLADOLID
Azafatas esperan a los pasajeros en un vuelo de Spanair / El Norte/
Azafatas esperan a los pasajeros en un vuelo de Spanair / El Norte

Malos tiempos económicos por tierra y por aire. El Expediente de Regulación de Empleo (ERE) acordado con la compañía estatal Aena supondrá una reducción de la plantilla actual, integrada por 54 personas, del 35%, lo que conllevará la supresión de servicios tan básicos para el viajero como el de información. También se producirá el descenso de trabajadores encargados del mantenimiento o la seguridad.

Pese a que esta cifra proporcionalmente es una de las más altas, si se compara con las de otros aeropuertos españoles, es un recorte sensiblemente inferior al que se plantea para los otros tres aeródromos que operan en Castilla y León: Matacán (Salamanca), Virgen del Camino (León) y Villafría (Burgos), donde la propuesta que ha sido pactada con los sindicatos alcanza porcentajes que en algún caso superan el 50%. En el primero se pasará de 20 a 12 trabajadores; en el segundo, de 32 a 14, y en el de Burgos, de 14 a la mitad.

El acuerdo nacional con la empresa que preside José Manuel Vargas contempla la desaparición de 19 empleos en Valladolid. Entre ellos estarían parte de los bomberos, del personal de mantenimiento de la central eléctrica, o de la oficina de información, cuya plantilla actual de cinco personas se suprimirá al completo. También desaparecerá el personal técnico que guía a los aviones que aterrizan o salen de las pistas. De este modo, las 35 personas que se quedarán en Villanubla deberán hacer frente a los servicios básicos para cerca de 500.000 viajeros, en un horario de funcionamiento que también está previsto que se reduzca, aunque por el momento no ha sido comunicado. El actual es de 6:30 a 23:00 horas.

Para Álvaro Pollán, delegado sindical de Comisiones Obreras, «esta reducción se ha hecho mediante un acuerdo con el que se ha pretendido salvar el mayor número de puestos de trabajo, y con poca capacidad para negociar con la empresa», dice.

El recorte de personal del aeropuerto de Valladolid se produce después de la remodelación de las instalaciones para pasajeros, y de la colocación del Instrumental Landing System (ILS), un sistema de aterrizaje instrumental que emite señales radioeléctricas a los aviones para ayudarles a tomar tierra en épocas de baja visibilidad.

Los equipos de balizas se instalaron a comienzos del año 2007 con una inversión de unos 13 millones de euros, una cantidad que supone casi el doble de las pérdidas que registró Villanubla (7,6 antes de impuestos en el ejercicio del 2011). Para supervisar este sistema, se quedarán cuatro personas, cuando actualmente son nueve. «Estos equipos son complejos y se supervisan a pie de pista. Creemos que en este aspecto la seguridad aérea se verá afectada», dice Pollán.

El Plan de Viabilidad de Aena que presentó la ministra de Fomento, Ana Pastor, el pasado verano, persigue reducir las pérdidas en los aeropuertos españoles. Los 7,6 millones (antes de impuestos) de Valladolid, contrastan con los registrados en León (9,4 millones), los de Salamanca (6,4) o los de Burgos (6,7). Unas pérdidas que si se comparan con el número de pasajeros que salieron o llegaron en los cuatro aeropuertos consagran a las pistas vallisoletanas (con 462.477 viajeros frente a los 35.447 de Burgos) como la instalación de referencia regional. En los nueve primeros meses del 2012, Villanubla ha registrado 303.374 viajeros.

La cuenta de resultados del pasado año contabiliza unas pérdidas en los aeropuertos españoles con cifras dispares: desde los 135 millones de Barajas, hasta los 30,9 del Prat; 11 millones en el de Zaragoza; 9,7 en el de La Coruña, o 7,2 en el San Sebastián. Y, ¿quién no pierde? Pues el de Gran Canaria, que ganó 31,9 millones, el de Sevilla, 8,6, o el de Bilbao (2,4 millones positivos antes de impuestos).

Reforma laboral

El ERE de Aena, pactado con las direcciones nacionales de los sindicatos y que está pendiente de ser ratificado por los trabajadores, supone la aplicación de la reforma laboral a estos empleados públicos, ya que la propuesta de la empresa estatal conlleva una indemnización de 20 días por año trabajado, con excepciones para un grupo con edades de entre 55 y 64 años. A ellos se les subirían 8 días más si no encuentran otro empleo en los meses siguientes.

El plazo de salidas voluntario fijado en el ERE termina a finales del mes de diciembre. En el caso de que los afectados no aceptasen, se producirían traslados forzosos a otras instalaciones del país.

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