La Fiscalía General del Estado abre diligencias al alcalde de Valladolid por los áticos de la plaza Zorrilla

Una asociación denunció en Madrid irregularidades por la ejecución de las obras de rehabilitación

J. MORENOVALLADOLID
La Fiscalía General del Estado abre diligencias al alcalde de Valladolid por los áticos de la plaza Zorrilla

La Fiscalía de Sala de Medio Ambiente y Urbanismo, dependiente del fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha abierto diligencias penales para determinar la responsabilidad del alcalde de Valladolid, Javier León de la Riva, tras la denuncia presentada en Madrid por una asociación, que considera que podrían haberse producido presuntos delitos de urbanismo en relación con las obras del edificio de Caja Duero en la plaza de Zorrilla, esquina con calle Santiago.

Este inmueble, que está catalogado por el Plan General de Ordenación Urbana, fue rehabilitado por la constructora Edificasa 2000 S. A. después de que el Consistorio aprobase la licencia de obras el 16 de junio del 2000. La promotora sacó a la venta locales y viviendas, una de las cuales en la séptima planta fue adquirida por León de la Riva. En ese periodo, el regidor era vicepresidente de Caja Duero, entidad propietaria del inmueble.

La denuncia presentada hace alusión a todas las resoluciones dictadas por el Consistorio después de la sentencia que en abril del 2008 dictó el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León, que anulaba la licencia de obras y el decretos de Alcaldía que concedía las licencias de primera ocupación para el edificio que da a la calle Santiago 28, al portal número 3 de Plaza de Zorrilla y al 13 de María de Molina. Estas resoluciones municipales se aprobaron entre los meses de junio del 2000 y mayo del 2002.

El TSJ dio en 2008 la razón a la Federación de Vecinos que promovió la demanda, al considerar que se había aumentado la edificabilidad del edificio en la zona superior del inmueble y en donde existían unos trasteros (93 metros cuadrados) que se rehabilitaron para su uso como viviendas. De este modo se autorizaron unos sobreáticos a los que ya existían.

Además, los jueces consideraron que la rehabilitación hecha por la constructora no respetó en su integridad las fachadas exteriores, tal y como obliga el Plan Especial del Casco Histórico para estos edificios protegidos.

Ahora, la asociación denunciante considera que el Ayuntamiento podría haber infringido la ley respecto a la ejecución de todas las resoluciones ordenadas por el TSJ para ejecutar la sentencia del 2008. La oposición socialista calculó que la ejecución de esta sentencia suponía al Ayuntamiento de Valladolid más de 600.000 euros.

La Fiscalía de Medio Ambiente ha dado instrucciones para que estas diligencias sean investigadas desde la Fiscalía de Valladolid, y no sean trasladas a uno de los seis juzgados de Instrucción que hay en la capital. La ley otorga a los fiscales la posibilidad de abrir investigaciones penales y utilizar para ello el auxilio de la Policía Judicial.