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Javier Carretero (APIC) y Carlos Polo (ASEAC) sellan un acuerdo para reivindicar a las administraciones mçás apoyo al sector de la construcción. / El Norte
La construcción pierde más de mil empleos en Segovia en el último año y medio
LABORAL

La construcción pierde más de mil empleos en Segovia en el último año y medio

La industria reivindica más inversiones públicas para contener la sangría de capital humano y económico

CÉSAR BLANCO

Martes, 31 de julio 2012, 00:03

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Javier Carretero tomó las riendas de la Asociación Provincial de Industriales de la Construcción (APIC) hace algo más de un año. En este tiempo el panorama no solo no ha mejorado, sino que el sector continúa en caída libre y lo peor es que no atisba donde puede estar el suelo. Nada más tomar el relevo de Tomás Rivilla al frente de la patronal del 'ladrillo', Carretero mantuvo una serie de contactos con los máximos responsables de las principales administraciones en la provincia. Desde esos primeros encuentros advirtió a las instituciones de la parálisis de la actividad, los problemas que la devoran y apeló a la ayuda institucional para poder salir a flote. «El barco está casi hundido», lamentaba por aquel entonces. Ahora todavía lo está más, se queja Javier Carretero.

El presidente de la APIC asegura que en el último año y medio el tejido industrial que conforman la empresas constructoras y las compañías auxiliares ha perdido en la provincia más de mil trabajadores. Solo pensar en la media diaria da vértigo. Cada jornada tres empleados han pasado a engrosar la bolsa del paro y el abismo al que se precipita la actividad es mayor. El intrusismo, sobre todo en las obras pequeñas y reformas, y la economía sumergida empujan cada vez a más empresas a ese precipicio de cierres y despidos. Si se enfoca el espejo retrovisor de la comparación hacia 2008 primer año de la crisis financiera, la reducción del capital humano asciende al 60%, señala la patronal segoviana.

A cinco años vista

Con un panorama tan poco halagüeño, Javier Carretero ha asistido con impotencia y rabia al «juego de niños» del tira y afloja político que se traen en las últimas semanas los grupos municipales socialista y popular sobre la modificación urbanística relativa a los sectores A y B, junto a la carretera de La Granja, donde la iniciativa privada proyecta construir más de 6.400 viviendas. Parece que al final esta contienda tiene visos de desbloquearse, a pesar de que el pleno municipal celebrado ayer no llegara a tratar el asunto planteado de urgencia por el Partido Popular.

Javier Carretero confía en que la próxima sesión concite el consenso del equipo de Gobierno y de la bancada de la oposición y espera que ambas formaciones den el visto bueno a este proyecto que será bienvenido por el sector provincial. En el mejor de los casos, fía la colocación de la primera piedra de estas viviendas a tres años vista para empezar a edificar en un lustro. Pero lo que realmente importa es que haya suelo para cuando los vientos soplen un poco más a favor del negocio del 'ladrillo'. Ya se sabe, primero hay sembrar para luego poder recoger.

Sin embargo, esa actuación concreta de la modificación urbanística para el desarrollo de los sectores A y B ha de ir arropada de un marco general que abrigue el respaldo que las administraciones públicas han de prestar a la maltrecha industria segoviana de la construcción. Así lo cree el presidente de la patronal, quien exige a las instituciones que «cumplan con las leyes de contratación».

Esta reivindicación contempla «la aplicación de unas reformas económicas, traducidas en inversión y construcción de nuevas infraestructuras», exige el presidente de asociación provincial.

Iniciativas y propuestas

La patronal APIC y la Asociación Segoviana de Empresas Auxiliares de la Construcción (ASEAC) representan de forma conjunta a medio millar de empresas y más de 3.000 trabajadores.

Los representantes de ambos colectivos trasladarán un documento a las administraciones públicas competentes para exigir el estudio y valoración de diferentes propuestas. Estas iniciativas se concretan en una mayor inversión en infraestructuras, el mantenimiento de los tipos impositivos del régimen general y tipo reducido correspondientes al IVA, la acreditación del pago al subcontratista y el fomento en los procesos de licitación de la utilización de la acreditación de la solvencia con medios externos, entre otras propuestas.

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